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El lunes 4, Política Obrera realizó un acto público frente a la sede de EDET, la empresa proveedora del servicio eléctrico domiciliario, frente al anuncio de un aumento tarifario del 60%. Este aumento pasó desapercibido para la mayoría de los medios y desde ya para el conjunto de la población. Según el mecanismo acordado con la empresa concesionada, antes de imponerse un nuevo cuadro tarifario, el ERSEPT (Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán) debe convocar a una audiencia pública, avisada en medios de difusión masiva, como son los medios televisivos, las redes sociales y los medios gráficos de mayor difusión para que la población pueda estar informada de la misma. El ERSEPT no hizo nada de ello. Solo publicó un anuncio de audiencia en el Boletín Oficial que nadie lee y lo hizo mediante plazos completamente apresurados. Así, la resolución se adoptó el 14 de agosto (el día después de la PASO), la publicación el 15, y la instancia “pública” trucha el 16 a la que solo concurrieron un representante de EDET y uno del ERSEPT.
Este tarifazo de la luz se enmarca en toda una ola de aumentos previstos de los servicios públicos como semanas atrás ocurrió con las tarifas del transporte de pasajeros. En la agenda están previsto los aumentos del gas y el agua.
Los tarifazos forman parte de las condiciones impuestas en la última negociación con el FMI por la cual el gobierno se compromete a reducir los subsidios a las empresas de servicio concesionadas y reemplazarlo con aumentos tarifarios.
En el propio acto partidario, se hacían presentes vecinos a los que se les había cortado el servicio de luz por la imposibilidad de poder pagar las nuevas tarifas. Por ahora son casos aislados pero que van a tender a generalizarse a medida que lleguen las nuevas boletas.
En función de esta posibilidad -que comience una ola de corte del servicio- el Defensor del Pueblo presentó un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso y Administrativo para que suspenda los aumentos y obligue al ERSEPT a convocar la audiencia pública cumpliendo todo el protocolo. El tema es que, si la justicia falla a favor de la demanda, el ERSEPT puede llamar a la audiencia -su resultado no tiene el carácter vinculante- y proceder a aplicar el aumento en curso.
El aumento va efectivamente a provocar una ola de corte de servicios. Ya circulan boletas de hogares de escasos recursos con valores impagables. EDET se lava las manos y procura sacar los máximos beneficios sea por medio de aumentos de los subsidios, que hoy son cuestionados por los acuerdos con el FMI o por el aumento tarifario, sin que ello redunde en una mejora del servicio. Ya, con los primeros calores, se han producido corte de los servicios que obedecen a la falta de inversión, una cuestión que se va a agravar si se cumplen los pronósticos de que vamos a tener una primavera y verano con temperaturas extremas.
En el acto de Política Obrera a cargo de Daniel Blanco, cubierta por medios televisivos e incluso uno de ellos transmitiendo en vivo, se denunció toda esta situación, se explicaron las limitaciones insalvables del accionar del ombudsman (Defensor del Pueblo a cargo de un dirigente del jaldismo), y se planteó la necesidad de convocar a asambleas en los barrios para impulsar la movilización contra los tarifazos e imponer el no pago de las nuevas tarifas y la defensa del servicio para impedir los cortes. Se destacó la necesidad de unir la lucha contra los tarifazos con el conjunto de luchas que están emergiendo por el salario, el trabajo y los derechos laborales. Solo así, con una lucha masiva de conjunto se podrán frenar realmente los tarifazos y avanzar para que se abran los libros de las empresas para sacar a luz no solo los grandes beneficios, las violaciones de la concesión y la necesidad de poner fin a todos estos negociados, y que las empresas pasen a manos del Estado bajo control de los trabajadores.
Fue precisamente en Tucumán donde se produjo una gran lucha que provocó la primera crisis de una empresa privatizada, bajo el gobierno del ex general Bussi. Fue en el servicio del agua, donde no solo las tarifas impagables fueron motivo de protestas, sino que el servicio de agua sin potabilizar fue el precipitante de un consenso general de no pago de las facturas que obligó a la empresa francesa Vivendi, unos de los mayores monopolios en este rubro, a abandonar la concesión y el servicio del agua volvió a manos del Estado.
