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La polémica en torno a la cuestión de la coerción estatal y la cuarentena ha puesto de manifiesto, una vez, la dificultad de la izquierda (democratizante) para caracterizar las transiciones políticas, y de conjunto, al régimen político. De un modo más general, es una dificultad para determinar una situación política por medio de un análisis de conjunto, interrelacionado, o sea pensar dialécticamente.
La presencia del Ejército, bastante raleada, en barriadas del Gran Buenos Aires, repartiendo raciones de alimentos, ha despertado un frenesí pacifista en la mayoría del trotskismo local. Para el PTS, una cosa es “poner a disposición un hospital militar en la crisis o auxilio logístico si hubiese un terremoto”, dice sin sonrojarse, y otra, en cambio, repartir raciones de guiso (ver “PTS: parlamentarismo y pacifismo en la cuarentena”, por Marcelo Ramal, en politicaobrera.com). Para el MST, por su parte, “que la sastrería del Ejército confeccione barbijos y que su laboratorio fabrique alcohol en gel” sería aceptable porque “se trata de labores puertas adentro (!!!), cuyos productos quedan a cargo de funcionarios civiles y sin mayores consecuencias (!!!) sociales ni políticas” (Alternativa Socialista N°756, 1/4). De modo que la organización militar permanente del Estado burgués no tendría “mayores consecuencias sociales y políticas” mientras no sea visible para los transeúntes y el producto de sus manualidades sea distribuido por la burocracia del Estado.
De conjunto, la izquierda (democratizante) considera que la intervención del Ejército en la cuarentena responde al propósito del gobierno de “´legalizar´ a las fuerzas represivas ante la sociedad para utilizarlas si hay un estallido social” (AS, ídem). Es decir que, si la población las acepta repartiendo comida, después podría abrazarlas cuando baje gente a los tiros.
Esta ´legalización’ no sería posible, en cambio, si los soldados se dedicaran a la confección de barbijos y alcohol en gel puertas adentro de los cuarteles – desde donde han salido, sin embargo, todos los golpes de estado; es decir que no podrían cumplir funciones represivas. A este macaneo sin atenuantes se ha plegado la camarilla que dirige el Partido Obrero “oficial”, la cual considera que la cuarentena misma constituye un “estado de sitio no declarado”, de parte de un estado que funciona de un modo policial.
Esta izquierda (democratizante) pretende acreditar un pergamino anti-militarista, sin reparar que esto es pacifismo, o sea que el antagonismo de clase puede resolverse sin recurso a la violencia, contrarrevolucionaria, de un lado, y revolucionaria del otro. Lamentablemente, a eso se ha sumado la camarilla del PO, violentando toda la historia del partido. El resto, por su lado, tiene una ‘historia negra’ de capitulación ante el militarismo.
“¿Para qué viene Perón?”
En 1971, el gobierno del general Lanusse propició un “desvío democrático” para hacer frente a la crisis enorme desatada por la disolución del Onganiato. En 1969, el Cordobazo había marcado el inicio de un ascenso revolucionario de la clase obrera. Una transición política, el “Gran Acuerdo Nacional” (GAN) auspiciado por Lanusse, legalizó al peronismo y propició, como un recurso último, el retorno de Perón.
En ese entonces, el PRT (La Verdad), que dirigía Nahuel Moreno, se fusionó con una fracción del desprestigiado Partido Socialista, el PSA, de Juan Carlos Coral, dando nacimiento al PST. Este “polo socialista” abordó la maniobra militar en estos términos: “¿Para qué viene Perón? Ojalá que sea para imponer candidatos obreros y luchadores” (Avanzada Socialista N°37, 8/11/72). El ejército que recurría a este retorno no se encontraba fabricando barbijos, era el dueño del poder político.
“En lugar de decirles a los trabajadores que Perón retornaba como parte de un acuerdo con el lanussismo y el conjunto de la burguesía; que su retorno era para desviar a las masas del proceso revolucionario abierto con el Cordobazo; en lugar de esto el PSA reforzaba el elemento ilusorio en Perón que aún existía entre las masas. El PSA (Coral), transformado en PST, concurrió a las elecciones apoyando la política de ´institucionalización´ como un partido democratizante más” (“Apuntes a la historia del trotskismo argentino 3° parte”, Julio N. Magri, En Defensa del Marxismo N°4, abril 1994).
Política Obrera -luego, Partido Obrero- había sostenido desde siempre que un regreso de Perón a la Argentina solamente tendría lugar cuando fuera convocado por la burguesía para estrangular un proceso revolucionario.
De la Triple A a Videla
La llegada de Perón al país tuvo lugar en un baño de sangre, la “masacre de Ezeiza” del 20 de junio de 1973. La derecha peronista, que monopolizaba la organización del acto por el retorno, disparó a mansalva contra las columnas de la JP cuando estas intentaron acercarse al palco. Perón protagonizó un putsch de la derecha contra el gobierno de Cámpora. La “primavera camporista” acabó en apenas 49 días.
