Tiempo de lectura: 5 minutos
La crisis y el vaciamiento de las obras sociales ponen en riesgo la atención sanitaria de los trabajadores. Dieciséis de ellas -entre las que se encuentran las de personal de prensa de Mendoza, Córdoba, azucareros del ingenio San Martín, de Ingenio la Esperanza, Panaderos, pasteleros y factureros de Entre Ríos, fábricas de pintura- han sido declaradas en crisis por la Superintendencia de Salud (El destape, 17/8).
Aunque no haya sido incluida formalmente en la lista, otro tanto sucede en la Ciudad de Buenos Aires con la obra social de los municipales (ObSBA), controlada por Sutecba y el gobierno de Larreta, que carga con una deuda de más de 4.000 millones de pesos. Se estudia la posibilidad de distribuir a los afiliados en otras obras sociales o prepagas.
La caja de la burocracia
Para este año, la CGT proyecta un déficit de 49.410 millones de pesos para las obras sociales. Lo atribuyen mayoritariamente a las prestaciones por discapacidad (rehabilitación, tratamientos, educación y transporte) que insumen actualmente el 50% del Fondo Solidario de Redistribución destinado a financiar los reintegros de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos (Infobae, 4/6).
Durante toda la pandemia la burocracia ha tenido cruces con el gobierno, ya que es éste quien transfiere los recursos de este fondo. El gobierno adeuda 4.700 millones de pesos de los 11.000 millones que prometió para gastos en educación y transporte en el rubro discapacidad del 2021. Representan un gasto de 8.000 millones por mes y para este año calculan 35.000 millones (Ámbito, 1/6). Las negociaciones con la ministra de salud Vizzoti por una reforma que financie con recursos de la Agencia Nacional de Discapacidad las prestaciones de educación y transporte no han prosperado y esta semana se reunirían con el nuevo “superministro” Massa.
La CGT, que reclama también el descuento del 15% de quienes derivan sus aportes de obra social para las prepagas o el financiamiento de las prestaciones del monotributo social por parte del Ministerio de Salud, ha obtenido una muy parcial respuesta del gobierno. El año pasado se emitió un decreto que prohibió por un año el traslado de los aportes de los trabajadores que comienzan una relación laboral de las obras sociales hacia las prepagas. Esto no significa una marcha atrás de la desregularización que permitió la CGT al menemismo -era su propio gobierno-, ni tampoco soluciona el problema, sino más bien patea la crisis hacia adelante.
La discusión por los fondos de las obras sociales es el corazón del problema, por eso los chispazos. Durante la pandemia, la vice CFK, y más recientemente Nicolas Kreplak han tomado el problema de la crisis de las obras sociales para poner en discusión una reforma estructural del sistema de salud en los términos de una “integración” del sistema público, privado y las obras sociales de los trabajadores. Parte de la burocracia sospecha la intención de parte de éstos de apoderarse de los recursos que sostienen sus aparatos gremiales, con los que controlan a las bases y sostienen su poder.
Un robo a la clase obrera
Pero dicha “integración” de los sistemas viene sucediendo en los hechos a través de la descentralización de la cobertura hacia prepagas o empresas privadas en las que se terceriza la atención, muchas de ellas creadas por clanes y facciones sindicales que controlan las obras sociales desde los sindicatos.
Es lo que denuncia el sector de la burocracia que disputa el control del gremio comercio a Cavalleri desde el 2018 y un sector del activismo de la tercerizadora Apresa, gerenciada por el actual director de Osecac Carlos Pérez. Algo similar denuncia Pablo Moyano de la empresa Iara, donde en este caso, la titular es la esposa de su padre Hugo Moyano.
Ésto, que ha significado la fusión y alianza empresarial de las direcciones burocráticas con las grandes patronales del sector privado de la salud, explica que Héctor Daer, titular de la CGT y ATSA (Sanidad), actúe como vocero del reclamo de las subas de las cuotas de las prepagas.
La raíz del problema se halla en la crisis económica y en la profundización de la precarización laboral capitalista, detonada al máximo con la pandemia, que ha contribuido a la caída de los aportes a la seguridad social y muchos trabajadores han emigrado a prepagas más económicas, sistemas de atención privados low fare (bajo costo) y ha hecho crecer fuertemente la demanda del sistema público ya colapsado de antemano.
El vaciamiento y desfalco de las obras sociales por parte de las burocracias en asociación con las patronales privadas y el estado ha promovido el cobro compulsivo de aranceles y copagos a los trabajadores. Es un proceso de liquidación de las obras sociales como sistema obrero solidario para la transferencia de recursos de los trabajadores a las arcas personales de clanes y familias de la burocracia sindical venidos en empresarios.
El plan de la “integración”
El reclamo principal de la burocracia, en el cual hay consenso con las patronales y los partidos políticos gobernantes, es el achique del Programa Mínimo Obligatorio (PMO) de prestaciones al usuario y su transformación en lo que llaman una canasta básica de servicios de Salud.
El PMO surgió en los 90 de puño y letra de los organismos mundiales para salvaguardar los intereses de las prepagas privadas frente a la caída del empleo formal y los salarios de la clase obrera. Al igual que con la crisis post 2001, donde el gobierno de Duhalde avanzó con un PMOE (de emergencia) de achique, la burocracia pide una nueva reforma de ajuste a la salud, con las patronales privadas en la tribuna.
El plan de achique del PMO ya está en marcha ininterrumpidamente con el derrumbe de las prestaciones, la falta de turnos, la huida de profesionales de cartillas médicas ante los bajísimos aranceles, etc. y tienen consecuencias profundas en la vida de la familia obrera.
Una respuesta obrera
El vaciamiento plantea la apertura de los libros económicos y financieros, la evaluación de las deudas y el desconocimiento de toda malversación y robo de recursos. La defensa de las obras sociales es indisociable de la lucha por la recuperación de los gremios hoy en manos de la burocracia sindical.
Por otra parte, los planes de salud de gobiernos y organismos mundiales, con la complicidad de burocracia sindical, obedecen en toda la regla a las relaciones impuestas por las patronales y el imperialismo, que gobiernan el negocio capitalista de la salud y no tienen nada para aportar al desarrollo de un plan de atención primaria la salud.
La solución de los problemas sanitarios está vinculada a la salud individual, el acceso a la vivienda, el aprovisionamiento de agua segura, el acceso gratuito a los servicios de salud y a los medicamentos, la planificación familiar, el aborto seguro, la salud materno infantil, la vejez, la salud mental, hasta la conservación del medio ambiente. Por lo que requiere una profunda movilización y deliberación social para una reorganización completa de la sociedad.
La huelga general por el aumento general de salarios que tenga como base, un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar para el conjunto de las y los trabajadores de la salud es la herramienta más potente para parar a los capitalistas, el estado y la burocracia sindical en este ataque a nuestra salud. La preparación de un congreso obrero para discutir un plan de salud nacional en perspectiva de una nueva agenda de prioridades, las prioridades de un gobierno obrero y socialista.
