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En las últimas horas la jueza Susana La Riva condenó a dos de los ocho acusados, tres civiles y cinco policías, por incumplimiento de sus deberes en la causa vinculada al asesinato del joven estudiante y violinista de 17 años Ángel Almada, ocurrido el 5 de marzo de 2016. Ángel fue arrojado de un puente en la localidad de Ingeniero White de Bahía Blanca. Los condenados son el comisario Andrés Mansilla y el oficial de policía Marcelo De La Rosa por el entorpecimiento de la investigación. Los autores del crimen no han sido identificados hasta el momento.
Fueron absueltos los policías Gustavo Cevallos, Claudia Olivera y Lidia Ayala, al igual que el exdelegado municipal Marcelo Acosta, quien estaba acusado del delito de "usurpación de autoridad, títulos y honores en Bahía Blanca". Esta carátula se estableció porque durante las primeras horas de la investigación -momento clave para determinar los hechos- el funcionario no dio aviso al fiscal de turno. En cambio, buscó personalmente a menores de edad para que declararan que Ángel se había suicidado y sentado en la butaca de los patrulleros. Según otros testimonios, la hija del delegado fue una de las últimas personas que vio a Ángel con vida.
Desde un primer momento la Policía intentó desviar la investigación hacia la teoría del suicidio, finalmente desbaratada por una pericia y, más importante aún, combatida por la familia de Ángel desde un primer momento. Recién en noviembre de 2017 a partir de la reconstrucción del hecho y otras medidas técnicas se pudo determinar que Ángel estaba inconsciente al momento de caer del puente. Esta hipótesis sufrió otro golpe con la condena en 2021 a una mujer por falso testimonio: la justicia pudo determinar que Cintia Serdeiro mintió en su declaración –inicialmente había dicho que Ángel le cambió su celular por dos cervezas.
Las investigaciones confirmaron que existió “un notorio direccionamiento de los testigos que prestaron declaración en la seccional de Ingeniero White con la intención de lograr el rápido cierre de la investigación con una hipótesis de suicidio”. Luego del fallo de la jueza González La Riva, con una condena parcial a los acusados, el abogado de la familia de Almada, Leandro Aparicio, habló de “sabor a poco” y anunció que la familia va a apelar la sentencia. La madre de Ángel aseguró que “no es lo que veníamos a buscar”, pero rescató que haya una condena a dos policías. Los acusados podrán apelar manteniéndose en funciones. La familia ha llevado una tenaz lucha por justicia que debemos reforzar, hacia lograr el juicio contra los responsables de su asesinato. Está claro que la lentitud en los avances de la investigación opera al servicio de garantizar la impunidad hacía policías y funcionarios municipales para defender su coto de poder y acción represiva en las barriadas populares. Impulsemos una movilización popular para enfrentar la impunidad. ¡Justicia por Ángel Almada!
