Escribe Jacyn
Se profundiza la crisis de las locaciones para viviendas.
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La Cámara de Diputados refrendó este martes los cambios introducidos en la Ley de Alquileres por el Senado. Se registraron 128 votos a favor y 114 en contra. No hubo abstenciones. A favor votaron los diputados del Frente de Todos (FdT) y el Movimiento Popular Neuquino, incluido el gobernador electo de aquella provincia, Rolando Figueroa. También la acompañaron dos legisladores de Identidad Bonaerense, dos socialistas, una de Córdoba Federal (Natalia De la Sota, quien se apartó del voto de sus compañeros del bloque schiaretista), uno de Juntos por Rio Negro (el otro votó en contra), dos del Frente de la Concordia y los cuatro del FIT-U. Juntos por el Cambio se opuso. Mientras que el bloque de UxP exhibió asistencia casi perfecta -se ausentó un solo diputado-, a JxC le faltaron 11 legisladores. En el caso del gobernador electo de Santa Cruz, que votó a favor del proyecto de JxC semanas atrás, en esta ocasión faltó a la sesión. Esto induce a pensar en una defección significativa entre quienes habían promovido el proyecto original.
La media sanción que JxC había logrado originalmente en Diputados proponía reducir de tres a dos años la duración de los contratos y de un año a cuatro meses el periodo de indexación. El índice de actualización sería el que acordaran las partes. Eran los planteos fundamentales de la Cámara Inmobiliaria frente a la caída de la oferta en el mercado de alquileres. En el Senado primero y ahora en Diputados de forma definitiva, estos cambios fueron parcialmente revertidos. Se mantiene la duración de tres años para los contratos, pero los montos de los alquileres se actualizarán cada seis meses de acuerdo al coeficiente Casa Propia que publica el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, en reemplazo del Índice de Contratos de Locación (ICL). Toma el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo periodo. Los contratos vigentes siguen rigiéndose bajo la ley anterior. Actualmente, la actualización ronda el 120 %, escalando.
Según la opinión de un economista especializado en materia de vivienda, Federico González Rouco, citado por La Nación (11/10), “Ajustar cada seis meses por Casa Propia rinde lo mismo que anualmente por el ICL”. Para el inquilino, la variación salarial será considerada en un 90 % en el cálculo de la fórmula. Significa, para el gobierno, que el precio de los alquileres acompañará la evolución de los salarios. Sin embargo, es un galimatías. El monto del alquiler se lleva, en promedio, el 50 % de un salario, o el 100% de uno de los diversos ingresos familiares. Por otro lado, desde que se sancionó la ley de alquileres, hace tres años atrás, los precios tuvieron un incremento exorbitante, pues los propietarios pretendieron cubrir su renta con un año de anticipación e incluso se celebraron contratos con pago anticipado. El punto de partida para los nuevos contratos es altísimo. La ley sancionada no introduce ningún desagio a los niveles actuales, ni para los contratos vigentes, ni para los que se convengan a partir de ahora.
Otro de los cambios que se introducen establece que los contratos y la publicidad de los alquileres deberán formularse en moneda local, algo obvio con una indexación por salarios o por una combinación con la inflación. La restricción obstaculizaría un aumento de la oferta, cuando se prevé, junto a una megadevaluación poselecciones, una fuerte dolarización monetaria.
De acuerdo al kirchnerismo, se verán beneficiados ocho millones de inquilinos; una afirmación irresponsable, porque la ley no asegura el desbloqueo de la oferta. En realidad, la nueva ley no va a resolver nada.
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