Chile: la Izquierda gubernamental reclama un acuerdo con el fascismo

El domingo pasado, la ultraderecha de Chile obtuvo la mayoría relativa -un 35% de los votos- en las elecciones para el Consejo Constitucional. Con ese resultado, el partido Republicano, que encabeza un confeso fascista, José Antonio Kast, consigue 23 de las 50 bancas del Consejo. Como la convocatoria ha establecido que los proyectos constitucionales deben reunir una mayoría de tres quintos, el partido de Kast logra un poder de veto en el Consejo y la mayoría absoluta en el caso de articular un acuerdo con el resto de los partidos derechistas. Lo singular de la situación es que Kast defiende a rajatablas la Constitución de Pinochet impuesta en los años 80 del siglo pasado. Para no quedar comprometido con un fracaso de inicio de la Convención, el aglomerado republicano estaría dispuesto a acordar algún ajuste cosmético a la Constitución pinochetista, acompañado con disposiciones nuevas más reaccionarias.

La ironía de la situación que se ha creado en Chile no se le ha escapado a nadie, pero tampoco es inédita. La bandera de derogar la Constitución de Pinochet, levantada por la coalición del Frente Amplio (Boric) y el partido comunista, luego de fracasos sucesivos, ha dado lugar a la primacía del ala más derechista del pinochetismo. Los gobiernos del Frente Popular, en Chile, primero en la década del 40 del siglo anterior, dieron paso a un gobierno conservador, y más tarde, en los años 70, el gobierno de la Unidad Popular terminó llevando a Augusto Pinochet al Ministerio de Defensa, con el propósito de organizar el desarme de las milicias de los cordones obreros de Santiago de Chile. En Francia, el parlamento del Frente Popular, electo en junio de 1936, votó a favor, en 1940, de la presidencia del mariscal Petain, colaborador con la ocupación hitlerista del país. La contención de las rebeliones populares por parte de la izquierda parlamentaria y del stalinismo se convirtió en el método político de la derrota de las masas.

Es a esta labor contrarrevolucionaria que se aplicó la coalición del FA de Boric y del partido comunista. La rebelión popular de octubre de 2019 fue desviada hacia el objetivo de una Constituyente enteramente platónica, sin capacidad de poder político efectivo, que sólo vio la luz luego del pacto de la coalición izquierdista con el gobierno de Piñeira. Ese pacto aseguró la continuidad del gobierno y de las instituciones existentes, y estableció condicionamientos en cuanto a una mayoría calificada para aprobar un nuevo texto constitucional. El otro componente, no escrito, de ese contubernio, fue financiar las necesidades económicas de los trabajadores, creadas por la pandemia, por medio del vaciamiento de las cuentas personales de las AFP. Esto permitió la subsistencia del sistema previsional privado, en momentos en que la reivindicación constitucional más importantes era, precisamente, la estatización del sistema. El texto constitucional redactado, finalmente, por una mayoría de izquierda, quedó plagado de un centenar de derechos en abstracto, incompatibles con la realidad efectiva, que decididamente buscaba preservar. Fue un torneo de oratorias y faccionalismo, cuyo resultado fue el rechazo aplastante del proyecto de reforma por medio de un referendo. La primera manifestación de este repudio a la izquierda había ocurrido con anterioridad en la votación ultraminoritaria de Boric en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en 2021. Boric, segundo en ese turno, atrás de Kast, llegó a la presidencia por medio de un ballotage.

La coalición de gobierno ha manifestado la intención de buscar un acuerdo con la derecha pinochetista ‘moderada’ para sacar, a como sea, un proyecto constitucional. Es lo que ha ocurrido con la misma convocatoria, pactada en el Parlamento y en la designación de una comisión de ‘expertos’, encargados de redactar el borrador de un nuevo texto constitucional. El poder de veto de Kast, sin embargo, la obligaría a consensuar con el ala fascista. Si esto no llegara a prosperar se iniciará una disputa acerca de la responsabilidad por el fracaso del Consejo Constitucional.

La prensa caracteriza que el giro del electorado hacia la derecha obedece a un sin fin de problemas, desde la inflación, la seguridad y la crisis con la inmigración venezolana. Obedece, en realidad, a la política de compromiso de Boric y el PC con el capital financiero de Chile e internacional. El gobierno es responsable de la crisis social que golpea a las masas. Algo similar, en Argentina, determina la posibilidad de que retorne al gobierno la coalición de derecha expulsada en 2019. En Chile, el papel de la CGT de Argentina lo desempeña la CUT, que ha bloqueado las luchas contra el gobierno al cual se encuentra atada.

La pequeñoburguesía izquierdista que se ha acomodado a los privilegios materiales del poder, ahora reclama un acuerdo con el fascismo. Camila Vallejo, vocera de Boric, que se hiciera famosa ocupando, como Boric, la primera fila de las manifestaciones estudiantiles contra Bachelet, lo plantea con todas las letras (La Nación, 9/5): “ningún sector basta sin el otro, ningún sector es autosuficiente. Es muy fácil defender sólo las ideas propias”, dice sin el menor indicio de vergüenza, “y atrincherarse en esas ideas. Antes fue un sector, hoy día podría ser el sector de la vereda de enfrente. Lo difícil es llegar a acuerdos”, concluyó. Vallejo, además de mentir, porque su bloque acordó con Piñeira la política a seguir frente a la rebelión popular de 2019, no ha tenido nunca otras “ideas propias” que la conciliación de clases, ahora con Kast. Como el español Podemos, antes, la coalición de gobierno de Chile ofrece una lección imperdible: que el arribismo parlamentario lleva siempre, ineluctablemente, al compromiso directo con el gran capital.

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