Bahía Blanca: las elecciones luego de las inundaciones y la catástrofe

Las elecciones en Bahía Blanca estarán inexorablemente atravesadas por una de las peores catástrofes sufridas por la ciudad con las inundaciones del 7 de marzo, en la cual fallecieron 18 personas, miles de familias debieron evacuarse, fueron completamente arrasadas viviendas enteras, autos y gran parte de la infraestructura urbana. La Universidad Nacional del Sur, varias escuelas públicas y el Hospital Regional Penna sufrieron grandes pérdidas. Se han perdido a su vez centenares de puestos de trabajo. Al menos 40.000 familias solicitaron los magros subsidios ofrecidos por el Estado para resarcir los daños sufridos en sus viviendas. Las secuelas tambien son emocionales y psicológicas, ante un evento por demás traumático.

Los partidos capitalistas gobernantes que ahora pedirán ser apoyados mediante el voto, salieron velozmente a exculparse de lo sucedido amparándose en la inmensa cantidad de agua que cayó en poco tiempo –“un evento climático extraordinario del cual nada se podía hacer” dijeron al unísono. Lo mismo vociferaron ante otro evento climático devastador: una tormenta de viento que en diciembre del 2023 causó 13 fallecidos y tambien importantes daños materiales en la ciudad. Cada uno querrá presentar su cuota en la “vuelta a la normalidad” de la ciudad lo cual es, como veremos, una estafa descarada.

Quiénes nos llevaron a esta catástrofe

La realidad es que mileístas, peronistas, macristas y radicales son los máximos responsables de la devastación que sufrieron los vecinos de Bahía Blanca y especialmente las familias trabajadoras. A pocos días de la inundación, tomó estado público un informe del CONICET realizado en el 2012 que ya advertía sobre las dificultades de absorción de agua en los suelos, de los canales de desagote (Maldonado y Napostá) y de las obras que había que hacer para mitigar inundaciones, que ningún gobierno hizo. Advertía sobre los efectos del desmonte para ampliar la frontera agrícola y la utilización extensiva de agroquímicos que generan impermeabilización de suelos, aumentando las escorrentías. El mismo efecto se ha generado por la expansión urbana dirigida por la especulación inmobiliaria, que expulsa a familias a zonas propicias a ser inundadas. Un reciente informe de geólogos de la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad Nacional de La Plata ha ratificado esta realidad. La Autoridad del Agua, un organismo de la provincia, ya tenía caratulada a Bahia Blanca como zona de riesgo por “flujos de tipo torrencial”. Todo esto fue olímpicamente ignorado por todas las gestiones que alternaron en el poder en la ciudad, la provincia y el país.

A la hora de asisitir a los damnificados, los partidos del capital tambien quedaron expuestos por sobremanera. Sucede que la principal via de ayuda llegó a partir de una gigantesca red autoconvocada de donaciones y trabajo voluntario, como docentes en las escuelas públicas. La máxima expresión de ello fueron los trenes solidarios que llegaron a la ciudad con vagones llenos de donaciones de distintos puntos del país. Lo paradójico es que estos trenes demoraron casi un día entero en viajar –exactamente el doble de lo que se tardaba 75 años atrás- por el estado ruinoso de las vías. Recientemente, ha sido clausurada la mítica Estación Sud del ferrocarril de Bahía Blanca, ante la discontinuidad permanente del servicio de trenes de pasajeros. Otra evidencia de una debacle impresionante de las fuerzas productivas que inobjetablemente debe ser apuntada a las fuerzas politicas patronales.

En el caso del presidente Milei, está desmantelando el sistema científico público y considera al cambio climático una fábula. Un estudio de la organización meteorológica internacional World Weather Attribution señala que, en la inundación de Bahía Blanca, si bien se congregaron variables extraordinarias, sin la elevación de la temperatura mundial producto del calentamiento global, estas lluvias extraordinarias serian prácticamente imposibles. Tres días antes de las inundaciones, la ministra Sandra Petovello desmantelaba la Dirección Nacional de Emergencias, un organismo que se ocupaba de dar asistencia en casos de catástrofes. Un reciente informe oficial expone que el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (creado en el 2001 para hacer frente a las consecuencias de las inundaciones) ha incrementado su recaudación en el último periodo mientras que ha congelado y hasta convertido en negativo el gasto empleado. El gobierno demoró meses en otorgar un subsidio que oscilaba entre los 2 y 3 millones de pesos por familia, según la zona en que se encontraban la vivienda, lo cual es un monto absolutamente exiguo para recuperar todo lo perdido. Vecinos de Ingeniero White, en donde está asentado el Puerto y el Polo Petroquímico, realizaron piquetes y cortes de calle para reclamar la ausencia del subsidio y de asistencia, el cual fue respondido con el envío de la Gendarmería. Recientemente, Milei vetó una ley votada en el Congreso Nacional para asisitir con nuevos 200 millones de pesos a la ciudad, anunciando que con el subsidio ya otorgado culminaba la asistencia a la ciudad.