El gobierno Perón-Perón inició una ofensiva contra el movimiento obrero, tanto “institucional” –“pacto social”, fortalecimiento de la burocracia sindical y de la policía con las reformas a la Ley de Asociaciones Profesionales y el Código Penal, entre otros- como parapolicial. La política del morenismo fue la defensa de la institucionalidad, cometiendo el “error político de no ver que se trataba de corrientes complementarias, y no contradictorias” (“Historia del Trotskismo en Argentina”, Osvaldo Coggiola).
En octubre de 1973, comienza a actuar la Triple A. En febrero de 1974, se produce en Córdoba el derrocamiento del gobierno Obregón Cano-Atilio López, vinculado a la izquierda peronista, a manos del jefe de policía, Navarro. En marzo de 1974, el PST ingresa al “bloque de los 8”, junto al PC, la UCR y otros partidos patronales. Ese bloque se presenta como defensor de la “institucionalidad”, o sea el gobierno electo que organizaba las tres A. El gobierno democráticamente electo que propiciaba las acciones de las bandas de la Triple A, recibió a los representantes del bloque de los 8 en la quinta de Olivos, en tanto Política Obrera denunciaba que “´Defender la institucionalización es entregar las libertades democráticas´, en oposición a la identificación entre institucionalidad y democracia que realizaba PST” (ídem, O.C.). “La política del PST ante el gobierno de Isabel y López Rega se basó en la expectativa de una reacción de los partidos burgueses democráticos” (“Apuntes a...”, antes citado).
En estas condiciones, el morenismo fue sorprendido por la huelga general de junio-julio de 1975. Muerto Perón, el gobierno de Isabelita, Luder y López Rega se veía acorralado por una huelga general, liderada por las coordinadoras fabriles. La burguesía y sus partidos comenzarían entonces a “golpear la puerta de los cuarteles”, reclamando un baño de sangre que pusiera ´las cosas en orden´. El “democrático” Balbín (UCR) reclamaba la liquidación de la “guerrilla fabril”, en referencia al sindicalismo clasista y combativo. Un llamado a la masacre.
La dictadura
El primer congreso de Política Obrera celebrado en diciembre de 1975, ratificó lo que nuestro partido venía diciendo desde agosto - que “un golpe militar que emerja del desarrollo de esta crisis no tendrá el carácter de la ‘libertadora’ ni del onganiato: se tratará de un golpe de liquidación de todo el régimen de libertades democráticas y de ilegalización del movimiento obrero, con métodos de guerra civil” (citado en “24 de marzo 1976-2020: Política Obrera bajo la dictadura, una escuela revolucionaria”, por Marcelo Ramal, Política Obrera N°9, 30/3/20).
Para Moreno, en cambio, el objetivo del golpe era aplastar al foquismo guerrillero -ya entonces prácticamente desarticulado- y no al movimiento obrero. El golpe sería solamente un interregno hacia una nueva convocatoria a elecciones.
“El golpe de Videla sorprendió a la dirección del PST. Hasta la víspera del 24 de marzo sostenía que el movimiento obrero debía prepararse para las elecciones previstas para 1976, ya que ése era el camino que le imponían al gobierno de Isabel Perón, toda la burguesía y el imperialismo. Para el morenismo, el imperialismo y la burguesía estaban enrolados en la ´institucionalización´ y la dirección ´institucionalista´ en las FFAA estaba representada, precisamente, por Videla” (“Apuntes a la historia del trotskismo argentino 4° parte”, Julio N. Magri, En Defensa del Marxismo N°5, diciembre 1992).
En esa línea, el PST calificaría a la dictadura como “la más democrática de América Latina”, una “dictablanda”. En el primer número de su revista Cambio (primera quincena de mayo de 1976), el PST asegura, créase o no, que “la destitución del peronismo fue un hecho que los militares cumplieron a su manera, después que la marea popular no alcanzó a hacerlo por la defección de sus dirigentes”. Videla se acomodaba a una exigencia de las masas. Esto está en los archivos.
En el mismo número esta corriente va más lejos, pues dice que “en líneas generales, se ha respetado a los delegados obreros. Pero algunas detenciones, algunos despidos, ciertas amenazas y la persistencia de un peronismo de ultraderecha, cuya autoría sigue sin establecerse dejan en pie la posibilidad de una persecución generalizada contra el activismo” (citado por O.C.). La Junta Militar, para ese entonces, no estaba repartiendo guiso en La Matanza, sino procediendo a desapariciones en masa. Para el morenismo, la dictadura venía a organizar la salida electoral a la crisis política, y el ala más comprometida con esa línea, según sus análisis, era Videla. Los grupos de tareas constituían, para el PST, un ala marginal del gobierno militar. Esa caracterización se mantendría hasta bien entrado 1978, sin que el secuestro y muerte de sus propios militantes pudiera modificarla. El PST -al igual que el PO, el PCR y Vanguardia Comunista- había sido formalmente “disuelto” por la dictadura -no así el Partido Comunista- y sus publicaciones, prohibidas. La colaboración del stalinismo con la dictadura es un capítulo histórico que todavía no fue investigado como se merece.
