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El pasado 29 de octubre, el presidente de la legislatura Oscar González, al frente de su automóvil, acabó con la vida de Alejandra Bengoa (de 56 años) y dejó en grave estado de salud a dos menores de edad.
El diputado oficialista provocó el siniestro al intentar adelantar un vehículo en una curva con doble línea amarilla, cerca del paraje Niña Paula, una de las zonas más peligrosas de Altas Cumbres, donde es absolutamente impensado intentar una maniobra de estas características. Se descubrió, además, que el BMW X1 que conducía era un auto “mellizo” (con patente duplicada). Impactó de frente con el Renault Sandero de Alejandra, quien lamentablemente murió a los pocos minutos de ser internada en el Hospital Regional “Dr. Luis María Bellodi” de Mina Clavero. González sufrió apenas unos rasguños.
Este no es el primer crimen vial de Oscar González: el pasado 9 de septiembre, atropelló a una mujer que salía de su trabajo, dejándola inconsciente. Fueron tantas las infracciones del legislador que ya no podía sacar un registro en la ciudad de Córdoba ni en Villa Dolores, de donde es oriundo. Debio recurrir a un municipio que no estuviera adherido al registro nacional de infracciones.
El asesinato de la docente Bengoa es la consecuencia de un político que se cree inimputable por su cargo. Mano derecha de Schiaretti en la Unicameral, jueces y fiscales hacen la vista gorda; quieren contentarnos con la renuncia de Oscar a sus cargos políticos, como si este tirón de oreja fuera castigo suficiente.
El “homicidio culposo” que se le imputa a Oscar González es equivalente a atribuirle una especie de “accidente”, como si no hubiera podido representarse que una maniobra temeraria podía terminar con la muerte de otra persona.
Se sienten impunes. Prueba de esto son las repugnantes declaraciones de Cristina Vidal, pareja de Oscar González y dirigente del UPC en Villa Dolores, quien declaró “Ayer Dios lo eligió a él con vida”.
No a la impunidad.
