Escribe Pablo Busch
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Sergio Massa comunicó a través del boletín oficial su pedido al Ministerio de Desarrollo Social de "dar de baja los planes" de aquellas personas que participaron de los saqueos ocurridos la semana pasada.
Se trata de una medida de corte fascista por donde se la mire. En primer lugar, sobre los detenidos no pesa todavía ninguna condena judicial por los hechos, es decir que el candidato a presidente ha decidido suprimir de un plumazo el derecho de defensa y el principio de inocencia de los ciudadanos. En segundo lugar, porque busca condenar "en forma ejemplar" a los acusados, cuando ni el Código Penal ni las leyes permiten este tipo de condenas. Massa también se saltea la división de poderes del Estado, revistiéndose de atribuciones propias del Poder Judicial.
En el Boletín Oficial Sergio Massa intenta diferenciar: "el plano delictual -ámbito de la justicia- del punto de vista de "la gente de laburo, el comerciante y el supermercadista que de alguna manera trabaja todos los días y fue víctima de un delito”. Como otras veces Patti, Aldo Rico o Patricia Bullrich, Massa busca colocarse como un vocero de los reclamos de mayor mano dura de "la gente de laburo".
Hay quiénes sospechan que detrás de los robos en banda o saqueos de la semana pasada habría una mano negra que buscaría desestabilizar al gobierno. La vocera presidencial, Cerruti, acusó a Javier Milei. Otros dispararon contra Patricia Bullrich, quien habría conseguido rearmar su eje de campaña alrededor de la seguridad. Desde este punto de vista, penalizar económicamente a los supuestos participantes no suma nada a esclarecer quién está detrás. En última instancia los que estuvieron en los saqueos serían solanente participantes secundarios de la supuesta maniobra desestabilizadora.
Este punitivismo estatal con los saqueadores de abajo, no aparece nunca con los saqueadores de arriba. No se lo vio a Massa reclamarle a la ANSES el fin de la jubilación y pensión de privilegio de la vicepresidenta Cristina Fernández, condenada por la causa de Vialidad, ni la suspensión de los derechos económicos de Mauricio Macri, procesado por contrabando y espionaje ilegal. Tampoco se planteó ninguna restricción económica contra el grueso de los principales capitalistas del país, que confesaron el pago de coimas en la causa Cuadernos. El saqueador número uno del país -el Fondo Monetario Internacional- es, según las propias declaraciones del ministro, quien toma las decisiones claves del Ministerio de Economía de Sergio Massa.
Una vez más, los saqueadores de arriba buscan hacerse carne y uña con el rechazo de los trabajadores a los saqueos "de abajo". En un intento similar, De la Rúa decretó el Estado de Sitio del 19 de diciembre de 2001 que desató la rebelión popular que lo llevó a la caída.
El reclamo fascistizante de "darle de baja los planes" a quienes cortan rutas, enfrentan la represión, etc. es largamente agitado desde los medios opositores, en particular contra los trabajadores extranjeros que integran las filas de las organizaciones populares. Las organizaciones populares deben rechazar esta medida fascista y no colocarse en un campo común con el Estado.
La medida conlleva una clara línea de acción, y apunta a crear un precedente: primero quienes participaron de los saqueos, luego quienes organicen piquetes, después quienes enfrenten la represión y así. Massa se alinea en la hoja de ruta de la reforma constitucional de Gerardo Morales -apoyada por el peronismo jujeño. El corte fascistizante de esta medida demuestra, en definitiva, el fraude que representa llamar a votar a Massa para que en octubre no gane la derecha.
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