La devaluación de los salarios en Chile y la devaluación de la nueva constitución

Chile acaba de romper el récord de inflación de los últimos veintiocho años. Los precios han acumulado un 12,5% en los últimos 12 meses, y el Informe de Finanzas Públicas avecina un pico inflacionario para el último trimestre del 2022. También el dólar viene rompiendo récord,s superando los 1.000 pesos chilenos (CLP). Tradicionalmente el dólar se había sostenido en el país abajo de los CL$700.

Ni los salarios ni las jubilaciones se ajustan por inflación en Chile. El salario mínimo corresponde a CL$380.000, unos 375 dólares a la fecha. Las condiciones de negociación gremial por los salarios se encuentran muy restringidas tanto por la responsabilidad de las burocracias sindicales como por el nivel de atomización sindical. La dictadura de Pinochet regimentó a los sindicatos por empresas y no por rama productiva.

El derrumbe de las condiciones de vida de la clase trabajadora chilena es brutal. Los principales productos afectados por la inflación y la devaluación del peso chileno se corresponden principalmente con los de la Canasta Básica Alimentaria, dado que 2 de cada 3 alimentos son importados. También el petróleo y los costos de circulación de productos han aumentado, dado que casi la totalidad del combustible es importado.

Una de las alzas que más controversia genera entre la población (y que no es especialmente nutritiva, por cierto) es el precio del pan. Este constituye uno de los principales alimentos de la dieta diaria de la clase trabajadora chilena, transformando al país en el principal consumidor del continente. En mayo, con el alza del trigo el pan llegó a 2.4 dólares el kilo; y aunque ahora el precio del trigo ha bajado, el precio del alimento se mantiene cercano a los 2 dólares.

Aunque muchas encuestas oficiales suelen determinar la línea de pobreza o extrema pobreza en función del poder adquisitivo de la Canasta Básica Alimentaria, esa relación es tramposa. La Canasta, como lo señala, sólo contempla alimentos, y excluye al resto de los consumos y gastos de una familia chilena trabajadora promedio (4,4 personas): no contempla los alquileres (680 dólares en el gran Santiago); hipotecas; electricidad (30 dólares); agua (12 dólares); gas (50 dólares); transporte (0,8 dólares por boleto); medicamentos y otros servicios. A ello habría que sumarle los gastos en aranceles, mensualidades y matrículas educativas y servicios de salud que, recordemos, se encuentran privatizados.

No existen cifras serias sobre la cantidad de chilenos y chilenas que viven por debajo de la línea de la pobreza. En marzo de este año el Ministerio de Desarrollo Social estableció la línea de pobreza en CL$ $194.488 por familia promedio -es decir, CL$54.101 por persona (53,4 dólares). Pero la propia Canasta Básica (solo de) Alimentos por familia es de CL$238.000. Un insólito caso en el que quien no puede comprar los suficientes alimentos para vivir no es considerado pobre.

El aumento del salario mínimo anunciado por Boric que se implementará gradualmente quedará muy por detrás de la inflación acumulada y proyectada. Es un "aumento" sin ningún valor real.

Por esto es que carecen de valor las medidas anunciadas por Gabriel Boric para contrarrestar la pobreza. El paquete anunciado, que contempla IFE laboral; subsidio al empleo; y un bono de invierno por única vez de CL$122.000 (118 dólares). Sería de esperar que el acceso a estos beneficios sean restringidos, pues los requisitos contempla los determinantes de pobreza que establece el Ministerio de Desarrollo Social.

La devaluación de la "Nueva Constitución"

La crisis social ha golpeado políticamente al gobierno de Boric, y a ello deben sumarse las bajas expectativas que la población tiene sobre la nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional y que será plebiscitada el próximo 4 de septiembre.

Según la encuesta oficial CADEM, el porcentaje de votantes que irán por el rechazo se aproxima al 60%. Algunos abanderados de la nueva constitución durante el primer plebiscito, según las encuestas, consideran rechazar porque el nuevo texto constitucional no solucionan las principales problemáticas sociales por las que son golpeados ahora (fin a las AFP; aumento de salarios y derechos laborales; viviendas; seguridad; salud y educación). La nueva Constitución tampoco satisface las demandas de restitución de tierras para el pueblo mapuche, que es un eje de conflicto político permanente para el gobierno. La ex presidenta de la Convención, la mapuche Elisa Loncón, ha procurado aclararle a los medios de comunicación que con la nueva Constitución “la expropiación se hará cuando la persona quiera vender, y si no quiere, la Constitución respeta la propiedad privada”. Un burdo insulto al sentido común de la población.

Suponiendo que la nueva Constitución llegue a aprobarse, está lejos de satisfacer las demandas sociales que dieron inicio a la rebelión popular del 2019, y de solucionar la miseria social que atraviesan las familias trabajadoras chilenas producto de la inflación, el desempleo, la carestía y la crisis económica y política mundial.

Los especuladores financieros toman apunte del derrumbe y han comenzado a invertir en seguros contra impagos, los que han tenido su mayor crecimiento en los mercados desde el inicio de la pandemia.

Los trabajadores y trabajadoras, por su parte, no tardarán en reaccionar frente al deterioro de la calidad de vida de sus familias y frente a la estafa política del proceso constituyente. Latinoamérica entera, partiendo por Ecuador y Panamá, ya han tomado apunte también.