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Las encuestadoras ecuatorianas dan por futuro vencedor al derechista Luis Noboa, de Alianza Democrática Nacional, en las elecciones de segunda vuelta del próximo domingo 15. Aseguran una ventaja de 10 puntos sobre su rival, la correísta Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana. El 55 %-45 % que arrojan las encuestas están en duda, sin embargo, por el gran desacierto de las mismas encuestadoras durante la campaña de la primera vuelta, que colocaba a Noboa último con el 2 % (terminó segundo con el 23 %) y a González muy por encima del 33 % finalmente obtenido. El 56 % obtenido entre ambos candidatos demuestra el nivel de fragmentación que ha alcanzado el régimen político ecuatoriano y la volatilidad del electorado para la segunda vuelta. El derrumbe del correísmo como fuerza política se refleja también en el hecho de que la candidata de Revolución Ciudadana decidió dejar de mencionar en su campaña al exmandatario Rafael Correa, en la especulación de que esto le acarreaba una pérdida de votos.
La campaña electoral se encuentra atravesada por una inmensa crisis política y social, con un aumento exponencial de la criminalidad y el narcotráfico que ha desnudado sus vínculos con el régimen político. El escándalo del asesinato de uno de los candidatos favoritos durante la campaña de la primera vuelta, Fernando Villavicencio, puso en evidencia que la escalada criminal había tocado un tope sin precedentes. Por ese asesinato, fueron detenidos 6 ciudadanos colombianos residentes en Ecuador a los que se vinculaba con una banda narco. El pasado viernes, esos seis presos fueron asesinados en una cárcel de Guayas, en medio de un confuso episodio producido en un motín de reclusos. Los asesinados habían solicitado previamente el traslado a otra cárcel con mayores garantías para su seguridad, ya que la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil alberga en su mayoría a miembros de las bandas narcos de la región y los asesinatos de internos superan los 430 desde 2021. Según los medios locales, los distintos pabellones se encuentran controlados por cada una de las bandas narcos que imperan en la región.
La masacre de los seis colombianos se produjo luego de que éstos fueran trasladados a aquella prisión el 12 de septiembre, tras el ataque de un dron con explosivos a la prisión de máxima seguridad de La Roca donde se encontraban anteriormente. Queda claro que el asesinato de los acusados por el crimen de Villavicencio fue largamente anunciado. Según el informe penitenciario, que explica poco acerca de los hechos del motín y de la masacre, sostiene que los seis asesinados fueron ahorcados y que no presentan signos de heridas fruto de algún combate.
El presidente Guillermo Lasso, que se encontraba entonces en Estados Unidos, suspendió su gira y convocó de urgencia al Gabinete de Seguridad. Luego, utilizó las redes sociales para sentenciar: “ni complicidad ni encubrimiento, aquí se conocerá la verdad”; un desatino, teniendo en cuenta que los detenidos que podían llevar a “la verdad” fueron asesinados bajo la custodia del propio Estado y con la participación necesaria de éste en el crimen. Unos días después de la masacre de la Penitenciaría de Guayaquil, fue asesinado en Quito otro preso que se encontraba investigado por el hecho de estar también implicado en el crimen de Villavicencio. Luego de este hecho, Lasso decretó la reorganización del alto mando policial y ordenó remover a la autoridad penitenciaria y al jefe de investigaciones de la policía.
Una semana atrás, la viuda de Villavicencio había denunciado un atentado contra su vida. Los candidatos al balotaje, por su parte, hacen su campaña electoral protegidos con chalecos antibalas.
En el debate presidencial, ambos hicieron alusión a la escalada criminal que azota al país. Con pocas diferencias entre sus respectivas propuestas, los dos candidatos propusieron salidas “a la Bukele”. Noboa propuso crear “unidades de vigilancia ciudadana” en los barrios, la creación de “cárceles barcazas” para aislar a los presos y estrechar la cooperación con las fuerzas represivas del gobierno israelí. La candidata del correísmo, por su parte, propuso “mano dura” y destinar 500 millones de dólares a reforzar a las fuerzas represivas, así como la militarización de cárceles, aduanas, puertos y aeropuertos como medida para enfrentar el crimen y el narcotráfico, intentando encubrir la ostensible complicidad de las fuerzas represivas con los cárteles de la droga. González también aludió a la “coordinación internacional”, aunque omitió mencionar los países con los que pretende cooperar.
Los candidatos se adjudicaron mutuamente vínculos con bandas narcos. González recordó que el exministro Bernardo Manzado, que renunció a su cargo por denuncias de estar involucrado en una trama de tráfico de influencias, era parte del grupo de Noboa. Por otra parte, también se mencionó a José Serrano, exministro del Interior de Rafael Correa, que estuvo involucrado en casos de narcotráfico.
Sobre los demás asuntos tratados en el debate presidencial, los medios destacaron la “baja intensidad” del encuentro. La propuesta de ambos candidatos en materia de crisis económica se centró en invertir y mejorar la actividad petrolera, como salvataje de la economía en su conjunto. Ante la acusación que Noboa realizara a González acerca de su posible intención de “desdolarizar” la economía, la candidata correísta lo desmintió argumentando que “ya van 15 años con el cuento de la desdolarización” y agregó que “fue mi bancada la que propuso que en nuestra Constitución conste el dólar como moneda”.
La crisis migratoria que atraviesa América Latina fue omitida por los candidatos. Sin embargo, el país acaba de alcanzar cifras récord de migrantes ecuatorianos deportados desde Estados Unidos. Entre enero y agosto de este año, la cifra alcanzó casi 13.000 ecuatorianos deportados. Durante el mismo período de meses del año 2022, la cantidad de deportados había sido de 1.326, según la Subsecretaría de Migración. Luego de su pasada por México, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, viajó a Quito en una gira para desalentar la migración hacia EEUU. Algunos analistas aseguran que el gobierno ecuatoriano debe promover la aplicación del Estatus de Protección Temporal (TPS en sus siglas en inglés), una figura de la normativa norteamericana para los migrantes que están en Estados Unidos provenientes de países azotados por desastres naturales o por olas de violencia, aunque se trata sólo de un beneficio temporal que no supera los 18 meses, con posibilidades de extenderse.
Las escasas medidas propuestas por los candidatos, sin embargo, se encuentran condicionadas por la crisis política. El mandato del que fuera vencedor será de apenas 18 meses, para completar hasta 2025 el período del actual presidente Guillermo Lasso, quien debió recurrir a la “muerte cruzada” (disolución de la Asamblea Nacional y convocatoria a elecciones anticipadas) para evitar el juicio político.
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