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El Gobierno anunciará esta tarde una suba por decreto del piso del Impuesto a las Ganancias a un millón de pesos brutos que regiría a partir de octubre. Además, Sergio Massa anunciará también la presentación de un proyecto de ley para reformar la estructura completa del impuesto y que a partir de 2024 alcance solo a los directores de las sociedades anónimas, los CEO, gerentes y subgerentes y las jubilaciones y pensiones de privilegio.
El piso del Impuesto había arrancado 2023 en 404 000 pesos, por lo que la suba del piso al millón de pesos equivale solo a su actualización por inflación. Entre medio, el gobierno había instrumentado una serie de medidas de alivios al impuesto, que tenían como eje excluir del alcance de ganancias los ítems salariales vinculados a la flexibilidad laboral. Estas medidas se hicieron manteniendo el piso desindexado; pasó a 506 000 desde el mes de mayo y luego a 700 000 a partir de agosto, una actualización muy por detrás de la inflación, por lo que la estructura general del impuesto alcanza ahora a más trabajadores que en 2022.
La otra parte del anuncio, el envío del proyecto de ley "para que los trabajadores dejen de pagar ganancias" no pasa de un anuncio de campaña electoral, un calco de lo realizado por Macri en 2015. El Gobierno no reúne hoy los votos para aprobarlo. Massa miente con plena consciencia de la trampa que implica el doble anuncio: un alivio mínimo en el piso, un proyecto de ley sin futuro.
El anuncio de Massa apunta a darle letra a la burocracia sindical, luego del fracaso de la suma fija que los gobernadores se negaron a pagar y los dirigentes sindicales se negaron a cobrar, acordando que sean absorbidas por las paritarias. Todo esto en las vísperas de una escalada hiperinflacionaria y de una nueva devaluación impulsada por el "dólar soja 4".
Es probable que la discriminación de los ingresos de directores y gerentes en cuanto al impuesto, del alcance que le da para el resto de la población será rechazada por antijurídica e incluso inconstitucional. En la práctica sería una abolición de un impuesto clave, el impuesto a los ingresos, que en nuestro caso es denominado ‘ganancias’. Se trata de un impuesto llamado “directo”, cuya supresión dejaría al sistema impositivo descansando sobre los “indirectos”, que gravan las ventas. El sistema cobraría, en este caso, un fuerte carácter regresivo, porque perjudicaría más a quienes ganan menos y menos a quienes ganan más. El reformismo social ha reclamado siempre lo contrario: un impuesto progresivo a los ingresos, a partir de cierto monto, que se convierte en parcialmente confiscatorio para los estratos subsiguientes, y en confiscatorio pleno en los tramos superiores (alícuotas del ciento por ciento del último tramo). Elon Musk, por caso, un patrimonio declarado de 250 000 millones de dólares, vería confiscado el 90 % de los ingresos que produce ese patrimonio.
El proyecto que anuncia Massa para después de las elecciones, cuando probablemente deje el gobierno, es una improvisación de campaña. Pretende usarlo en los debates de campaña, donde podría ser maltratado sin piedad, sin trasladarlo al debate legislativo. Las plataformas de los candidatos del FMI incluyen un capítulo de reforma fiscal que apunta a bajar los impuestos a los patrimonios y las ganancias empresarias, e incluso a los ingresos personales, y compensar la menor recaudación con un corte más brutal a la asistencia social y al sistema jubilatorio. Para un Estado quebrado por deudas impagables, sería una declaración formal de bancarrota.
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