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De acuerdo a los cables de noticias, el número de manifestantes y de huelgas se redujo ayer, en una nueva Jornada de movilización en Francia. De cualquier modo, dos millones de personas salieron a las calles, a nivel nacional, y 400.000 en París. La corresponsal de La Nación describe la “gran novedad de esta décima jornada –la gran cantidad de jóvenes que participaron, unos 400.000, según cifras oficiales y sindicales”. La lucha contra la reforma previsional de Macron no ha aflojado en absoluto. Las huelgas “reconductibles” se hicieron efectivas en las refinerías y en numerosas líneas ferroviarias.
El desarrollo de la crisis política se está haciendo más nítido. La burocracia de la Intersindical ha decidido ofrecer una semana de tregua al gobierno, al demorar la convocatoria a una nueva Jornada para el 6 de abril próximo. La CGT ha levantado la huelga de los recolectores de basura. El Congreso de la CGT, que debe reunirse por estos días, está abocado a la cuestión de la sucesión en la secretaría general, comandada por Philippe Martínez, no por la profundización de la lucha y la generalización de las huelgas. Todo en función de lo que la burocracia llama una “mediación”: que el gobierno acepte negociar los términos de la ley impuesta por decreto, ante la ausencia de una mayoría parlamentaria. Laurent Berger y el cegetista Martínez han decidido pedir por carta una reunión con la primera ministra, Elizabeth Borne. Por estos días, Borne y el gabinete anunciarán un aumento de miles de millones de euros en el Presupuesto del Estado, para enviar armas a la guerra de la OTAN contra Rusia.
Esta tentativa de enfriar una lucha nacional multitudinaria conoce otra instancia: la apelación contra el decreto de reforma ante el Consejo Constitucional. Los medios admiten la posibilidad de que el Consejo viabilice el pedido de convocatoria a un referendo, que podría tener lugar en septiembre-octubre. En ese caso, la aplicación de la reforma quedaría suspendida; es previsible que el Consejo atienda primero a los resultados de la “mediación” que la burocracia sindical reclama a Macron. En los mentideros circula la versión de que un sector del gabinete plantea arribar a un compromiso. Jean-Luc Mélenchon, el jefe de la Francia Insumisa, un movimiento de centroizquierda, ha insinuado, incluso por escrito, la disposición a avalar un cambio de gabinete que sería apoyado en la Asamblea Nacional.
En los círculos de la burguesía imperialista de Francia hay una conciencia de que Macron no reúne las condiciones para seguir gobernando como lo venía haciendo, hasta las elecciones de 2027. La lucha contra la reforma previsional ha quebrado al gobierno y al régimen político. La burocracia sindical y el centroizquierdismo esperan una señal política para justificar un fin a la movilización popular. La cuestión de la crisis del régimen es, a la vez, un reconocimiento de que han cambiado las condiciones de dominación del capital y un pretexto para reagrupar fuerzas contra las masas. Nada que no se haya visto, con particularidades cambiantes, en todos los procesos revolucionarios. Además de seguir con la agitación a favor de una huelga general hasta el retiro del decreto de reforma previsional, es necesario ofrecer una alternativa estratégica a la maniobra de la burocracia de los sindicatos y del centroizquierda y sus laderos.
Naturalmente, en un cuadro de crisis de poder y de acción de masas, y por lo tanto de la guerra internacional entre la OTAN y Rusia, se plantea la cuestión del programa. La necesidad del programa se pone de manifiesto también por el creciente estado deliberativo de los trabajadores y de la juventud trabajadora. El "establishment" francés, de derecha e izquierda, apoya la guerra de la OTAN; en el caso de la izquierda, bajo el subterfugio de la independencia nacional de Ucrania. El encierro de Macron en una dictadura presidencial, tanto como un aperturismo que abra el campo de la colaboración de clases a los aparatos sindicales y de la izquierda, ambas alternativas conducen, bajo formas y ritmos diferentes, a situaciones revolucionarias.
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