Un triunfo de las mujeres que se organizan: Bogiovanni culpable

Luego de dos semanas del juicio, el jurado halló culpable al docente y catequista Juan Bongiovanni por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y abuso sexual” contra dos de sus ex alumnas cuando ellas eran menores de edad. En el juicio hubo 15 testimonios, incluyendo otras víctimas que no pueden denunciar por prescripción judicial. Cerca de 30 mujeres han manifestado ser víctimas una vez iniciado el juicio. Las víctimas contaron con el patrocinio de la fiscal Marina Lara, y los abogados Mónica Fernández Avello y César Sivo.

Quedó demostrado en el juicio que en todas las escuelas confesionales en las cuales Bongiovanni trabajó se valía de su lugar de docente/catequista y luego de guía espiritual de un voluntariado barrial “Aclaró” para captar, seleccionar y abusar sexualmente de sus víctimas luego de generar una absoluta confianza e intimidad. El primer abuso registrado tuvo lugar en el 2004 en el colegio católico San Francisco, cuando una madre fue a denunciar a Bongiovanni ante el sacerdote. En el juicio, se investigaron abusos cometidos entre 2010 y 2011. Su accionar no sería posible si las instituciones clericales que lo tenían como docente y participante, en lugar de apartarlo de su cargo, hubiesen realizado las denuncias judiciales que ameritaba la gravedad de las denuncias. Por su parte, Bongiovanni intimaba a sus alumnas a “preservar silencio”. En ese sentido es donde se ve la mano siniestra de la actuación que recomienda la Iglesia a través de su encíclica referida a “Crímenes de Solicitación”: guardar silencio, tribunales “especiales”, amedrentamiento de las víctimas por revelar lo ocurrido, traslados a los acusados de abusos.

El camino para juzgar y encarcelar al catequista se inició cuando varias ex alumnas se contactaron entre ellas, pudieron comenzar a narrar los episodios abusivos que habían atravesado y fue por ello que decidieron llevar el caso a la justicia en el 2019. Esta organización permitió sobrepasar el largo y tortuoso camino de la justicia ante los casos de abusos sexuales que, según estadísticas oficiales, son mayoritariamente descartados y que deben ser afrontados sin ninguna asistencia económica. Desde 2019, han tenido que declarar innumerable cantidad de veces y someterse a varias pericias psicológicas, contando solo con el apoyo y contención que ellas mismas pudieron establecer. El Ministerio de Género solo se reunió con las víctimas en las vísperas del juicio.

El 3 de junio del 2022 -#NiUnaMenos- las denunciantes dieron a conocer públicamente el caso. A partir de allí la causa tuvo un giro sustancial, pues se inició una campaña pública bajo la consigna “Justicia para todas” para contemplar a todas las mujeres que la justicia rechazó investigar. Las compañeras buscaron la solidaridad y el apoyo de organizaciones sociales y políticas de mujeres. Se elaboraron declaraciones, se hicieron reuniones con diferentes organizaciones, se planteó la causa en asambleas docentes, se recorrieron todos los medios locales. De esta manera se fue conquistando cada vez más adhesión al pedido de justicia. Así el siniestro accionar de Bongiovanni se colocó en la primera plana de la escena local y abrió una deliberación en todos los ámbitos sobre los abusos sexuales que envuelve a la Iglesia. Todas las sesiones del juicio contaron con una concentración de inicio a fin, y un centenar de personas se reunió durante el último día recibiendo la sentencia como un verdadero triunfo popular contra los abusos a menores amparados por el oscurantismo.

Mediante esta enorme lucha se sobrepasaron, además, todas las provocaciones y el hostigamiento lanzados contras las víctimas y testigos por haber “quebrado el silencio” –un pecado y atentado contra la sumisión que Iglesia y Estado preservan para las mujeres en su rol de “reproductoras” de la fuerza de trabajo del régimen capitalista. Bongiovanni fue defendido por ONGs clericales locales y nacionales que declaran luchar contra las “falsas denuncias de mujeres” arremetiendo contra un derecho por el cual luchan las mujeres ante cifras escalofriantes de femicidios y abusos sexuales. Buscaron desacreditar las denuncias apuntando contra la militancia política de una de las víctimas, integrante de Política Obrera, que en el transcurso del juicio recibió diversas amenazas de integrantes de esta campaña reaccionaria.

Es indudable que estamos ante una victoria de la organización independiente de las mujeres. La lucha debe continuar, en primer lugar, convocando a movilizar el día de la audiencia de sentencia, exigiendo la pena más alta estipulada para estos casos. La condena al abusador plantea avanzar con todas las responsabilidades institucionales. El fin del camino es un Estado que sostiene un lazo político vital con la Iglesia para someter a mujeres, niños, adolescentes. Un Estado que subsidia escuelas confesionales y permite el boicot a la implementación de la educación sexual integral. Un Estado que hambrea a la población, a las mujeres trabajadoras y garantiza al mismo tiempo abusos, violaciones y femicidios.