Por el camino de la devaluación y la hiper-inflación

Escribe Jorge Altamira

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IRSA, la mayor desarrolladora inmobiliaria de Argentina, acaba de ofrecer la versión privada de un blanqueo de capitales: está dispuesta a pagar un 30 % adicional por las compras o alquileres de propiedad que se efectúen por medio de los títulos en dólares de la deuda pública de Argentina. Reconocería un valor de 26 dólares por lámina, que en el mercado cotiza entre 19 y 20 dólares. ¿A qué obedece semejante generosidad? Eduardo Elsztain, su propietario, espera que la cotización de esa deuda suba aún más que el monto que él propone. La deuda fue emitida por el Estado a 100, que una renegociación posterior, debido a un default, redujo a 57 dólares a precio de mercado. La expectativa de que Argentina pague este valor a plazos mayores se fue reduciendo con el tiempo, ocasionando a los tenedores una pérdida mayor al 70 % en términos contables.

¿Qué le hace pensar a Elsztain que esta pendiente se podría revertir? La explicación está en los diarios: a partir del dólar-soja a $ 200, el gobierno nacional y popular ha iniciado una serie de devaluaciones del peso que debería arribar a una devaluación masiva sin restricciones. En las planillas de los círculos financieros, la desvalorización del peso oficial hasta la cotización de los dólares paralelos debiera llevar a una revalorización de la deuda nominada en dólares. Las acciones de Elsztain hablan más que el palabrerío de Massa y Pesce. Hace dos domingos, Clarín caracterizaba que “Massa desempolva la agenda de Macri y en JxC miran expectantes”. No hacen falta encuentros ni palabras para iniciar un ‘diálogo’ –alcanza con la comunidad de intereses sociales-.

IRSA no se mueve sola. Un merodeador frecuente de los estudios de TV, en especial los que funcionan como unidades básicas, respalda esta perspectiva. Antonio Aracre, el mandamás de Syngenta, la semillera que integra el círculo rojo del capital agrofinanciero, acaba de tuitear que es necesario “un plan de shock para estabilizar la economía”. Aracre, un compañero de andanzas de Martín Guzmán, el ex ministro de Economía que fue eyectado por una corrida cambiaria, había sostenido hasta ahora lo contrario: la necesidad de alcanzar “el equilibrio macroeconómico”. Defensor de la “multicausalidad” de la inflación, se mostraba lejos del simplismo de la terapia de shock. Maliciosamente, La Nación lo muestra en el tuit en compañía de Pablo Carrera Mayer y de Lisandro Cleri, director y vicepresidente, respectivamente, del Banco Central –dos notorios massistas-. Para completar el escenario, Ilán Goldfarb, ex presidente del Banco Central de Brasil, y director encargado de América Latina en el FMI, resumió las conclusiones del periplo de Massa en USA con la afirmación de que hay que terminar con “la brecha cambiaria”. Ni devaluación en cuotas ni desdoblamiento cambiario –devaluación y mercado único-.

Es que el ‘plan Massa’ es lo más parecido a la piromanía sojera en el Delta, el norte de Santa Fe, Córdoba y el norte de Salta. El dólar-soja no es más que una puerta giratoria: lo que entra por la venta apresurada del grano ha salido por los mercados financieros paralelos, donde el dólar ha vuelto a cotizar a $ 300. Ha provocado una emisión de 400 mil millones de pesos, equivalente al 10 % de la base monetaria y al 0,8 % del PBI. Lo que compró a las cerealeras a 200, lo vendió a importadores a 140, e incluso también a compañías con derecho a remitir utilidades al exterior, a pesar del ‘cepo’ vigente. La operación ha sido, además de una estafa, un monumental fracaso, porque ha almacenado reservas por menos de 3.000 millones de dólares, cuando tiene vencimientos de deuda que cuadruplican ese monto hasta diciembre.

De aquí surge el frenético interés por blanquear dinero que se encuentra en el exterior: la Cámara de la Industria bonaerense ha reclamado que se aplique hasta para pagar importaciones. El procedimiento convierte al Estado en el financista del comercio exterior, en un régimen de pago al contado. Una distorsión incluso más absurda es plantear un desdoblamiento bizarro del mercado cambiario, que no se ha aplicado en ningún lado. En lugar del desdoblamiento tradicional en mercado comercial, por un lado, y financiero, por el otro, en este último entraría un sector exportador (agro, automotriz, tecnología) que recibiría un dólar especial del Estado. La cotización diferenciada del peso se convertiría en regla. Encima de este esquema se montaría un sistema de retención en beneficio del Tesoro, con el declarado propósito de reducir o eliminar el déficit fiscal. Los trabajadores y aquellos sectores de la economía que no recibirían estos privilegios asumirían la carga de una gigantesca redistribución negativa de ingresos, impulsada por el gobierno que se ufana de lo contrario. Mientras el apuro por obtener dólares parió el dólar-soja, sin la justificación de ninguna urgencia el gobierno ha incrementado el subsidio a las gasíferas, que no podrán exportar gas, sin embargo, hasta 2028. La construcción del gasoducto NK es financiada totalmente por el Tesoro, por medio de pagos adelantados.

Un punto nuclear, que las compañías norteamericanas que operan en Argentina le plantearon a Massa en Nueva York, fue levantar el cepo a la transferencia de utilidades e intereses al exterior –una suma de entre 8 y 12.000 millones de dólares. Si este dinero transita por el CCL, el mercado paralelo del dólar, las consecuencias sobre la cotización del peso opacarían a la corrida bancaria de julio. Un diario financiero advirtió la posibilidad de un default privado, para evitar el costo elevado que implicarían esas transferencias. Una declaración de cesación de pagos desataría litigios judiciales en el exterior. La suba brutal de la tasa de interés, que aumenta enormemente la deuda del Central y del Tesoro, tiene por principal objetivo encarecer la especulación con el dólar-futuro, que es una apuesta a la devaluación que implica una financiación.

El movimiento obrero y el conjunto los movimientos sociales y reivindicativos deberían poner en la agenda la cuestión de la hiperinflación, porque ella supone métodos de acción y perspectivas políticas muy diferentes a las que impone la burocracia de los sindicatos, y no solamente ellos.