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El jueves 29 fue allanada la morada de Milagro Sala, antes de que pudiera llegar un abogado de parte a constatar el procedimiento. Se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y dinero, inclusive el dinero y teléfonos de personas que se encontraban de visita.
El allanamiento fue ordenado, a raíz del testimonio de un testigo de identidad reservada, por el juez Rodolfo Fernández, con intervención del fiscal Diego Funes, el mismo que intervino en los allanamientos a media docena de organizaciones sociales en el pasado.
El motivo del allanamiento -dada su condición de detenida en prisión domiciliaria, más que allanamiento sería una requisa- de la casa de Milagro Sala, fue para buscar pruebas sobre los “disturbios” ocurridos en la provincia. No están claros los motivos formales que se esgrimieron. Aparentemente sería por la orden de confección de 200 banderines para ir a la movilización del 20 de junio -el mismo 20 de junio, después de la represión, fueron a secuestrarle el celular a Sala-.
El motivo de fondo es el planteo de Morales de volver a solicitar que Sala sea enviada a una cárcel común, a pesar del fallo de la CIDH que establece su prisión domiciliaria, y a los problemas de salud que padece. Nuevamente el caso Sala será explotado electoralmente por parte del oficialismo provincial y por JxC a nivel nacional.
No es un hecho aislado
Esto se suma a una serie de allanamientos en domicilios de manifestantes, muchas veces de manera irregular, a altas horas de la noche. También se han denunciado apremios ilegales y hasta la tortura de una artista que fue a solidarizarse con el corte en Purmamarca.
Se están entregando las actas contravencionales a manifestantes por la movilización del 20 de junio a la legislatura para rechazar la reforma constitucional.
El gremio de CEDEMS ha convocado un paro para el viernes denunciando la persecución de una docente que dio una entrevista en un medio de comunicación y fue llamada por la justicia provincial para que confirme o rectifique los dichos.
El Ministerio Publico de la Acusación, herramienta para la ofensiva judicial de Morales que ahora tendrá carácter constitucional con la reforma, envió una pedido el 23 de junio al ministro de Turismo de la provincia, y por su intermedio a los establecimientos turísticos de la Quebrada, para que informen las pérdidas producidas por el corte de ruta del día 17 de junio, en vísperas de la votación de la reforma y del fin de semana turístico. También se pide informe sobre cancelación de reservas, eventos culturales y demás, para una eventual imputación a los manifestantes que fueron detenidos durante la represión policial del mismo 17 de junio sobre la ruta en la intersección de la ruta nacional N9 y la ruta 52.
Morales pretende cobrarle las pérdidas a los manifestantes detenidos, como adelantó en conferencia de prensa.
Comisión “acusadora”
La legislatura ha anunciado la conformación de una comisión investigadora (proyecto 201-DP-23) con miembros de los diferentes bloques para analizar “los actos vandálicos que tuvieron en vilo a toda nuestra población… el pueblo jujeño observo como fue vandalizada la legislatura, sus inmediaciones, incluso las fuerzas de seguridad fueron atacadas”. El objetivo es brindar elementos para ayudar a actuar a la justicia. El objetivo de esta comisión está más que claro: continuar la persecución sobre los luchadores y manifestantes. No es una comisión investigadora independiente ni va a convocar a los organismos de DDHH ni a nadie que haya denunciado la brutal represión sucedida en el lugar. Estará conformada por 9 miembros del PJ y el radicalismo, los mismos bloques que han votado, confeccionado y jurado la constitución a espaldas de todos los trabajadores y la población de jujuy.
Denunciamos el objetivo del oficialismo de intentar imponer la reforma a cualquier precio, y el doble juego y complicidad del PJ, que a nivel nacional pretende la inconstitucionalidad de la reforma, pero en la provincia es la rueda de auxilio de la política represiva que promueve Morales.
Frente a todos estos ataques tenemos que denunciar el carácter reaccionario de todas estas medidas y reforzar la manifestación y la movilización para rechazarlos.
Por la caída de la reforma constitucional. Abajo la represión y la persecución de los luchadores. Juicio y castigo a todos los represores. Por la caída de todas las causas armadas por el gobierno.
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