Reanudan paros, bloqueos y protestas en Perú

Escribe El Be

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Por segundo día consecutivo las calles vuelven a estar colmadas de manifestantes en contra del gobierno de Dina Boluarte. Exigen su renuncia, el juicio a los responsables de la represión (que dejó un saldo de casi 30 muertos y centenares de heridos), la libertad del expresidente Pedro Castillo, nuevas elecciones y una Asamblea Constituyente. La destitución y el arresto de Castillo, a principios de diciembre, dieron lugar a manifestaciones en distintas ciudades, acompañadas, en algunos casos, con paros por tiempo indefinido y cortes de rutas. En estos momentos se encuentran bloqueadas 33 carreteras a nivel nacional. Hace dos días debió renunciar el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) de Perú, Juan Carlos Liendo, luego de calificar públicamente a las protestas como “insurgencia terrorista”.

Los bloqueos en la región andina se han extendido a otras regiones. Desde Cuzco se dio inicio a una movilización con destino a la ciudad de Sicuani, la segunda más poblada de la zona. Entre los bloqueos de carreteras se encuentra el de la importante ruta interoceánica. También en Huancayo y Lima hubo manifestaciones. La Policía Nacional intervino para evitar que la marcha se acerque al Palacio Legislativo, con gases lacrimógenos. En Abancay, la policía detuvo al dirigente del comité de lucha, Milán Knezvich.

Desde las organizaciones barriales y sindicales se lanzó la convocatoria a una huelga general por tiempo indeterminado. Las regiones donde esta acción se está haciendo efectiva son Arequipa, Puno, Cusco, Moquegua, Apurímac, Tacna, Madre de Dios, Pucallpa y diversos sindicatos de Ayacucho. La Central General de Trabajadores de Perú (CGTP) se limitó a expresar su “solidaridad” con las manifestaciones y un repudio a la represión. En Lima, algunos de sus dirigentes estuvieron en la cabecera de la movilización.

La Policía Nacional había convocado a una “marcha por la paz” a través de sus redes sociales -una contramarcha de los sectores derechistas en defensa del gobierno de Boluarte. Entre los manifestantes hubo militares y policías retirados y dirigentes políticos de la derecha. También lograron convocar a un contingente de comerciantes que se manifestaron contra el cierre de sus negocios debido a las protestas.

Las fuerzas de centroizquierda y las que responden a Pedro Castillo no han impulsado ningún tipo de convocatoria. Se han apresurado a presentar una denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes de la represión. Tanto la presidenta como algunos de sus funcionarios son acusados de “homicidio calificado” ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso por la parlamentaria Ruth Luque (Cambio Democrático).

La fuerza de Castillo, Perú Libre, intentará interpelar en el Congreso a los ministros del Interior, Víctor Rojas, y de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi. La interpelación a Rojas se basa en el cuestionamiento al accionar policial durante las represiones a las protestas. El argumento contra Gervasi es la decisión que tomó de declarar persona “non grata” al embajador de México en Perú, Pablo Monroy. Por su parte, desde la Alianza Popular piden la renuncia del ministro de Educación, Óscar Becerra, por frases ofensivas contra la comunidad LGTBI.

La derecha, por su parte, presentó un proyecto de reforma constitucional para recortar, por única vez, el mandato de los presidentes de las entidades electorales. El proyecto fue presentado por la congresista derechista Roselli Amuruz, de la fuerza Avanza País, con el objetivo de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyan su mandato el próximo mes de abril.

El proyecto amenaza con abrir una crisis entre el Poder Legislativo y el Judicial. Los miembros del JNE, según las normas, son designados por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, mientras que el jefe de la ONPE es elegido por la Junta Nacional de Justicia. El JNE calificó la propuesta legislativa como una injerencia en las decisiones autónomas de la máxima instancia del Poder Judicial.

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