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El final de la feria judicial anticipa un escenario movido, tanto en los Tribunales como en la calle. Por un lado, los mentideros judiciales anuncian la reapertura de las causas relacionadas con los hoteles de la familia Kirchner, Hotesur y Los Sauces. La condena en primera instancia en el juicio por las obras de Vialidad alimentó el reclamo de los fiscales por activar estas otras causas. Alegan que, a través de la contratación de ´alojamiento´ ficticio en esos hoteles, se lavó el dinero de los ´retornos´ en beneficio de los K. Como respuesta a esta ofensiva, el kirchnerismo abrirá febrero con una movilización a los Tribunales, denunciando a la “mafia judicial”. Una acción de mayor envergadura, pero en la misma línea, se prepara para el próximo 24 de marzo. En las últimas semanas, comenzaron en el Congreso las reuniones de la comisión de Juicio Político, en torno del proyecto oficial que pretende juzgar al máximo tribunal. La saga continuará en febrero, con nuevas reuniones y audiencias públicas todavía más ruidosas.
El activismo kirchnerista tiene cartón lleno, al menos, de acá a finales de marzo. Los límites políticos de estas acciones, sin embargo, están a la vista.
Proscripción
La campaña contra la justicia viene acompañada de un reclamo para “ponerle fin a la proscripción de Cristina”. Aunque no hay formalmente una proscripción, al no existir condena firme contra ella, el kirchnerismo y la propia CFK se refieren a otra cosa. “La militancia no puede hacer una campaña electoral dando explicaciones sobre las acusaciones en mi contra”, señaló la vice en el discurso donde se bajó de toda candidatura. Levantar esta hipoteca jurídica y política parece fuera del alcance del gobierno. Pero en su última entrevista, Máximo Kirchner presentó las cosas de otro modo: “si Cristina se presenta, le sale la condena firme en cinco minutos” –no es una defensa muy feliz de su madre, pues la presenta intimidada por la Corte. A renglón siguiente, Máximo reclamó que el presidente “se involucre más activamente” en la defensa de Cristina, sin indicar de qué modo lo haría. Existe un proyecto para ampliar la Corte a 25 miembros, con representantes de todas las provincias. Con la comprensión de que el juicio político a la Corte no prosperará, algunos camporistas ofrecen como alternativa esta licuación de la actual Corte a través de un DNU, alegando “la parálisis del Congreso”.
Al igual que el juicio político, este proyecto tropieza con otra dificultad: la movida contra la Corte ha sido desautorizada por la ´crema´ de la burguesía argentina. Es el mismo gran capital que, junto al FMI, han depositado su “destino argentino” en las manos de Sergio Massa, convertido en superministro de un gobierno virtualmente vaciado. Massa mira para otro lado frente a la escalada contra la justicia –no quiere nuevos cimbronazos en un escenario de derrumbe financiero y monetario que pilotea malamente. ¡Pero el “plan” Massa cuenta con el respaldo cerrado de Cristina y Máximo! Se demostró semanas atrás con la aventura ruinosa de la recompra de la deuda pública, que la vicepresidenta avaló. El eje del actual régimen político transita por el acuerdo con el FMI y el rescate de la deuda. Los K, al igual que Alberto, han atenazado su destino al del “plan” Massa. Estos son los verdaderos límites de la agitación cristinista, la cual, al final de cuentas, podría reducir sus pretensiones a una extorsión particular: condicionar la campaña antijudicial a que se moderen las acusaciones en su contra. Un 24 de marzo no merece un destino tan mezquino.
La otra estantería
La agitación kirchnerista tendrá lugar mientras comienza a crujir la “otra” estantería: la que intentó ordenar Sergio Massa, sin otro resultado que una inflación en disparada y la recidiva de una corrida cambiaria. En medio de ese despiste, cabe preguntarse si la “gesta” que prepara Cristina para el 24 no la volvería a presentar como “oficialista-opositora”, demarcándose del gobierno y de un Massa cayendo en desgracia. Pero no es lo que está haciendo la primera plana sindical del kirchnerismo, que ´trabaja´ con Massa un plan de paritarias ´descendentes´, bajo el pretexto de una inexistente inflación también en baja. ATE Capital, además, participa del ´seguimiento´ de los precios justos, una turné mediática dirigida a embellecer la política de remarcación general de los alimentos. Pero la burocracia K está llegando tarde a esta colaboración política: en cualquier momento, Andrés Rodríguez, Catalano o Baradel tendrán que responder por la indignación de sus bases ante la pulverización del salario, antes que atender para la foto a los ´poderes concentrados´ o la `mafia judicial´.
La crisis en torno de la justicia y la Corte no puede ser disuelta, sin embargo, en la denuncia acerca de su papel “distractivo”. El choque de poderes en curso ha mostrado hasta qué punto llega la descomposición del Estado y de sus instituciones. El kirchnerismo ha denunciado los vínculos de la Corte con empresarios y contratistas del macrismo –no abrió la boca, en cambio, para mostrar la unión de hierro entre la Corte y la clase capitalista para la liquidación del derecho del trabajo, a través de varios fallos estratégicos. Si el kirchnerismo calla en ese punto, es porque compartió y comparte esa orientación flexibilizadora. Del otro lado, se ha reflotado otro vínculo inocultable –entre el kirchnerismo y la burguesía ´contratista´. Se hace demasiado cuesta arriba presentar a ese derrotero de negocios como parte de una causa popular.
Mientras tanto, el capital financiero reclama una tregua para que los dos lados de la “grieta”, después de octubre, se comprometan a reconocer sin “reperfilamientos” ni quitas a una deuda pública que representa el 120% del PBI. Esta es la ´verdad´ que une a cortesanos y anticortesanos.
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