Mientras PO promovía el frente único de las organizaciones obreras y populares contra la represión, el PST buscaba aliados entre los partidos de la burguesía y la pequeño-burguesía, para asegurarse un lugar en la salida “institucionalizadora”.
En el año 78, el PST se opuso al boicot del mundial de fútbol. Calificaba las denuncias del genocidio en curso como “exageradas”. En su crónica sobre el Mundial, el PST publicó: “La esposa del presidente Videla también participó de este hecho positivo y gran avance de la mujer. Ella también fue a la cancha” (Opción, julio 1978). La frase quizás resume en una metáfora, mejor que ninguna otra, la política del morenismo en esta etapa. Recién en 1980, cuando la dictadura ya estaba envuelta en una crisis irreversible, el morenismo caracterizaría que el gobierno militar había sido “homogeneizado por la derecha”. Su consigna pasará a ser, desde entonces, “la plena vigencia de la Constitución de 1853”.
Ninguna de las corrientes que emergieron de la división del morenismo ha expresado la menor critica de estas posiciones, es decir que las han integrado, cada una, a su trayectoria ulterior – incluido por supuesto el PTS, feminista-anticapitalista.
Amnistía, Malvinas y “revolución democrática”
Hacia fines de 1980, luego de darle la espalda al movimiento de familiares de desaparecidos durante años, el PST lanzó una campaña por una “amnistía general e irrestricta” que abarcase tanto a los genocidas como a los presos políticos. Así como está dicho. La ´iniciativa´ fue repudiada por el movimiento de libertades que se movilizó bajo la dictadura reclamando libertad a los presos, aparición con vida y castigo a los culpables.
El boletín del PST que pretendía vehiculizar esa campaña -llamado, precisamente, Amnistía- saldría por única vez. Allí se podía leer frases como las siguientes: “En estos largos años de dictadura (…) ha faltado una consigna. Hoy esa consigna es la Amnistía general e irrestricta”. “A veces ha faltado la voluntad de sectores políticos y sindicales para lograr esa acción común”, en referencia a los partidos de la burguesía y la burocracia sindical que apoyaron el exterminio. La campaña del PST, tuvo lugar al mismo tiempo que los proyectos de auto-amnistía que tejía el gobierno militar y fue rechazado en 1983, por todo el arco de partidos, para reaparecer en la obediencia debida y el punto final, y en el indulto de Menem.
Política Obrera, en cambio, se había comprometido desde muy temprano con la lucha de Familiares. En el número de julio de 1976 del boletín Adelante!, que PO imprimía y distribuía en condiciones de clandestinidad, la nota de tapa llevaba por título “Lo fundamental, las libertades democráticas”, y desarrollaba una pormenorizada denuncia de los crímenes y secuestros cometidos en todo el país, reuniendo toda la información disponible hasta ese momento. Para 1982, la bancarrota económica, la resistencia obrera y las denuncias de los Madres y Familiares, habían sumido a la dictadura en una crisis política sin atenuantes. El 30 de marzo de aquel año, en el marco de una convocatoria de la CGT, miles de trabajadores trabaron combate con la policía en las principales ciudades del país. En un ensayo de fuga hacia adelante, el teniente general Galtieri, a cargo de la presidencia, anunció el 2 de abril la ocupación de las Islas Malvinas.
De nuevo, había que adoptar una posición frente al ejército. La posición del PST fue la de “luchar en el campo del gobierno argentino” contra los ingleses. Acto seguido, reclamó su incorporación a la Multipartidaria que integraban la UCR, el PJ y el PC, entre otros. Esta se había convertido en el eje del sostenimiento de los partidos patronales (incluido el partido de Alsogaray) a la dictadura en declive.
El morenismo abrazó Malvinas como ´causa nacional´, incluida una intensa demagogia militarista, cuando el acuerdo de la dictadura con los ingleses bajo el tutelaje del imperialismo yanqui, para perpetuarse, seguía en pie como una alternativa de la ocupación. Política Obrera calificó la ocupación militar de Malvinas por parte de la dictadura como “un simulacro de soberanía nacional, porque se limita a lo territorial mientras su contenido social sigue siendo proimperialista”. En una declaración histórica para nuestro partido, PO rechaza cualquier apoyo a la dictadura, incluso habiendo ocupado Malvinas, y denuncia la deriva de un acuerdo mediado por Estados Unidos. Sin embargo, contempla al mismo tiempo la posibilidad de que todo termine en una guerra, en cuyo caso anuncia que llamaría a una “guerra a muerte” contra el imperialismo, sin confundir banderas con la burguesía. “Apoyar la reivindicación nacional no debe confundirse con el apoyo político a quien, como en este caso la dictadura, pretende conducir la lucha por esa reivindicación”.
