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La multinacional Iron Mountain es una empresa dedicada a la “custodia, protección y gestión de información y activos”. El lunes 24 sufrió otro incendio en sus depósitos del barrio de Barracas.
El fuego había ganado todo el techo de los galpones y se extendía de forma irregular en un perímetro de 60 x 20 metros según informaban los equipos de bomberos desde el lugar. Gabriel Acosta, comandante de bomberos informó que “el fuego va a tardar unas dos semanas en ser extinguido”.
Es la segunda vez en una década que se incendia un depósito de IM. En 2014, un siniestro similar terminó en masacre: una pared cayó encima y mató a diez bomberos que estaban combatiendo el fuego. Los peritajes concluyeron que la empresa no había realizado obras de apuntalamiento sobre esa pared y por eso cayó hacia afuera en lugar de hacia adentro. Y algo más: las pericias establecieron que el fuego había sido provocado de forma intencional. La fiscal de aquella investigación, Marcela Sánchez, aseguró que “hubo varios focos de incendio y se utilizó un material acelerante para dar inicio al fuego que duró 9 días. Una forma rápida de destruir documentación de algunas grandes empresas que estaban bajo escrutinio judicial por presunto lavado de dinero. Si no se trata de una práctica habitual, es un caso magistral de negligencia. En el historial de IM se comprobaron al menos otros cinco incendios intencionales: en 1997, tres de sus depósitos se incendiaron en Nueva Jersey, Estados Unidos. En 2006, en la zona industrial de Ottawa, Canadá y en Londres, Inglaterra y en 2011 en Italia.
Volviendo a Barracas, Iron Mountain no podría haber operado en 2014 ni seguir funcionando sin que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires habilitara edificios que, como resulta ahora evidente, no estaban en condiciones de ser utilizados como depósitos.
¿Qué se quema?
Los depósitos están rebalsados se papeles de empresas multinacionales, entre ellas bancos y financieras. Si bien los depósitos están habilitados y se supone que cuentan con todo un sistema de detección temprana de incendios, cuando llega la hora de la verdad, no funcionan y las pruebas para diversos procesos judiciales se hacen cenizas. La instalación de IM contó con exenciones impositivas por ubicarse en el Polo Tecnológico, aunque se trate tan solo un depósito.
La complicidad del Estado con la desaparición de pruebas es total. En varios de los 36 países donde funciona Iron Mountain se sospecha del pago de cifras millonarias para conseguir las habilitaciones. Por su parte la justicia dejó caer las causas contra los funcionarios estatales y privados que fueron parte de las “negligencias” y omisiones que llevaron a la muerte de los 10 bomberos y trabajadores de Defensa Civil.
El nuevo incendio es muestra que el entramado corrupto continúa, y los intereses que encubre siguen sosteniendo al gobierno del PRO en la Ciudad.
