Pistolas Taser: nuevamente, la agenda represiva

Escribe El Be

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A casi un mes exacto del próximo 24 de marzo, el gobierno anunció la pronta utilización de las pistolas de descarga eléctrica Taser X26, como equipamiento de las fuerzas represivas. Las taser fueron declaradas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como armas de tortura, debido al dolor físico que infringen y a las altas posibilidades que tienen de ocasionar la muerte. El caso reciente más resonante fue el del profesor Keenan Anderson, primo de la fundadora de Black Lives Matter, que fue asesinado en Los Angeles el 3 de enero pasado producto de las descargas eléctricas que le aplicó la policía con las Taser. Durante los últimos años, numerosas organizaciones de derechos humanos de Argentina se pronunciaron en contra de la implementación de este tipo de armas. Luego de varias idas y venidas, con fallos judiciales mediante, el gobierno nacional oficializó la compra de las Taser y la habilitación para su uso en la ciudad de Buenos Aires.

El puntapié inicial para la utilización de pistolas Taser lo había dado en 2015 el entonces Jefe de Gobierno Mauricio Macri, de la mano del Jefe de la Policía Metropolitana, el 'Fino' Palacios. Ya como presidente, con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, Macri consiguió la habilitación de las Taser, que por el momento sólo “están en manos de Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF)”, según Página/12. Con el asesinato de la policía Maribel Zalazar en una estación del subterráneo la semana pasada, los portavoces de un ala de Juntos por el Cambio aprovecharon el acontecimiento para responsabilizar al gobierno nacional y al ala 'blanda' de su propia fuerza por la falta de las pistolas eléctricas.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se dirigió al actual Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, planteándole “no le pidas más permiso a nadie”, en relación a un supuesto bloqueo del gobierno nacional para la utilización de las pistolas Taser. En su ofensiva represiva, Bullrich encontró aliados dentro del peronismo bonaerense: el ministro de Seguridad, Sergio Berni, salió a declarar que las pistolas Taser “son necesarias e imprescindibles”. El ex carapintada Berni había chocado con la ex ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederic, que se identificaba con una doctrina de “seguridad democrática”. Con esa línea, Frederic había planteado que las Taser “no son adecuadas para personas con capacidades mentales alteradas”; es decir, que sí son “adecuadas” para el resto de los mortales. Hasta ahí llega la “seguridad democrática” que promueven Frederic-Verbitsky-Garré.

Por su parte, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, se encargó de aclarar que no tienen ningún impedimento por parte del gobierno nacional. El oficialista Página/12 también se encargó de aclarar que el retraso por la llegada de un nuevo cargamento de pistolas Taser no se debió a una objeción de las fuerzas de la coalición gobernante, sino a que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac, que había autorizado esas pistolas en 2021) dio marcha atrás por falta de documentación, la cual fue requerida. El diario, hace dos días, adelantó que “la Anmac dirá que no hay impedimentos para el ingreso de las pistolas electrónicas (de hecho, la Policía Federal las tiene) aunque la empresa importadora tiene que completar la documentación”.

Finalmente, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se ocupó de anunciar que adquirió un cargamento de pistolas Taser en octubre pasado y que las fuerzas represivas de la ciudad de Buenos Aires también podrán usarla. En principio, estas pistolas “serán destinadas a los grupos especializados de cada fuerza federal, como el Albatros de Prefectura, el Alacrán de Gendarmería, los Grupos Tácticos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las Unidades Tácticas de Intervención Federal y el GEOF de la Policía Federal Argentina” (La Nación 23/02). Las unidades adquiridas por CABA son 60, para 31.900 efectivos con que cuenta la policía de la ciudad. Es decir que la inmensa mayoría de las fuerzas represivas porteñas no contarán aún con esta arma.

Se trata, por lo tanto, de un ensayo para una ofensiva más general. Lo que está claro es que la agenda represiva se ha instalado en la campaña electoral, en un arco que va desde el peronismo 'progresista' hasta el macrismo 'duro'. Hace pocos días, el diputado derechista José Luis Espert reclamó “bala” para los dirigentes sociales. El planteo represivo es una respuesta a la previsión de que la crisis política y social llevará, al igual que en el resto del continente, a una rebelión popular. El gobierno nacional, que tiene en carpeta más ajustes del FMI, no se baja tampoco de esta variante.

El próximo 24 de marzo será un terreno de disputa política con el conjunto de las fuerzas del régimen, principalmente del kirchnerismo que realizará su propio acto oficialista. A la desvirtuación del aniversario del golpe de 1976, llevaremos adelante una lucha política contra el gobierno de la represión, del gatillo fácil y del ajuste al servicio del FMI.

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