Por su parte, la asistencia de Kicillof consistió en un subsidio de $800.000, tambien por familia y solo si el total de los “ingresos familiares” no superaba seis salarios mínimos de marzo ($1.780.992). El Hospital Regional Penna fue uno de los grandes afectados y sus trabajadores han denunciado la falta de condiciones, lo cual fue respondido por amenazas de despidos de parte de su director, un miembro de La Cámpora. El intendente de la ciudad, Federico Susbielles -integrante de lo que ahora se ha llamado “Fuerza Patria”- no ha afectado ni un solo peso de las ganancias extraordinarias embolsadas por el gran capital asentado en la ciudad. Una devolución de favores de su antiguo paso como director del Consorcio de Gestión del Puerto.

Susbielles afirmó a los pocos dias del 7 de marzo que se requerirían al menos “$400 mil millones” para afrontar los daños sufridos. Una cifra que luego se comprobó muy reducida. Susbielles, significativamente, no ha objetado el veto de Milei a la ley de emergencia del Congreso porque estaría a la espera de que Milei le otorgue nuevos fondos en el futuro. A cuatro meses de las inundaciones, las obras de reconstrucción han sido poco significativas. El Canal Maldonado tiene proyectado una reconstrucción para aumentar su caudal de desagote dentro de los próximos tres años, cuya realización esta ya comprometida por la cancelación de fondos para la obra pública. También están proyectados estudios sobre distintas cuencas que confluyen en la ciudad. Pero los antecedentes son negativos, si se considera que desde el año 1982 fue planteado el proyecto de construir una presa de agua en el Puente Canessa para controlar las crecidas de agua y, de nuevo, nunca fue llevado a cabo.

Por último, y no menos importante, las posibilidades de inundaciones fueron alertadas mediante las “alertas naranjas y rojas” con las cuales se suspendieron las clases ese día, evitando una catástrofe mayor. Sin embargo, las alertas no llegaron a tiempo suficiente para evacuar a la población afectada, lo cual se hizo en forma improvisada y mayormente por los mismos afectados. Esto pone el acento en las deficiencias en los centros de monitoreo y alertas, sobre la cual prácticamente no hay inversiones ni presupuesto designado.

Un programa socialista ante la catástrofe

¿Qué motiva a Milei y compañía a mantener encendida la “motosierra” aún en este cuadro de catástrofe? Lo mismo que lo motiva a desmantelar las jubilaciones y todos los gastos sociales corrientes, que es el pago de la deuda pública usuraria, una politica común con todos los partidos, incluyendo Kicillof y Susbielles, que han dejado con ello una ciudad y un pueblo entero vulnerable. Los responsables de que la inundación hiciera estragos, son aquellos que ahogan a los trabajadores en deudas y en la pobreza.

En Bahía Blanca estan radicadas desde hace años empresas como DOW, Profertil, Mega, Unipar, Cargil, Viterra, Los Grobo, Pampa Energía, TGS. Para estos intereses económicos, los partidos del capital han gobernado sistemáticamente ofreciendo las posibilidades de una renta extraordinaria, que no se ha traducido en absoluto en las condiciones de vida los trabajadores bahienses. El contraste social es absoluto y es por ello que el cuadro de crisis postinundación está lejos de ser resuelto. Esta es la verdadera polarización que enfrentamos: un regimen social al servicio de los fondos financieros que lucran con la deuda o uno que ponga como prioridad la reconstrucción de la ciudad, de los barrios y viviendas de los trabajadores, de los hospitales y escuelas públicas. Esta tarea solo puede ser tomada por un gobierno de los trabajadores y el socialismo.

Política Obrera plantea:

1. Subsidios integrales a cargo del Estado para reponer todas las pertenencias personales perdidas y otorgamiento de créditos a tasas del 0% para la población afectada.

2. Un plan integral de reconstrucción de la infraestructura urbana y de los barrios bajo el control de organizaciones obreras, científicas y vecinales.

3. Empadronamiento de trabajadores y su puesta en acción en este plan bajo convenio correspondiente y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar.

4. Congelamiento por un año de los servicios de luz, agua, gas, transporte y alquileres de viviendas únicas

5. Triplicación del presupuesto para el Hospital Municipal y fondos educativos.

Política Obrera presentará con sus listas y candidatos este programa, y llamará a apoyarlo mediante el voto en las elecciones del 7 de septiembre.