La crisis política se llevó puesto al impuesto al salario

Escribe Marcelo Ramal

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En el esfuerzo por remontar la cuesta del derrumbe electoral y, principalmente, por postergar una irrupción de los trabajadores, el gobierno ha pagado un precio importante. La Cámara de Diputados le dio media sanción a la eliminación del impuesto a las “ganancias” sobre el salario, y se descuenta un resultado similar en el Senado. La lucha por la derogación del “impuesto al salario” fue objeto de huelgas y movilizaciones, en muchos casos autoconvocadas, como ocurría con las que convocaba el SUTNA de San Fernando años atrás. En diferentes conflictos fabriles, las patronales debieron absorber a su cuenta el fuerte impacto de este impuesto.

Ayer, Massa celebró su aprobación desde un palco, con quienes nunca se propusieron una lucha consecuente para derogar el impuesto confiscatorio: la cúpula de la CGT, en sus diferentes vertientes. Algunos interpretaron la presencia de Moyano, Daer y otros como un salvavidas a Massa: pero la desprestigiada burocracia sindical no tiene condiciones para salvar a nadie, mucho menos electoralmente. Las cosas son más bien al revés: la eliminación de ganancias es un rescate oficial a las direcciones de los sindicatos, en momentos en que la inflación está haciendo añicos al precario esquema de paritarias en cuotas recientemente negociado. El cimbronazo devaluatorio e hiperinflacionario que se prepara para después de las elecciones terminará de degradar esos acuerdos, que fueron saludados triunfalmente por todos los que lo firmaron. El gobierno lo sabe mejor que nadie y apuesta a recuperar al menos una parte de las medidas “sociales” anunciadas en estos días, con el salto recaudatorio que implicará la inflación. Sin perjuicio de ello, con la derogación de ganancias debió ir más lejos, pues ha debido conceder una eliminación permanente de un impuesto que gravaba los salarios.

Por encima del impuesto mismo, la sesión del Congreso ha sido harto instructiva, como paisaje de una desintegración política que no deja en pie a ninguno de los bloques que se disputan la elección. El gobierno ha pateado para adelante las contradicciones fiscales que plantea la supresión de “ganancias”, en primer lugar, para compensar la caída de los ingresos coparticipables de las provincias. Aunque el voto en el Senado pareciera “políticamente” garantizado, sólo se podrá asegurar con compensaciones a los gobernadores en materia de ingresos. Como la permanencia del actual gobierno es más que improbable, esas compensaciones tendrán que asegurarse en el presupuesto 2024. La vigencia efectiva de la “eliminación de ganancias”, en estas condiciones, está por verse.

La sesión de Diputados tuvo la “novedad” del voto favorable de Milei y compañía. Defendió su voto con un planteo estratégico -la ganancia no debe gravarse, entendiendo por ello al verdadero y único lucro-, el del capital. Adelantó una orientación que toda la burguesía reclama y que no es ajena a los otros “dos tercios” de la política patronal: reforzar un régimen de impuestos que repose sobre el consumo de la población trabajadora y exima progresivamente a la propiedad y al capital. El libertario se sirvió del falso impuesto a las “ganancias” para propagandizar una orientación fondomonetarista que Massa y los suyos conocen muy bien. La eliminación de algunos regímenes “especiales” para sectores de la industria prepara el terreno para una gran reivindicación de la burguesía como es ofrecer, en compensación, un tratamiento menos gravoso para el impuesto a las ganancias en general. De todos modos, lo de LLA no es una cuestión de argumentos: el voto favorable a la ley del gobierno fue, por sobre todas las cosas, una señal política; un eventual gobierno Milei podrá tener sus apoyaturas en la burocracia sindical y parte del aparato pejotista.

El premio a la impostura se lo llevó, naturalmente, la bancada de "Juntos por el Cambio", que votó contra la derogación del impuesto en nombre del equilibrio fiscal y la necesidad de evitar caer en el “abismo hiperinflacionario”. Ninguno de los ´prestigiosos´ economistas, que ocupan la bancada macrista y que se rasgaron las vestiduras con el ´impacto fiscal´ de la derogación de ganancias, ha abierto la boca sobre el “impacto” inflacionario del rescate de la deuda pública en pesos a manos del Banco Central –una medida massista que representa varias veces el conjunto del paquete social anunciado en las últimas semanas-. Los diputados macristas se adelantaron a responsabilizar de la “hiperinflación que viene” a la derogación del impuesto al salario, cuando el desquicio monetario tiene como razón de fondo a una política sistemática de salvataje al capital –al menos desde la pandemia hasta hoy-. Ese rescate confiscatorio hacia las masas ha sido avalado y tolerado por el FMI, desde que se suscribió el acuerdo que fuera votado a dos manos por los Laspina, Tetaz y compañía. En cualquier caso, los macristas no pudieron evitar que el grupo de diputados de Lousteau-Yacobitti prestara quórum al proyecto de Massa, aunque luego votaran (inocuamente) en contra. También se ausentaron del recinto los gobernadores de San Juan y Río Negro, adelantando los acuerdos políticos que sostendrán si JxC quedara fuera del balotaje y del futuro gobierno. El deshilachamiento del radical-macrismo también tendrá consecuencias en la elección porteña, si los radicales se empeñan en empujar el ingreso de Santoro a un balotaje.

Con la derogación de ganancias, los partidos capitalistas no solo pagaron un “costo fiscal”: también han vivido una derrota política y, se quiere, conceptual. A los reclamos obreros se los suele enfrentar con el muro de las “imposibilidades fiscales”, en el caso del Estado, o de un “escenario económico” que inviabiliza ampliar el “fondo de salarios” para los trabajadores. Pero en este caso, y en medio de una crisis política y un escenario social explosivo, el régimen político se ha burlado de sus propias imposturas contra los trabajadores: en un santiamén, derogó una medida confiscatoria contra la clase obrera. Naturalmente, su cumplimiento y certeza es tan precaria como el propio régimen que la prohijó. Pero los trabajadores deben sacar todas las lecciones del caso, para empujar con su lucha y su iniciativa una salida propia a esta crisis.

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