Empresarios con licencia para matar

Escribe Pablo Busch

El decreto de Macri que baja las indemnizaciones por accidente.

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El Gobierno argumenta que mantener este tipo de intereses por las nubes incentiva a los trabajadores a no llegar acuerdos preliminares y optar por llevar los juicios hasta el final, lo que satura las oficinas del poder judicial. La tasa de interés de referencia, a la que solo tienen acceso los bancos a través de las Leliqs, sería para los trabajadores accidentados una tasa de interés que fomenta la avaricia.

“La industria del juicio laboral”

Hace pocos días, un trabajador tercerizado en la construcción de la remodelación del aeropuerto de Ezeiza murió al derrumbarse el andamiaje. Tanto la UOCRA como el gobierno de la provincia de Buenos Aires habían advertido que las condiciones de trabajo de la obra no eran las correspondientes. La UOCRA y el gobierno de Vidal son co-responsables de las muertes obreras, porque a pesar de la denuncia no hicieron nada para que se detenga. La contratista de Caputo eligió continuar con la obra para llegar a tiempo a la inauguración antes de la elección. Los creadores de la “industria del juicio” no son los trabajadores, sino los empresarios. Según un informe publicado en el programa radial “De acá en más”, la cantidad de muertos en la industria de la construcción ronda los 700 anuales, sólo entre los trabajadores registrados. Si se tiene en cuenta que la mayoría de las obras no está registrada, la tasa debe sobrepasar de más de dos muertos por día. La tasa de desocupación creciente ejerce una presión mayor sobre los trabajadores que luchan por permanecer trabajando. A eso hay que sumarle el resto de las industrias, en las que se calcula que muere un trabajador cada 20 horas. En este marco, el decreto de Macri no es otra cosa como una licencia para matar trabajadores a la clase capitalista. El decreto presidencial de Macri es la continuidad de la Ley de ART impulsada por el kirchnerismo, que eliminó “la doble vía” -obligando al trabajador a optar entre la indemnización de la ART o el juicio laboral-, forzando al arreglo a la mayoría, lo que representó un ahorro para las aseguradoras de por lo menos 25 mil millones de pesos.

Qué hacer

Es una tarea de las comisiones internas, los cuerpos de delegados y los sindicatos de lucha intervenir en las fábricas quebrando esta ofensiva en su mismo origen, con delegados electos por los trabajadores, que tengan poder de veto ante los peligros y con facultades para alterar los ritmos de la producción a favor de la salud integral del trabajador La necesidad del establecimiento de “protocolos de trabajo” de delegados y comisiones internas que impidan los accidentes se ha transformado en una necesidad objetiva frente al despotismo patronal y del Estado. El decreto de Macri sobre las indemnizaciones es una profundización en el camino de deslindar a la patronal por el daño causado por la empresa, es por eso que hay que terminar con el régimen de las ART que constituye una masacre laboral.

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