Los epígonos del morenismo se entretienen denunciando la presencia de Política Obrera en la concentración convocada por el Papa para impulsar la rendición política y militar de Argentina, a la que concurrieron multitudes impresionantes. Estuvimos ahí para distribuir un volante de denuncia del Vaticano, al Papa y la Iglesia, mientras el PST llamaba a recluirse en casa. Fue una acción valiente y osada, que estuvo a punto de convertirse en una manifestación independiente, como lo señaló Clarín al día siguiente. El morenismo no solamente protagonizó las tropelías que relatamos aquí, sino que todas las corrientes que se escindieron de ese tronco, y en especial el PTS, conservan en formol sus métodos polémicos. Esta vez, lamentablemente, en compañía del aparato del PO, al servicio de los quórums que reclaman desde los Fernández hasta los Capitanich.
La derrota de Malvinas precipitó el final de la dictadura y el inicio de su relevo ‘democrático’ (pactado). Agotadas sus posibilidades de acción política, quebrada económicamente, hipotecada por un movimiento cada vez más robusto por el castigo a los culpables, se pondría en marcha el operativo para encauzar su debacle. El morenismo vería, en cambio, el advenimiento de una “revolución democrática”. “El voto a Alfonsín refleja el proceso de revolución democrática que estamos viviendo" (Solidaridad Socialista, 17/11/83), decía el periódico del MAS, como se rebautizó la corriente de Moreno. Como ocurre hoy, saludaba el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles, en este caso como una revolución.
Fallecido Nahuel Moreno, la solidaridad de principios de sus epígonos con el régimen se expresaría de forma brutal en ocasión del intento de copamiento del regimiento de La Tablada por parte del Movimiento Todos por la Patria, en enero de 1989. La aventura del MTP concluyó en una masacre. Los militares, con la venia de Alfonsín, y el acompañamiento de los “carapintadas”, se ensañaron con un grupo de 30 militantes que habían ocupado el cuartel con la consigna de defender al gobierno de un golpe que suponían estaba tramando el carapintada Seineldín, con la complicidad de Menem. El propósito del MTP era detener el golpe militar en gestación. El alfonsinismo dio rienda suelta a la represión a manos de los “carapintadas”, con los que había pactado, dos años antes, las leyes de impunidad.
El MAS -y toda Izquierda Unida- condenó al MTP y se solidarizó con la represión. Envió sus condolencias a los familiares de los militares muertos durante el desalojo del regimiento y acusó al MTP, en una solicitada en los diarios principales, de "fortalecer”, con su acción, “las maniobras reaccionarias de la derecha civil y militar". Sobre la represión, las torturas y fusilamientos cometidos por el Ejército durante la masacre, no dijo una palabra. Su compromiso con el apoyo al régimen se extendió al punto que el 24 de marzo de aquel año, IU se ausentó de Plaza de Mayo, en la marcha por el aniversario del golpe. Ese día, tronó en la plaza el grito de “la Plaza es de las Madres, no de los cobardes”.
Por su parte, el entonces reciente PTS publicó una declaración, en la que se delimitaba de los masacrados antes que de los masacradores. Solamente Madres de Plaza de Mayo y el Partido Obrero repudiaron en tiempo y forma este crimen de lesa humanidad del alfonsinismo. El PTS, que ha escrito un montón sobre el morenismo, no se ha deslindado nunca de todos estos episodios de capitulación y colaboración con la ‘yuta’ militar.
Conclusiones
La izquierda se ha revelado, antes como ahora, incapaz de abordar la caracterización del régimen político sin poner adelante sus propios prejuicios, y por sobre todo las maniobras más podridas. Solo para anotar, Palabra Obrera -la corriente de Nahuel Moreno en la década del 50-, publicó los capítulos anticomunistas del libro de Perón, “La fuerza es el derecho de las bestias”, para apuntalar su entrismo estratégico en el peronismo.
Como tampoco ahora despliega una polémica honesta sobre la cuarentena y sus alcances políticos, sino descalificaciones e insultos, acompañados de elucubraciones absurdas, como emparentar al gobierno actual con un estado policial, la presente ayuda-memoria no podría ser más oportuna. Si siempre hay que discutir desde el equilibrio y la humildad, esto vale todavía más para una generación de dirigentes que reivindica una trayectoria histórica abominable.
