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Seis meses después de asumir y desconociendo el masivo movimiento contra la ´reforma judicial´, el gobierno de la extrema derecha sionista acaba de otorgarle a Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas y subministro de Defensa, con poderes sobre los asentamientos, “prácticamente todo el control sobre la aprobación de la planificación para la construcción en Cisjordania”. La medida “entra en vigor de inmediato, agiliza y facilita drásticamente el proceso de expansión de los asentamientos existentes en Cisjordania y la legalización retroactiva de algunos puestos de avanzada ilegales” (The Times of Israel, 18/6).
Smotrich es el jefe de un partido teocrático ultraderechista y colono de uno de esos asentamientos ilegales. El consejo de los colonos festejó la medida como una victoria. La medida avasalla cualquier derecho sobre el territorio bajo control del gobierno colaboracionista de la Autoridad Palestina. Según denuncian movimientos antiapartheid de Israel, “desde el punto de vista de la planificación, [ahora] no hay diferencia entre el distrito de Tel Aviv y Judea y Samaria” (ídem), como denominan a la Cisjordania palestina los colonos sionistas. Yoni Mizrachi, de Peace Now, denunció que “Israel se está moviendo hacia la anexión total de Cisjordania” (ídem). Un editorial de Haaretz va más allá: “quizás también (implique) un regreso a la Franja de Gaza” (13/6). El ministro de Justicia, Yariv Levin, denunció a quienes critican la medida de “apoyar la limpieza étnica de los judíos de su patria ancestral”. Israel aspira a la anexión casi total de Cisjordania, a reducir a la Administración Palestina a su mínima expresión (o incluso anularla) y al establecimiento del “Estado del Gran Apartheid” (ídem).
Tras el anuncio, Smotrich señaló que la semana próxima se aprobarían unas 4.560 unidades de vivienda en los asentamientos y festejó que en “los seis meses desde que se formó este gobierno se produjo un récord de la tasa de planificación de construcciones en los asentamientos de la última década”.
Con la vía libre para la anexión de facto de Cisjordania, la coalición derechista-teocrática en el gobierno pavimenta “el camino de Israel hacia un estado policial” (Haaretz, 18/6); esto, bajo las órdenes del ministro de seguridad Ben-Gvir, un fascista confeso. Este tendría “la autoridad para dictar órdenes de detención administrativa a civiles por hasta seis meses, con el argumento de salvaguardar la seguridad pública. El ministro podrá ordenar tales detenciones a solicitud del comisario de policía y con el consentimiento del fiscal general (…) el proyecto de ley permitirá al ministro dictar, por iniciativa propia y sin necesidad de otro consentimiento, diversas órdenes restrictivas. Estas incluirán la restricción de movimiento, de domicilio y restricciones para salir del país, así como restricciones en el empleo, la comunicación, la prohibición de navegar por Internet y más”.
Estas medidas van dirigidas contra la mayoría de la ciudadanía israelí, pero en particular contra los más de dos millones de palestinos-israelíes cuyas condiciones de vida son considerablemente inferiores a las de los judíos. Esto explica que “la tasa de criminalidad en las comunidades árabes sea impactante” (ídem). Sólo hasta principios de junio se contabilizaron “101 víctimas de homicidios”, una cifra incomparable con la de los judíos israelíes.
El apartheid sionista sobre la población palestina está en vías de un agravamiento sin precedentes. Todo un sector del establishment sionista busca una nueva Nakva que expulse a la minoría palestina israelí, a fin de emprender una completa “judeización” de Israel. La limpieza étnica sionista iniciada 75 años atrás sería imposible sin la complicidad del imperialismo mundial y, en particular, de los Estados árabes de la región que se han allanado a todo tipo de acuerdos económicos y militares con los sionistas.
