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Con la ola de renuncias de ministros, Juan Zabaleta saltó también del barco. El momento no era el mejor: el (ahora ex) Ministro de Desarrollo Social viene de prometer una resolución a los reclamos de mercadería y herramientas de la Unidad Piquetera, a partir de lo cual logró que levantaran las medidas de protesta anunciadas para la semana pasada; la cuestión del bono de indigencia que reclama un sector del gobierno aún no ha sido resuelta y amenaza con una nueva crisis con los sectores ligados a Grabois; las “auditorías” sobre las organizaciones sociales se encuentran empantanadas; los índices de indigencia han subido según los últimos datos del INDEC y la vicepresidenta acaba de reclamar por Twitter una “intervención más precisa” sobre este sector social. El recambio de ministro se hace en medio de una tendencia creciente de las tensiones tanto de los reclamos sociales como de las crisis internas del gobierno.
Balance
Zabaleta asumió la cartera de Desarrollo Social hace 13 meses. El agotamiento de la política de Daniel Arroyo, su predecesor, se manifestaba en el crecimiento de las organizaciones sociales y sus manifestaciones cada vez más masivas. En aquel momento, escribimos en Política Obrera que “el golpe de gracia a su política lo dio el acampe piquetero del 8 de julio, que arrancó un compromiso firmado a los funcionarios. Incluso fue recogido por los diferentes medios y portales, que a partir de ese momento Arroyo empezó a discutir su salida” (“La llegada de Zabaleta a Desarrollo Social”, Política Obrera, 2/8/21).
El cambio de ministro fue parte de un cambio de rumbo más general, acorde a las necesidades del ajuste para el pago al FMI. En el mismo mes en que asume Zabaleta, se produce un recrudecimiento de la política represiva del gobierno (contra trabajadores de EMA/Edesur, las movilizaciones docentes de Salta, la represión Tupac Amaru en el Puente Pueyrredón, etcétera). A esto le siguió una campaña macartista contra las organizaciones sociales, con una acusación del fiscal Marijuán por “extorsión”. Luego vinieron las represiones en Jujuy, en Córdoba y los allanamientos y detenciones a las organizaciones sociales en varios puntos del país.
Con la llegada de Zabaleta, el gobierno pegó un giro en su política social, que consistía en hacer concesiones a cuentagotas a los reclamos de los desocupados. El nuevo ministro desconoció todos los compromisos asumidos por su predecesor a raíz del masivo acampe en la 9 de Julio y dejó sin ingresar a los nuevos cupos a miles de desocupados que ya habían sido aprobados por el ministerio. En reuniones con las organizaciones sociales, el ministro manifestó que no se realizarían más ingresos al Potenciar Trabajo y que su objetivo era eliminar los planes sociales.
En remplazo de los planes sociales, el gobierno intentó dar impulso a la llamada “economía popular” y a los planes de “empalme”. Ambos planteos tenían el objetivo de utilizar a los compañeros que cobran un plan social como mano de obra precarizada. A partir de entonces, se presentaron numerosos proyectos en el Congreso por parte de diputados oficialistas y opositores, a la vez que decretos presidenciales, y se realizaron distintos “encuentros” con sectores empresariales y la burocracia sindical para anunciar los 'empalmes'. La propia crisis económica se encargó de sepultar todos estos proyectos.
Durante la gestión de Zabaleta al frente de la cartera de Desarrollo Social, las organizaciones sociales realizaron numerosas manifestaciones y acampes, y una Marcha Federal que culminó con un acto de Plaza de Mayo. Entre medio, Grabois y otros dirigentes coquetearon con un apoyo a las protestas, para soltarles la mano enseguida y pelear mejor su propio lugar dentro del Frente de Todos. Zabaleta recibió a la Unidad Piquetera unas 14 veces durante su gestión, con repetidos cuartos intermedios con el fin de dilatar una resolución a los conflictos. Paralelamente, el ministro llevaba adelante una política de desgaste, interrumpiendo las entregas de mercadería y manteniendo los cupos cerrados. Ante la falta de respuestas, en los últimos meses algunas protestas fueron redireccionadas al Ministerio de Economía, con el fin de ser recibidos, primero por Batakis, luego por Massa. Ninguno de los dos recibió a las organizaciones sociales.
Regreso a los pagos y crisis
Zabaleta se va de Desarrollo Social sin haber arribado a una solución a los conflictos sociales en un contexto de inflación descontrolada y crecimiento de la indigencia. La situación tiende a agravarse con la discusión del Presupuesto 2023, que conlleva un aumento del gasto público muy por debajo de la inflación; es decir, un mayor ajuste. Esto amenaza con nuevos enfrentamientos con las organizaciones piqueteras e incluso una nueva crisis con los movimientos sociales oficialistas, los cuales han deslizado la posibilidad de votar en contra del proyecto.
Esto se suma al descontento del grupo que lidera Juan Grabois frente a las dilaciones con el prometido bono de indigencia. El mentado bono encuentra resistencia en otro de los movimientos sociales, el que dirige Emilio Pérsico, quien aseguró que “La salida no es un bono, eso genera inflación”. El expiquetero afirmó que “cuando los compañeros vayan al supermercado [con el bono], se van a encontrar con 200 % de aumento”.
El regreso a Hurlingam abre otro frente de batalla entre el 'albertista' Zabaleta y La Cámpora. Los enfrentamientos entre ambos cobraron notoriedad con el cierre de listas del año pasado por la boleta de concejales, que con lo justo lograron evitar ir a internas. Con el ofrecimiento del Ministerio de Desarrollo Social, Zabaleta se resistió a dejar el distrito en manos de las huestes de CFK. Finalmente, la intendencia fue asumida por Damián Selci, hombre del kirchnerismo. Los medios afirman que, durante este periodo, La Cámpora desplazó a todos los funcionarios que eran leales a Zabaleta para colocar en su lugar hombres de su propio riñón. Describiendo una suerte de golpe de Estado municipal, La Nación afirma que “le cambiaron hasta el logo al municipio”. La disputa en Hurlingam es sólo una de las tantas que el kirchnerismo mantiene con las otras alas del PJ en la provincia de Buenos Aires y que se proyectan para las elecciones del próximo año.
Al igual que sus predecesores, Zabaleta no sale del Ministerio de Desarrollo Social rodeado de laureles. Luego de 13 meses en un cargo de gran exposición pública nacional, la vuelta a Hurlingam refleja un fracaso de su política. Es el destino frecuente de los ministros de Desarrollo Social. Daniel Arroyo abandonó el cargo para ir en el puesto número 10 de la lista de diputados del Frente de Todos. Su predecesora durante el gobierno de Macri, Carlonia Stanley, ha desaparecido del mapa político. Ahora le tocará el turno a otra 'albertista', Tolosa Paz, que no promete tener mejor suerte en medio de un ascenso de las luchas obreras.
