Perú: el interior del país se subleva contra la destitución de Castillo

Perú añadió un nuevo concepto al diccionario de la política. La improvisada disolución del Congreso por medio de un decreto del expresidente Castillo no alcanzó ni de lejos la categoría de golpe de Estado. Fue otra cosa –el zambullido en una pileta vacía, que lo condujo, sin esperar a las reacciones adversas, a buscar asilo en las embajadas de México o Argentina, adonde tampoco llegó a tiempo. Bien mirado, el golpe de Estado lo protagonizó el parlamento, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía. Castillo se salió de las casillas cuando creyó advertir, equivocadamente, que la Unicameral había reunido los votos necesarios para destituirlo. El intento había fracasado en repetidas ocasiones, en año y medio. El cargo contra Castillo era la “incapacidad moral permanente”, algo que no figura en ningún código penal o constitucional. Los parlamentarios se habían convertido en “policía moral” a partir de la Constitución de Alberto Fujimori, aunque la hija de éste, Keiko, Jefa de Fuerza Popular podría acabar en prisión por varias décadas, por una corrupción gigantesca.

Castillo ganó el gobierno con la consigna de Perú Libre - poner fin al “país rico con un pueblo pobre”. Esto le ganó la enemistad a muerte del gran capital minero y los bancos, que se llevan una abusiva parte del ingreso nacional. La Constitución vigente, de Fujimori –un calco relativo de la de Pinochet, ha constituido la garantía jurídica de los pulpos. Castillo planteó la convocatoria de una Constituyente. El parlamento se atrincheró contra esta alternativa. Desde esta óptica de conjunto, lo ocurrido el miércoles 7 en Perú no es otra cosa que un golpe de Estado de los pulpos mineros y los bancos contra el ahora expresidente Castillo. Castillo nunca hizo nada por llevar adelante su programa, ni desarrolló movilizaciones a favor de la Constituyente.

Levantamiento

La crisis política peruana desató jornadas movilizaciones ininterrumpidas que crecen en intensidad. Luego de que un estudiante de 15 años fuera asesinado por la Policía Nacional en Andahuaylas, sus compañeros tomaron la escuela y la población ocupó la comisaría y retuvo al comisario durante varias horas. Las protestas en todo el país abarcan, además de tomas de comisarías y escuelas en distintas regiones, más de 30 cortes de rutas (incluyendo la carretera binacional), movilizaciones en más de 10 ciudades, tomas de universidades, ocupación de algunas empresas, toma de aeropuertos, quema de ministerios y ataques a pedradas a diversos establecimientos públicos, como el de la Corte Suprema de Justicia y la sede de la fiscalía en Lima. Hubo un intento de tomar la estación de energía eléctrica de Friaspata, en Huancavelica, así como otros numerosos establecimientos públicos y privados. Gremios campesinos y docentes convocaron a una huelga general por tiempo indeterminado. La demanda que gana fuerza es la de adelantamiento de las elecciones generales, cierre del Congreso y nueva Constitución.

El gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón, comunicó que “hay protestas en Andahuaylas, Chincheros, Abancay, Cotabambas. No hay tránsito en la región. Solo circulan ambulancias. Hemos suspendido las labores escolares y actividades públicas”. Al menos seis regiones del país han suspendido también las clases. Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transportes Terrestres, aseguró que debido a los numerosos cortes de ruta “prácticamente Lima está sitiada”.

El domingo 11 fue convocada de emergencia una sesión del Consejo de Ministros en horas de la noche. Luego de la sesión se resolvió declarar el estado de emergencia frente al crecimiento de las protestas. Hubo grandes enfrentamientos con la policía en varios puntos de Apurímac, Andahuaylas, Huancabamba y Chincheros. La represión ha dejado ya varios muertos, algunos menores de edad, que no han hecho más que acicatear las manifestaciones. Los medios informan más de 100 policías heridos.

En sus consignas, las movilizaciones reflejan la fractura del bloque político que sostuvo inicialmente a la presidencia de Castillo. Guido Bellido, el ex jefe de gabinete de Castillo, destituido a fines de 2021 por presión del Congreso, llamó a un “frente nacional por la libertad de Castillo”. La centroizquierdista Verónika Mendoza, filo kirchnerista, se alineó con el golpe parlamentario. Mendoza ve en el golpe contra Castillo una oportunidad para reclamar, junto a “que se vaya Castillo, que se vayan todos”.

El epicentro de las protestas se encuentra en las zonas rurales, pero se va expandiendo a las ciudades. “La más reciente crisis presidencial ocurre en momentos en que los Andes y sus miles de pequeñas granjas atraviesan dificultades para sobrevivir a la peor sequía en medio siglo. El país también sufre una quinta ola de infecciones de COVID-19” (Los Ángeles Times, 12/12/22).

Crisis política

Frente a la creciente movilización popular, Boluarte lanzó la propuesta, consensuada con el Congreso, de adelantar las elecciones presidenciales para abril de 2023. Una masa mayoritaria reclama la disolución del Congreso destituyente del fujimorismo y la gran minería. El nuevo gobierno enfrenta una primera crisis política en torno del alcance de su mandato. La nueva presidenta carece de fuerza política propia e incluso es vista con “desconfianza” por el capital minero. Las fuerzas políticas, sin embargo, no logran llegar a un acuerdo de salida en el Congreso.

En el cuadro de guerra en Europa y en vísperas de crisis financieras catastróficas, Perú ocupa un lugar excepcional. Como productor principal de cobre, oro, litio y otros minerales estratégicos, es el punto de partida de una variedad de cadenas de internacionales de producción, incluida las de armamento. Allí operan AngloAmerican, Glencore, mineras de China; la peruana Hoschild tiene el 80% de las transacciones de oro en el mercado londinense. El Financial Times clasifica a Perú como “riesgo geo-político” (22/11/21). El Perú de la riqueza minera fabulosa es, de acuerdo a un informe de la ONU, el país “con la tasa más alta de inseguridad alimentaria”. Esta es la verdadera descripción de lo que el cipayaje internacional caracteriza como una nación estable, en crecimiento y democrática.

La crisis de dominación política en América Latina está llegando a un ápice. El derrumbe político-judicial en Argentina está acompañado por renovados ataques golpistas en Brasil. El derrumbe peruano no ha dado lugar a situaciones revolucionarias o prerrevolucionarias, pero se encuentran en la agenda de la crisis política internacional y de la guerra.

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