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Una mujer de 36 años se encuentra privada de su libertad cumpliendo prisión preventiva luego de ser imputada como autora de dos homicidios doblemente calificados luego de que se hallaran dos fetos abortados en las inmediaciones de su domicilio.
El hecho ocurrió en una localidad llamada Cañada de Gómez, dependiente del departamento Iriondo. La causa es llevada adelante por una fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Gabriela Lescano.
El aborto y el homicidio son dos hechos totalmente distintos y por lo tanto regulados de distinta manera en nuestra legislación. En el mismo legajo judicial se constata una situación de extrema vulnerabilidad de la imputada, madre de 5 hijos, carece de recursos para su vida diaria y al mismo tiempo sufre adicciones. Las consecuencias del aborto le generaron una infección por la cual acudió al hospital público. Los médicos informan que se encontraba en estado puerperal.
El Estado está descargando su aparato punitivo sobre una desocupada que padece las gravosas consecuencias de una situación social insoportable, esgrimiendo contra ella una aberración jurídica que no tiene ni pies ni cabeza.
En palabras de la fiscalía le atribuye al haberse excedido de las semanas que garantiza la ley de interrupción voluntaria del embarazo, cuyo límite es la 14. Pero el examen médico no ha brindado ninguna certeza sobre el tiempo que estuvo embarazada, sujeto todavía a “investigación”. Sin embargo, el juez dictó una prisión preventiva de 45 días contra la mujer. ¿De qué riesgo de fuga o de entorpecer “prueba en su contra” están hablando?
Esta intentona se enmarca en la serie de amparos y demás planteos que han querido retrotraer la situación previa a la sanción de la ley de intervención voluntaria del embarazo desde distintos lugares del país. De parte del ejecutivo provincial de Perotti no se conoce una sola crítica a este aberrante accionar.
En vísperas del 25 de noviembre exigimos la inmediata libertad de D.T. -las siglas con las que ha sido conocida- quien urgentemente requiere ser asistida. Asimismo, reclamamos la remoción de los responsables de este agravio al movimiento de mujeres, orquestado desde el mismo Estado que reproduce la miseria social y la pobreza extrema.
