Walter Bulacio: una lucha vigente

Corría el 19 de abril de 1991. En el barrio de Nuñez, miles de jóvenes peregrinaban al estadio Obras Sanitarias para disfrutar de un show de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. En las inmediaciones del estadio, Walter Bulacio, de 17 años, junto a, al menos, otras 70 personas -entre ellos, diez menores-, fueron detenidas de manera ilegal por una razzia policial encabezada por el comisario Miguel Ángel Espósito. Los menores fueron detenidos bajo el “Memorándum 40”, una disposición de 1965, ya derogada, que les otorgaba a los comisarios la libertad de detener menores sin dar aviso a las autoridades judiciales. Walter fue trasladado en un colectivo de la línea 151 a la Comisaría N° 35 donde fue golpeado de manera brutal, ocasionándole un traumatismo de cráneo, que le ocasionaría la muerte una semana después.

Nadie paga por la muerte de Walter

Casi dos años después de su asesinato, en noviembre de 1992, Miguel Angel Espósito fue sobreseído por la justicia. En 2001, la causa Bulacio fue presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que finalmente falló contra el Estado argentino “por actos y omisiones” que permitieron “la vulneración de derechos a la libertad e integridad personal, a la vida, a las garantías judiciales, a la protección judicial, y los derechos de los niños”.

Sin embargo, Espósito siguió perteneciendo a la Policía Federal hasta el año 2008. Finalmente, en noviembre del 2013, tras 22 años de impunidad, Espósito, quien fuera el único acusado por el crimen y quien gozaba plenamente de su libertad, fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso, en el marco de la investigación por la detención ilegal. Es decir, el responsable de la muerte de Walter fue condenado por el delito de privación ilegal de la libertad, el cual prevé como máximo una pena de 6 años de prisión, y no así por el asesinato. Vale aclarar también que la prisión “en suspenso” le permite al Juez no efectivizar la detención del condenado, cuando se tratara de una condena no mayor a tres años.

El caso Bulacio ha transitado en manos de decenas de jueces, cámaras de apelaciones, juzgados de instrucción hasta tribunales internacionales de derechos humanos, sin embargo, desde 1991 hasta la actualidad, el Estado y todos los gobiernos democráticos posteriores han sido garantes de la impunidad de los responsables materiales e intelectuales de su muerte. Puso en evidencia las prácticas ilegales de detención por fuera de lo normado de la institución policial y la complicidad que mantiene con el aparato judicial cuando se trata de sentar en el banquillo de los acusados a quien realice funciones públicas al servicio del Estado.

La lucha de toda una generación contra el gatillo fácil y la represión

El nombre de Walter se ha convertido en bandera de la lucha contra el gatillo fácil, la represión y las detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad. Desde 1983 hasta el 2019, CORREPI lleva contados 6.564 casos de gatillo fácil, tortura y muertes en lugares de detención, una cifra que deja al desnudo que no se trata de “casos aislados” sino que la violencia institucional y policial forma parte de una política de Estado y de los gobiernos que legitiman su autonomía, por ser garante, a través de la coerción, de la explotación en el sistema capitalista.

De la vulneración de la juventud ante la descomposición de la institución y su connivencia con el crimen organizado, nace la necesidad de la organización y la lucha independiente y consecuente contra la violencia institucional y por nuestros derechos políticos plenos.

En este contexto de emergencia sanitaria y militarización de las calles a nivel nacional, con el fin de garantizar la cuarentena, es nuestro deber estar alertas ante las arbitrariedades y el abuso de poder que pueda presentarse.

A Bulacio lo mató la policía. Castigo a los culpables. Abajo la represión y gatillo fácil. Desmantelamiento del aparato represivo.