Presupuesto: el acuerdo del FdT y JxC para redistribuir ingresos a favor del capital

Escribe Federico Fernández

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La aprobación del Presupuesto 2023 volverá a juntar al kirchnerismo y al macrismo, como ocurriera con la refinanciación de la deuda con el FMI. El dibujo será diseñado con la activa partición de JxC, que reclamó varias modificaciones a la propuesta del oficialismo. Votaría, por ejemplo, que el balance entre recursos y gastos se calcule en base a una inflación del 60% anual – la mitad de la real, pero acompañada por una cláusula gatillo, que obligue al gobierno a enviar una modificación de las partidas si supera ese porcentaje. Mientras la inflación se comportará de acuerdo a lo que dicte la realidad, los gastos habrán de atenerse a lo dictado en las planillas del Presupuesto. Esto no es ya un ´ajuste´, sino una verdadera poda.

La gestión de Massa se ha convertido en un andarivel entre el terminado gobierno de los Fernández y el que aspira a concretar el macri-radicalismo. Ese Presupuesto intermedio será la ocasión de un nuevo ajuste, porque el gobierno deberá negociar con JxC la mayor recaudación que ocasionará una tasa de inflación que duplicará a la actual. El ojo estará puesto en asegurar el pago de intereses, tanto de la deuda extranjera como local, que en 2023 será abultadísima, en especial para asegurar que los acreedores acepten nuevos refinanciamientos de deuda pública. Al votar el Presupuesto 2023 con el oficialismo, los macristas aceptan continuar con el saqueo del Fondo de Garantía de Anses y con el aumento de la deuda del Banco Central con los bancos locales, que es de 10 billones de pesos y rinde intereses mensuales que superan los 500 mil millones de pesos.

El proyecto de Presupuesto contempla fuertes reducciones en los subsidios para la energía y también en los transportes, o sea un tarifazo. El gran ajuste. En el caso de la energía, se prevé una reducción de los subsidios del 2,2 al 1,6% del PBI – unos 2.400 millones de dólares. También prevé la subvención a la producción de petróleo y gas, que paga el Tesoro. La previsión de un nuevo “superávit récord” en materia de intercambio comercial luce desmedida, frente a la suba intempestiva del dólar y la caída que se espera en el precio de materias primas agrícolas.

Para diciembre del 2023 el Presupuesto prevé un dólar oficial a $269, es decir una devaluación de alrededor del 90%, lo cual es incoherente con la inflación prevista del 60 por ciento. Al mismo tiempo pronostica un aumento del PBI del 2%, por encima de las estimaciones privadas del 0,5%. En todos los casos se trata de una enorme desaceleración en relación al actual 3,5 %. La política del FMI es la estanflación – una recesión combinada con devaluación y alta la inflación. El impuesto al salario continúa su labor confiscatoria. La facultad del Ejecutivo para actualizar el piso salarial en función de una tasa de inflación del 60% corre por detrás del mínimo no imponible, agregando una mayor franja de trabajadores alcanzados por el tributo. Ningún sindicato ha planteado que este impuesto lo paguen las patronales si su piso no es modificado.

“Menú sorpresivo”

Un apartado del Presupuesto aborda la “revisión de exenciones impositivas”, pero no habla de abolirlas. Algunos estiman el costo fiscal de este beneficio a las patronales en el 2.5% del PBI, o sea 12 mil millones de dólares – la última exención favorece a las automotrices que no pagarán IVA si logran dibujar en sus balances “nuevas inversiones”. En este caso, el consumidor transfiere ingresos a las empresas, y no por poca plata. El rubro incluye a beneficios de las llamadas “zonas de protección económica” y otras industrias favorecidas por la eliminación de todos los impuestos. El propio gobierno discute un enésimo proyecto de blanqueo, lo cual no significa ingreso de divisas sino ´sinceramiento´ de dinero ilegal. En un acuerdo no escrito, el FdT y JxC ya han asumido el otorgamiento de un dólar especial a la minería.

En la presentación del proyecto ante diputados y senadores, Massa anunció la licitación del espectro 5G, con la que espera recaudar USD 1.400 millones. Es un punto fundamental en el alineamiento del gobierno con los Estados Unidos, empeñado en una dura disputa con China (Huawei) por el control de una tecnología fundamental, sobre todo, en el aspecto bélico.

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