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El pasado 10 de abril, el presidente Joe Biden puso fin a la emergencia por COVID-19 en su país, adelantándose a la fecha prevista para el 11 de mayo próximo. “Dado que el Congreso votó a favor de poner fin a la Emergencia Nacional antes de lo previsto, la Administración ha trabajado para acelerar su retirada y avisar con la mayor antelación posible a las personas potencialmente afectadas”, aseguró un funcionario de la Casa Blanca (CNN, 11/4).
El anuncio de Biden significará poner fin a una variedad de beneficios sociales y de atención médica para millones de trabajadores, como la atención médica de Medicaid, un programa federal y estatal que proporciona cobertura de salud gratuita o de bajo costo a millones de estadounidenses de bajos ingresos, familias y niños, mujeres embarazadas, personas mayores y con discapacidades. Docenas de Estados esperan eliminar hasta siete millones de personas de las listas de Medicaid en el transcurso del próximo año (WSWS, 23/03).
También se fue desmantelando el grupo de trabajo de COVID. Por su parte, sectores no gubernamentales que realizaban el seguimiento de la evolución y los impactos de la pandemia han anunciado la finalización de su seguimiento diario. A principios de este mes, la Universidad Johns Hopkins cerró su rastreador diario para computar infecciones, hospitalizaciones y muertes por COVID. Este rastreador fue la fuente de datos independiente más citada por los investigadores de atención médica y las cuentas de los medios. Por su parte, The New York Times anunció que estaba finalizando su propio rastreador diario.
Mientras Estados Unidos anuncia el fin de la emergencia sanitaria, otra subvariante de Ómicron preocupa por su contagiosidad. Se trata de la subvariante XBB.1.16, también llamada Arcturus, que se ha detectado en al menos 22 países, entre ellos Estados Unidos. Las autoridades sanitarias estiman que esta es la versión de Ómicron más infecciosa, después de ver cómo la nueva cepa causó un aumento de casos en India, hasta 13 veces respecto del promedio de un mes atrás.
El “fin de la pandemia” viene siendo pregonado por la burguesía, mientras persisten las graves consecuencias de la COVID-19 prolongada o “long covid” sobre la población mundial. El director de la OMS reconoció que se calcula que el 50 % de los trabajadores y cuidadores de la salud padecieron síndrome de desgaste profesional durante la pandemia y que el mundo se enfrentará a una escasez de 10 millones de trabajadores y cuidadores de la salud en 2030. Por su parte,el director de la Organización Panamericana de la Salud declaró que “aunque las tasas de detección han disminuido, es crucial que los países mantengan y sigan reforzando la vigilancia, ya que el virus SARS-CoV-2 "puede evolucionar y adaptarse rápidamente".
La declaración del fin de la emergencia sanitaria, como podemos observar, no es más que formalizar lo que ya sucede en los hechos (el desmantelamiento de toda política y campaña para afrontar a la COVID-19) y una justificación para avanzar en el desmantelamiento del sistema sanitario, duramente golpeado después de tres años de pandemia.