Morales decreta el estado de excepción contra la huelga general educativa

De manera subrepticia, en Boletín Oficial emitido el viernes 9 de junio, el gobernador de Jujuy modificó por decreto el código contravencional provincial endureciendo las sanciones y estableciendo inclusive la posibilidad de la pérdida del trabajo para los empleados públicos que participen de cortes y movilizaciones.

La modificación aumenta las multas de 200 unidades a 1.000 unidades de multa para quienes corten el paso en calles y avenidas. La cifra supera los ocho millones de pesos. Establece la posibilidad de dar intervención a la Justicia Penal en caso de desobedecer la orden de dispersión por parte del departamento contravencional, sin perjuicio de la formación de causas contravencionales lo cual incurre en la doble penalización por un mismo hecho, cosa que es ilegal. Establece la inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años en caso de que el infractor sea funcionario nacional, provincial o municipal, y para el caso de que el infractor sea un empleado público, establece como causal de cesantía la reincidencia.

La intentona represiva no solo ataca el derecho a la protesta y la manifestación, sino que modifica en los hechos la ley que regula el trabajo en la administración pública, ya que dicha ley (N 3161) no establece la manifestación o protesta como causal de cesantía, como bien manifestó el SEOM a través de un comunicado. ¡Hasta la CGT ha tenido que emitir un comunicado rechazando la modificación que pretende imponer Morales!

Esta modificación del Código Contravencional no se hace de manera aislada sino como un nuevo intento de quebrar la tendencia a la huelga general de los trabajadores estatales, que luego de seis días de paro docente, ha sumado a otros gremios estatales bajo la consigna “arriba los salarios, abajo la reforma (constitucional)”.

Recientemente, el colega salteño de Morales, el gobernador Sáenz, tuvo que vetar parcialmente la ley antipiquetes que sacó la Legislatura entre gallos y medianoche para intentar aplacar a la fenomenal lucha docente salteña. En Jujuy, Morales no puede vetar su propio decreto y su aplicación definitiva o veto deberá esperar hasta que lo ratifique la Legislatura, suspendida momentáneamente por la convención constituyente.

El garrote y la zanahoria

Esta modificación al código de contravenciones realizada por Morales empalma con la reforma constitucional, donde el gobierno pretende inscribir en la nueva Constitución la prohibición de los cortes totales de calles y de rutas, al tiempo que pretende establecer una ‘reglamentación’ para la protesta.

Al mismo tiempo que el gobierno pretende avanzar con el cercenamiento del derecho al reclamo, ha tenido que convocar a todos los gremios estatales para discutir la propuesta paritaria de reajuste salarial para el día martes 13 de junio, producto de las movilizaciones multitudinarias. Esta convocatoria es una manifestación de la contundente movilización de los trabajadores que ha quebrado siete años de convocatorias separadas a los gremios estatales y de aumentos por decreto por parte del gobierno.

Resulta evidente que el endurecimiento de las penas y el reforzamiento de las contravenciones que ha buscado establecer para contener la tendencia a la movilización y al paro no ha hecho más que reforzarla en sus aspectos democráticos más elementales. Las asambleas docentes que van a definir la extensión del paro por tiempo indeterminado están muy firmes después de más de una semana de paro, y se suman otros gremios a las medidas de fuerza. Las organizaciones sociales también se suman al reclamo contra la reforma Constitucional y por trabajo genuino.

Profundizar la lucha

Morales en plena disputa de JxC, vuelve a tomar una medida de tipo represiva, que lo emparenta con su contrincante interna Patricia Bullrich. Los trabajadores de Jujuy han respondido con un paro y movilización general. Una multitud de trabajadores han movilizado y copado Plaza Belgrano en rechazo de esta modificación represiva, por la reapertura de paritarias y por el rechazo de la reforma constitucional reaccionaria.

El paro por tiempo indeterminado de la docencia ha dejado ‘groggy’ al gobierno provincial, recién reelecto, mientras se han sumado casi todos los gremios estatales a las medidas de fuerza y la totalidad de las organizaciones sociales. Este es el camino para voltear el decreto 8464 y la reforma constitucional reaccionaria, y para imponer los reclamos de los trabajadores.