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En Córdoba, en el Valle de Punilla, se ha desatado una persecución policial y judicial contra luchadores ambientalistas que no tiene precedentes. Se han producido detenciones en las comisarías de Cosquín, Carlos Paz y La Falda a instancias de la fiscal Kelm. Esto no asombra, ya que es el método aplicado en Andalgalá, Chubut, Mendoza y en todas las luchas que van surgiendo a partir de la devastación extractivista de los territorios. Esta vez tiene la particularidad de la “aproximación”: no importa si es militante, simpatizante o tan solo amigo de las causas ambientales. Llega la citación a tribunales y la judicialización, lo que demuestra que es una política de Estado, respaldada por una justicia abyecta.
No obstante, las Asambleas Ambientales se han consolidado y han surgido grupos de Vecinos Autoconvocados, Brigadas en Defensa del Yuspe (Río emblemático de Cosquín que aún no está contaminado y provee de agua a Cosquín, Santa María de Punilla, Bialet Massé y Córdoba Capital) Vecinos por el Agua, etc. que han presentados todos los reclamos legales correspondientes desde la Fiscalía de Cosquín has el Tribunal Supremo de Justicia de Córdoba, los cuales han sido ignorados sistemáticamente. El atropello extractivista, el ecocidio sistematizado, ha provocado continuas acciones de lucha a lo largo de todo el Valle de Punilla.
Cada manifestación contra la depredación ambiental progresivamente ha ido convocando más presencia policial, hasta llegar a la situación que atravesamos hoy los militantes ambientales. Los expropiados para la construcción de la Autovía de Punilla reciben llamados telefónicos intimidatorios permanentes de Caminos de la Sierras. En el caso de los que no acceden a la expropiación, han recibido una brutal golpiza por parte de la Policía de Córdoba, como es el caso de Franco Méndez.
Los obradores que pretenden instalar las empresas tienen guardia policial permanente y los caminos vecinales de todo el Valle están militarizados. Los servicios de inteligencia identifican a quienes se manifiesten en cualquier forma para citarlos e imputarlos o detenerlos. Aunque la jueza de Control y Faltas de Novena nominación, Celeste Ferreyra, exhortó a la Policía de la Provincia de Córdoba a que se abstenga de realizar “medidas que impliquen limitaciones o amenazas a la libertad ambulatoria” del colectivo conformado por los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, comunidades de pueblos originarios, pobladores de las localidades afectadas y abogados defensores de los Valles de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas, “que se manifiesten pacíficamente en favor del medio ambiente” (textual), la presión policial no cesa. Inmediatamente que se produjeran los procesamientos y detenciones se organizaron marchas y manifestaciones en todo Punilla como así también en otros valles y en Córdoba Capital. El 28 de agosto está convocada una nueva marcha en Cosquín coincidiendo con el aniversario de la Ciudad.
Los ambientalistas sabemos que el extractivismo es producto del sistema capitalista. Aún se debe transitar la experiencia de que un cambio de gobierno no soluciona el ecocidio y asociarlo a una lucha por un cambio de sistema.
