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Los diputados peruanos lograron aprobar este martes el proyecto de adelantamiento de las elecciones, para abril de 2024. Serán para presidente y para congresales. El tribunal electoral no puede, sin embargo, proceder a su organización, porque la convocatoria está sujeta a una serie de reformas políticas de características imprecisas. Esta salida es un cheque en blanco, que no cuenta aún con garantías de validez. Muchos interpretan que es una echada de lastre ante la presión popular, porque admite una renovación temprana del Congreso. Pedro Castillo, mientras tanto, seguirá en prisión preventiva por 18 meses. Lo resuelto no es lo que reclama la calle y en especial las regiones andinas: la liberación de Castillo y la restauración de sus derechos políticos; elecciones de inmediato y una Asamblea Constituyente. Planteada, en un inicio, para llevar a cabo la nacionalización de las minas o, en todo caso, la aplicación de una mayor carga impositiva, luego se desbarrancó hacia una reforma insitucional, con el propósito de quitar al Congreso la facilidad para derribar ministros, gabinetes y gobiernos. La crisis política ha sido atizada por el enorme empobrecimiento social. “Perú fue uno de los países del mundo más afectados por la pandemia: la pobreza subió unos 10 puntos porcentuales” (NewYorkTimes, 09/12).
La distante convocatoria electoral se produce en medio grandes protestas, puebladas y declaración del toque de queda en 15 provincias. La suspensión de los derechos constitucionales está a cargo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El jueves pasado, primer día del toque de queda, hubo ocho asesinados por parte de las fuerzas policiales en la región de Ayacucho. La cantidad de muertos ya superan los 30 y hay más de 600 heridos. Los precarios servicios de salud colapsaron en las regiones más afectadas por la represión. Según las autoridades de salud, “el 90 por ciento de los fallecidos y heridos en Ayacucho son por impactos de bala, el otro 10 por ciento por contusiones. Un dato que revela que las fuerzas de seguridad dispararon con armas de fuego” (La Voz de Cataratas, 18/12). Los asesinatos policiales no hicieron más que multiplicar las protestas, que arremetieron contra las comisarías y fiscalías.
Boluarte no reúne condiciones de gobierno; ya renunciaron dos ministros y ella tuvo que despedir al Jefe de Gabinete. Estados Unidos fue uno de las primeros en reconocer a Boluarte como jefa de Estado; la embajadora norteamericana en Lima estuvo muy activa en acelerar los trámites para suplantar a Castillo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió “a los diferentes actores políticos de Perú que multipliquen sus esfuerzos para hacer 'las reformas necesarias' con el objetivo último de salvaguardar la estabilidad democrática del país” . Como acaba de ocurrir en Chile hace un par de días, la ‘asamblea constituyente’ será asumida por el Parlamento para votar las leyes que condicionen aun más los procesos electorales. La Casa Blanca desató el nudo que amenazaba con ahogar el gobierno de Boluarte, empantanado por la negativa de los parlamentarios a acortar su propio mandato legislativo.
El proyecto aprobado, de todas maneras, fue menos que nada. El objetivo de Boluarte de que el adelantamiento de las elecciones se realice para el próximo año no prosperó. Con 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención, se aprobó el recorte del mandato hasta julio del 2024, algo que algunos medios calificaron como una “eternidad peligrosa”. Resta todavía que la resolución sea ratificada en una segunda votación que tendrá lugar en febrero próximo. No obstante, un sector de lo que los medios llaman la 'ultraderecha' votó en contra del adelantamiento electoral.
La Asamblea de Gobiernos Regionales, que agrupa a los gobernadores electos, en un comunicado, limitaron el adelantamiento electoral al cargo de presidente, una vez producidas las “reformas políticas necesarias”.
Los sectores de la centroizquierda parlamentaria peruana tuvieron votaciones divididas. Perú Libre, la fuerza que llevó al destituido Pedro Castillo, votó en contra, reclamando elecciones de inmediato y un referéndum para que se convoque a una Asamblea Constituyente. Otro de estos sectores votó a favor porque, según sus voceros, “en este difícil escenario, con movilizaciones exigiendo elecciones, la peor alternativa era que no se apruebe el adelanto de elecciones” (Página/12 21/12).
Boluarte pretenderá llegar a julio del 2024. En sus últimas apariciones públicas, la presidenta se mostró rodeada de militares. Acordó con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que sea la Justicia militar la que investigue las muertes causadas por la represión que tuvieron a su cargo. El Fuero Militar Policial se deslindó incluso de esta última responsabilidad, al señalar que sólo se ocupará de investigar cualquier conducta “que atente contra los bienes jurídicos vinculados con la existencia, organización, operatividad o funcionamiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú”.
La crisis peruana produjo una crisis entre gobiernos de América Latina. México, Bolivia, Colombia y Argentina han reclamado la reposición de Castillo. El chileno Boric y el electo Lula han trabajado para asegurar un adelanto de las elecciones. Los primeros vuelven a denunciar la mano de Biden en el golpe peruano –una saga que comenzó con la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles-. Los otros dos, en cambio, deben, en parte, su llegada al gobierno, al respaldo norteamericano frente a sus rivales ‘trumpistas’. Se cruza en este entrevero la disputa entre Estados Unidos y China por el control de la cadena de suministros de América Latina. China no solamente se ha convertido en el principal mercado del cobre peruano, sino que pelea la primacía por las inversiones mineras. La crisis en Perú es un eslabón de la guerra mundial y la crisis internacional.
Los arreglos electorales no aseguran la supervivencia de Boluarte; tampoco aseguran las ‘reformas políticas’ que puedan privar de poder a las camarillas del Congreso. El Parlamento es una de las plataformas de operación de los Fujimori, cuya jefa, Keiko, arriesga una condena a 30 años de prisión por corrupción. La reivindicación de la Asamblea Constituyente se convierte en una vaguedad, si no es apoyada por el derrocamiento del gobierno usurpador, en principio por medio de una huelga general. La Sierra del Perú ha vuelto a mostrar su músculo de lucha: hay que potenciarlo y evitar que se disipe. No es un momento de propagandismo, sino de organización del poder de las bases agrarias y urbanas sublevadas.
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