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La Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha publicado el índice de inflación de enero para la ciudad. Siendo este del 7,3 % y con una variación interanual que alcanza la friolera de 99,4 %.
En la composición del índice resalta, como combustible, el aumento de tarifas. Aún cuando todavía no se han aplicado los tarifazos anunciados por el gobierno nacional. Al ser insumos básicos para toda la producción y consumo, el aumento en los servicios impacta en toda la cadena de precios.
El aumento de tarifas se calcula en 8,8 % solo siendo superado por los rubros de transporte, restaurantes y hoteles, información y comunicación, y recreación y cultura cuyos aumentos se encuentran en el orden de los 10,5 % a 12 %. Por el lado de alimentos, el aumento registrado es del 6,1 %. Este registro inflacionario es el más alto desde julio de 2022.
A nivel nacional, aun sin números oficiales, las estimaciones apuntan a una inflación entre el 5,5 % y el 6 % ubicándose en más de un punto porcentual por debajo de la inflación CABA. Este fenómeno puede tener un componente correspondiente a un costo de vida mayor al promedio en CABA, pero también sus razones políticas ya que el caballito de batalla del gobierno nacional para empujar a la baja los aumentos salariales es el programa de “precios justos”. El cual afecta la medición de inflación al tomarse para la medición de la canasta básica productos comprendidos en dicho programa. Sin embargo, de conjunto la tendencia es alcista permitiendo vislumbrar el fracaso de este programa, cuyo objetivo apunta al control de los salarios más que al de los precios.
¿Qué nos dice y plantea a los trabajadores estos números?
Lo primero que salta a la vista es que la inflación en vez de bajar, cómo planteó el gobierno, sube. Es la consecuencia del quebranto del Estado producto del rescate constante y sonante a la clase capitalista. Pero, además, el planteo de una inflación en descenso, que es desmentido brutalmente por la realidad, es el caballito de batalla del gobierno y la burocracia sindical para aplicar una caída, pero del salario.
Frente a estos números, el techo de 60 % para las paritarias, en dos tramos de 30 % y revisión en noviembre queda en evidencia como un intento de disciplinar a la fuerza de trabajo mediante la confiscación del poder adquisitivo del salario. Política que contrasta con los constantes anuncios de beneficios para las patronales.
La tendencia creciente hacia una inflación mayor, por tanto, nos plantea la lucha por recuperar el poder adquisitivo del salario. Lo cual requiere enfrentar la política del gobierno y la burocracia sindical.
De los burócratas que ya han firmado compromisos y acuerdos para poner una bota de cemento sobre el salario nada podemos esperar. Es por ello que la fuerza para arrancar una recomposición salarial y derrotar la confiscación vía inflación al salario y a las condiciones de vida debe partir de imponer, mediante asambleas y autoconvocatorias, la elección de paritarios con mandato y revocables por los propios trabajadores. Además, para imponer las reivindicaciones es necesario apoyarnos en la huelga como medida de lucha para quebrar la resistencia patronal y de la burocracia. Esto ya lo han demostrado en CABA los residentes y concurrentes.
Por último, defender un planteo claro frente a la escalada inflacionaria: un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y la indexación mensual del salario. A lo cual es necesario sumar la lucha contra la precarización laboral y el trabajo monotributista, que son otras vías de confiscación de nuestras condiciones de vida.
