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Hace dos días, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires ha solicitado a los equipos directivos y secretarias consignar como ausencia “sin justificación” la adhesión a la huelga de los días 3 y 4 de octubre pasados. La docencia paró masivamente en reclamo de aumento salarial. El texto que difundió el gobierno está dirigido a “toda la comunidad educativa”, con el claro intento de enfrentar a las familias con los docentes. Al interior de las escuelas, se están produciendo choques entre maestras y profesores y los directivos que pretenden aplicar la resolución del gobierno provincial. Recientemente el gobierno provincial ha ejecutado numerosos descuentos por paro en el salario correspondiente al mes de septiembre, de hasta $50 mil pesos.
El “soviético” Kicillof pretende que los descuentos funcionen como castigo a los docentes que adhirieron a la huelga. Ha circulado también por diferentes medios que el gobierno está pidiendo la lista de los docentes que pararon. Cuenta con el acompañamiento entusiasta de la lista celeste de SUTEBA, que al mismo tiempo bate el parche de “combatir a la derecha”, mientras persigue a la docencia que lucha por el salario. Considerar “ilegal” una huelga que no fue convocada por la central sindical provincial, que conduce Roberto Baradel, busca liquidar el movimiento autoconvocado que se está incubando al interior de las escuelas bonaerenses, porque no le piden “permiso” a sus dirigentes para defender su agenda de reivindicaciones. El gobierno de Unión por la Patria se emparenta con los planteos reaccionarios de Milei y Bullrich, quienes también buscan “terminar con los paros docentes”, declarando a la educación servicio esencial. Sergio Massa no se cansa de repetir su intención de premiar a la docencia con un presentismo para desalentar las huelgas.
La “legalidad” de una huelga no responde a un hecho administrativo o sobre el alcance de una personería gremial, sino que es dada por la soberanía de los trabajadores que deciden hacerla. En este caso, el paro fue convocado por tres de las 135 seccionales que tiene el SUTEBA y la docencia de forma autoconvocada decidió adherirse, incluyendo sectores de la base de la lista celeste. La burocracia sindical tiene la personería legal pero no el aval de la docencia, que la repudia y no se siente representada por su accionar, como quedó de manifiesto en las últimas elecciones con un nivel de ausentismo récord y un proceso de desafiliación que continúa. Cuando los sindicatos se vacían, quedan reducidos a un mero sello burocrático.
En un contexto marcado por una perspectiva hiperinflacionaria y una megadevaluación, cercenar el derecho a la protesta apunta a que la docencia acepte “sin chistar” la destrucción de los salarios y las condiciones laborales. Un planteo reaccionario y antiobrero. El gobierno ha respondido a los paros que reclaman por aumento salarial con una campaña antihuelga, descuentos y sanciones.
Promovemos la realización de asambleas y pronunciamientos por la organización de un paro por tiempo indeterminado, por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar por cargo, indexado por inflación y para defender nuestro derecho a huelga.
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