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El ministro Giorgio Jackson presentó su renuncia indeclinable a la cartera de Desarrollo Social del gobierno de Chile, en lo que algunos medios han calificado como el mayor golpe que ha recibido el presidente Gabriel Boric desde que llegó al poder en marzo del año pasado. La salida de Jackson se produce, según el mismo renunciante en su discurso, para dar por terminadas las excusas que la derecha fascista había levantado para no arribar a acuerdos con el actual gobierno. Esta derecha se había negado a sostener acuerdos con el gobierno mientras Jackson se mantuviera en su cargo, debido a las acusaciones que pesaban sobre sus espaldas por las denuncias de corrupción con el escándalo conocido como 'Caso Convenios'.
Denuncias de corrupción
La renuncia de Jackson fue el último eslabón de una cadena de renuncias catalizadas por el Caso Convenios. En junio de este año, Carlos Contreras renunció a su cargo de secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo en la Región de Antofagasta, al conocerse la firma de tres convenios con una fundación sin fines de lucro llamada Democracia Viva, por un total de medio millón de dólares, para la realización de trabajos en barrios pobres. La fundación estaba ligada a Daniel Andrade, representante del partido Revolución Democrática, fundado por Jackson en 2012. Andrade debió renunciar a su puesto en el Ministerio de Defensa y a su partido. Su pareja, la diputada Catalina Pérez, también del partido de Jackson, decidió suspender su participación en la mesa directiva de los parlamentarios ante la presión de los partidos de la derecha por el Caso Convenios.
A partir del estallido del caso de Democracia Viva comenzó a sospecharse sobre la existencia de un mecanismo generalizado de trasferencias de dinero al partido de Jackson, por medio de fundaciones que podrían ser falsas. Algunas de las irregularidades que se denuncian implican que todas esas fundaciones comenzaron a existir apenas unos meses antes de los traspasos de dinero, que no se exigieron avances en los trabajos, que los fondos fueron girados en un solo pago en lugar de pagar de forma fraccionada en función de los avances de los proyectos, entre otros. Al conocerse este caso, el Ministerio de Justicia comenzó la investigación de otras fundaciones distribuidas en las 16 regiones chilenas que se manejaban mediante el mismo mecanismo. Actualmente, son 47 las fundaciones investigadas y los montos involucrados superarían los 16 millones de dólares.
El partido Revolución Democrática realizó un intento de presentarse como querellante en la causa del Caso Convenios, pero el Tribunal de Garantía de Antofagasta rechazó el pedido. Alejada la posibilidad de fungir como querellantes, los dirigentes del partido de Jackson se encuentran actualmente más cerca de quedar como imputados en la causa del Caso Convenios.
Crisis política
El escándalo de las fundaciones se transformó rápidamente en un instrumento de presión del bloque derechista pinochetista que tiene un importante peso parlamentario. El partido Unión Democrática Independiente (UDI) había 'congelado' el diálogo con el gobierno hasta que Jackson fuera removido de sus funciones. El 'diálogo' versaba sobre el llamado 'pacto fiscal' y la reforma de pensiones, dos de los proyectos clave impulsados por el gobierno de Boric. El Partido Republicano, del fascista José Antonio Kast, había anunciado para el próximo lunes la presentación de una acusación constitucional en el Congreso en contra de Giorgio Jackson. El conjunto de la derecha anunció inmediatamente el apoyo a esa acusación, por lo que probablemente llegaría a reunir los votos necesarios para que la iniciativa prospere.
La acusación constitucional se ha convertido en un mecanismo recurrente de la derecha para con el objetivo de socavar la estabilidad de ministros del gobierno. La derecha ya había presentado cuatro acusaciones constitucionales contra diferentes ministros. Como reconocen algunos medios chilenos, las presiones para la renuncia de Jackson también provenían de sectores al interior de la propia coalición de gobierno, como así también de algunas cámaras patronales asociadas a él. Al conocerse la renuncia de Jackson, el Partido Republicano anunció casi de inmediato su declinación a presentar la acusación contra el ahora exministro, la cual, de prosperar, habría inhabilitado a Jackson de la función pública por 5 años.
Para el PTR (PTS de Chile) “lo que está de fondo es una operación política de la derecha” con el objetivo de “derechizar aún más al gobierno”. Pero la crisis política no se reduce a un mero juego de maniobras de bajo vuelo. De lo que se trata es del abrupto agotamiento de una experiencia que intentó montarse sobre la rebelión chilena que estalló en 2019 y cuyas bases materiales han sido mantenidas en pie por el gobierno 'izquierdista' de Boric. La salida de Jackson es la expresión del estallido de las contradicciones del régimen que es incapaz de ofrecer un nuevo horizonte a las masas que se rebelaron contra él.
Jackson fue una de las figuras claves del gobierno de Boric. Compañero del actual presidente desde sus tiempos de dirigente estudiantil, representaba, junto con otras figuras, la 'nueva política' joven y de 'izquierda' que arribó al gobierno en marzo de 2022. Jackson fue, además, el ideólogo detrás de la fraudulenta Convención Constituyente desde la Secretaría General de la presidencia, a cuyo cargo debió renunciar tras el aplastamiento del 'apruebo' en septiembre del año pasado. Su salida preanuncia nuevos episodios de crisis aún más agudos. Las contradicciones que llevaron a la rebelión popular están más presentes que nunca.
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