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El 4 de febrero próximo se realizará la Marcha del Orgullo, organizada por la asamblea autoconvocada de San Fernando. La asamblea viene funcionando hace dos años y la integran activistas independientes. Esporádicamente, se suman organizaciones de izquierda y el peronismo. En ellas se han visto todos los reclamos de las y los trabajadores de la comunidad LGTBQ vinculados con el acceso al trabajo, la salud y la educación.
Las diversidades sexuales en la clase obrera engrosan las filas de los desocupados. Reclamamos trabajo para todos y la implementación efectiva del cupo laboral travesti-trans gestionado por la comunidad en cada municipio, para evitar cualquier manipulación por parte de las intendencias y punteros.
El reclamo de acceso a la salud pone en la mesa la situación de los hospitales públicos. Los residentes que hacen su especialización para tratar salud mental, ETS y tratamientos hormonales cobran salarios por debajo de la línea de pobreza en la provincia de Buenos Aires. No sólo reclamamos el aumento del presupuesto para Salud: llamamos a luchar junto a los médicos y enfermeros para conquistarlo.
El acceso a la educación tiene un claro verdugo: la Iglesia. En los colegios públicos y de las parroquias, financiados por el Estado, se reniega de la educación sexual integral. La lucha por el acceso a la educación para las disidencias sexuales tiene que ir plenamente de la mano con la separación de la Iglesia y el Estado.
En la fiscalía de San Isidro guardan polvo las causas por desaparición, violación y violencia. La justicia que ha tenido interminables fallos en contra de los derechos de los trabajadores no actúa cuando se trata de violencia contra el colectivo LGTBQ, especialmente de parte de la policía.
Estos reclamos chocan con las políticas de ajuste del FMI. Frente a esto, el peronismo ha planteado en la asamblea que “la deuda la paguen los que la fugaron”, un planteo encubridor del gobierno fondomonetarista de los Fernández, que ha diseñado el presupuesto en función del pago de esa deuda. También plantearon una “reforma judicial transfeminista”. Ignoran que luego de haberse aprobado la Ley Micaela en el Congreso, para ´instruir´ a la burocracia estatal y a la policía con manuales de género, la violencia hacia la mujer y disidencias no ha menguado.
Preparemos la marcha reforzando las autoconvocatorias y uniendo nuestra lucha y reivindicaciones al resto de las y los trabajadores.
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