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Un columnista del diario chileno El Mostrador sostiene que “solo el voto obligatorio podrá salvar al nuevo proceso constituyente de una indiferencia generalizada”. El comité de '24 expertos' que se encuentra redactando el borrador de la nueva Constitución se ha cuidado bien de mantener todo el proceso bajo el más absoluto hermetismo. El objetivo de esto que los medios llamaron “un pacto de silencio” es no “repetir los errores cometidos en la Convención Constitucional del 2022”, donde los debates llegaban a la población a través de las redes y los medios de comunicación. La 'indiferencia generalizada', de todas maneras, podría volverse en contra del propio proceso constitucional a la hora de plebiscitar el proyecto el próximo 17 de diciembre.
Constituyente reaccionaria
El nuevo proceso constitucional ha revelado, además, su carácter netamente reaccionario. La “comisión de expertos” nació como producto de un 'gran acuerdo nacional' entre la coalición oficialista y la derecha, luego del triunfo del rechazo al primer borrador constitucional: la firma del Acuerdo Por Chile, del 12 de diciembre de 2022. Mientras que la presidencia del grupo fue entregada a una abogada del Partido por la Democracia (de la coalición oficialista), la derecha obtuvo la vicepresidencia, que quedó en manos de un abogado cercano al expresidente Sebastián Piñera. Apruebo Dignidad, la fuerza política compuesta por el Partido Comunista y el Frente Amplio del presidente Boric, considerado como el “ala izquierda” del gobierno, ha quedado relegado de los lugares protagónicos, pero tendrán sus espacios en las comisiones. Del total de 24 miembros de los 'expertos', 12 son afines al oficialismo y los otros 12 a la oposición. En términos proporcionales, la paridad es una concesión a la derecha que fue derrotada en las elecciones. Las 'concesiones a la derecha', de todas formas, dominan todo el proceso constitucional.
El 'Acuerdo Por Chile' también sentó las '12 bases constitucionales' sobre las que se trabajará la nueva Constitución. Entre ellas se encuentra como cuestión indeclinable la definición del Estado chileno como 'unitario'. Es que, al entender del oficialismo, el anterior proyecto constitucional, que dejaba en pie las bases de la Constitución pinochetista, habría fracasado por su intento de reemplazar la definición del Estado unitario por la de uno “regional, plurinacional e intercultural”. Con el nuevo proyecto, el gobierno ha tirado, de entrada, su principal bandera ideológica. El borrador tampoco incluye la “paridad” femenina, por lo que incluso las voces feministas del propio gobierno pusieron el grito en el cielo. Sin embargo, los medios destacaron que lo que prima entre los 'expertos' oficialistas y opositores es el consenso.
A pesar del hermetismo de los 'expertos', ya se conocen algunas de las claves del borrador de nueva Constitución. Un aspecto que salió a la luz es la cuestión del derecho de huelga. El borrador lo limita a aquellos servicios que considera de “utilidad pública”, lo cual puede extenderse a casi cualquier gremio, según el criterio de cada quien. La gran modificación, de todas maneras, es que sanciona que el derecho de huelga sólo podrá ejercerse “dentro de la negociación colectiva en el marco de las leyes que la regulen”. El borrador pretende ser la herramienta que permita al Estado prohibir toda huelga que no haya sido convocada por la burocracia sindical.
Fragmentación política
Uno de los objetivos claves de la nueva Constitución será terminar con “la alta fragmentación de partidos representados en el Congreso”. El objetivo declarado de los 'expertos' es que la nueva Constitución permita subsanar la “crisis de gobernabilidad”, cuya mayor expresión se habría dado con el inicio de la rebelión en octubre del 2019. Las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria acuerdan en que el Congreso está 'fragmentado' y que eso entorpece las negociaciones políticas para llegar a grandes acuerdos, lo cual, según los 'expertos', “contribuye a la inestabilidad política” y “debilita la institucionalidad partidaria”.
Para enmendar esta situación, los 'expertos' han establecido para el borrador de la nueva Constitución un piso proscriptivo de un 5 % de los votos para poder acceder a un escaño parlamentario, sea de diputados o senadores. El piso se toma según la elección general, pero aplica para las regiones particulares. Esto significa que, si un candidato gana en su región, incluso con una amplia mayoría de los votos, no podrá acceder a una banca si su partido no ha superado el piso del 5 % a nivel nacional. En tal caso, el candidato que ganó no accedería a una banca, pero sí lo harían aquellos que, aún con un menor caudal de votos en la región, fueron en la lista de alguno de los grandes partidos tradicionales a nivel nacional. De más está decir que se trata de una reforma electoral antidemocrática y profundamente reaccionaria que beneficia a los grandes aparatos políticos.
Se trata, por otra parte, de una sustancial modificación del sistema político chileno actual. Según los medios trasandinos, el actual parlamento se compone por un 10 % de diputados que han cambiado de bando luego de asumir el cargo (otra prerrogativa que el borrador prohibiría) y 55 de los 155 diputados accedieron a su cargo en listas que obtuvieron menos del 5 % de los votos a nivel nacional.
Mientras los 'expertos' discutían estas reformas, las fuerzas del régimen avanzaban, de todas formas, en su fragmentación. De cara a las elecciones de los constituyentes del próximo 5 de mayo, ni el gobierno ni la oposición derechista lograron presentar listas unitarias. A pesar de los esfuerzos de Boric, las dos coaliciones que conforman el gobierno (Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático) se presentarán en listas separadas. Lo notorio fue la ruptura de dos aliados históricos, como son el Partido Socialista y el PPD de Ricardo Lagos.
La derecha, por su parte, también irá dividida. La coalición tradicional Chile Vamos (UDI, Renovación Nacional –el partido del ex mandatario Sebastián Piñera- y Evópoli) inscribió su alianza bajo el nombre de “Chile Seguro”. Pero el Partido Republicano, que llevó al candidato derechista que llegó al ballotage contra Boric y que había obtenido el mayor caudal de votos en la primera vuelta (José Antonio Kast), no formará parte de la coalición Chile Seguro y presentará su propia lista aparte.
Agenda reaccionaria
Con un proceso constitucional que se desarrolla agónicamente, el Congreso acelera entretanto las reformas represivas. Tras dos asesinatos de carabineros que se produjeron en el mes de marzo, la Cámara de Diputados aprobó “de urgencia” la ley Naín-Retamal (en referencia a los nombres de los carabineros asesinados). El texto que ahora se debatirá en el Senado establece la “legítima defensa privilegiada” (es decir, la presunción del uso justificado de las armas de servicio de la policía militarizada), aumenta las penas ante atentados en contra de las distintas fuerzas represivas y agrega que Carabineros quedan “exentos de responsabilidad criminal” si deben “repeler agresiones con riesgo a su integridad o la de terceros, como, asimismo, cuando impidan la consumación de graves delitos”. Todo un 'piedra libre' para la represión de la protesta social y el gatillo fácil.
Esta reforma legislativa ha generado duros reproches entre las propias filas oficialistas por su carácter abiertamente represivo. El presidente Boric no deja lugar a dudas acerca de su posición al respecto, en la medida en que no pierde oportunidad para brindar su apoyo a Carabineros e incluso anunció que se sumaría a los operativos policiales. “Es preciso reflexionar sobre nuestras actuaciones del pasado”, aseguró Boric en un acto, en relación a la crítica que en sus años de dirigente estudiantil pudo haber realizado sobre las fuerzas represivas. Boric también ha ordenado el despliegue de las Fuerzas Armadas en el norte del país para frenar la inmigración, al tiempo que en el sur avanza con la militarización de La Araucanía. Nada de esto le impedirá al gobierno que el próximo 11 de septiembre realice importantes actos de conmemoración por los 50 años del golpe pinochetista.
Abajo el fraude constitucional
El 'comité de expertos' designado para la elaboración de la nueva Constitución de Chile comenzó esta semana la votación de las normas del borrador del proyecto. El anteproyecto final se concluirá en dos meses y luego será utilizado como la base sobre la que 50 constituyentes darán forma a la nueva Constitución. Estos constituyentes serán electos el 7 de mayo y el proyecto final se plebiscitará el 17 de diciembre.
El proceso constituyente se ha convertido en un salvavidas de plomo para el gobierno. La derrota del oficialismo en el anterior plebiscito constitucional, de septiembre del año pasado, significó un agotamiento prematuro del gobierno del 'joven' Boric. Luego de ganar la presidencia, frente al fascista Kast, con el 56 % de los votos, unos meses después el rechazo a la nueva Constitución se imponía con el 62 % de los votos. Como resultado, salieron eyectados de sus puestos los dos alfiles que representaban la 'nueva política' del oficialismo (el ministro de la Presidencia, Giorgio Jackson, y el del Interior, Izkia Sichas), los cuales fueron reemplazados por representantes de los partidos tradicionales. En pocos meses, el 'presidente más joven del mundo' se pasó al bando de la 'vieja política'. Actualmente, casi el 70 % de los chilenos rechaza al actual gobierno.
Chile se encuentra atravesando una severa crisis habitacional y un colapso del sistema de salud. Al mismo tiempo, los últimos índices han arrojado un marcado aumento del desempleo y de la informalidad laboral. Ninguna de estas cuestiones figura en la agenda del nuevo proceso constitucional. No debe extrañar entonces que, según la encuesta Cadem, un 70 % de los chilenos afirma tener "poco o nada de interés" en las noticias relacionadas con la constituyente, a la vez que un 48 % no sabe que se celebrarán dichos comicios.
Las próximas elecciones del 7 de mayo para votar a los constituyentes, en las cuales competirán solamente los partidos tradicionales de Chile, representan un fraude político contra las masas.
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