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El gobierno acaba de lograr algo que parecía difícil: agravar todavía más la crisis de los alquileres en CABA y los grandes centros urbanos del país. Comenzó a circular la versión de que se suspendería por decreto la actual ley de alquileres, sancionada en 2019. Esa 'suspensión' dejaría vigente a la ley anterior, que establecía dos años de contrato y reajustes semestrales para las locaciones. La norma actual, en cambio, fija tres años y ajustes anuales, condiciones a las que los círculos inmobiliarios culpan por la “escasez de oferta”.
El decretazo, entonces, cumpliría con uno de los reclamos de las cámaras de propietarios, que es retrotraer la actual ley. Para ello, el gobierno pasaría por encima del Congreso, imitando nada menos que a la “maldita” Corte Suprema, que mandó al archivo –aunque con seis años de retraso– a la ley relativa al funcionamiento del Consejo de la Magistratura. A pesar de ello, el posible decretazo fue recibido con desconfianza por todas las partes en disputa. Las asociaciones de inquilinos denuncian un golpe de mano a favor de los propietarios. Pero las inmobiliarias temen que el decreto desate impugnaciones judiciales, que dejen en un limbo a los propios contratos de alquiler.
Aunque el decreto está por verse, el revuelo causado por su sola versión ya es irreversible: ahora, la paralización del mercado de alquileres se acentuará y, allí donde se produzcan contratos, será por afuera de los términos legales y en muchos casos, de la propia moneda nacional. La dolarización del mercado de alquileres, que se atribuía a las locaciones turísticas, será precipitada por los “nacionales y populares”. A su manera, Massa y los Fernández han desatado su propio “golpe de mercado” sobre los alquileres, con consecuencias todavía más lesivas para los inquilinos. La zozobra será utilizada para precipitar una ley “de consenso”, que responda a los reclamos del capital inmobiliario.
Las verdaderas causas
Nadie cree, sin embargo, que una reforma de la ley actual supere la crisis habitacional. Los círculos inmobiliarios dicen que la penuria de alquileres es la consecuencia de un régimen “benigno” para los inquilinos. Apuntan centralmente contra el ajuste anual, el cual, en un contexto inflacionario, licúa los valores del alquiler en los once meses posteriores. Lo que no dicen es que las inmobiliarias “corrigen” esa depreciación reclamando precios abusivos por el alquiler inicial. Hacen lo que no hace la burocracia sindical en las negociaciones paritarias: en vez de correr “de atrás” a la inflación -como ocurre con el salario- los que manejan la oferta de locaciones se adelantan a ella, con elevados valores iniciales. Luego, el ajuste anual es un mix entre el índice de precios y el de salarios, donde el primero siempre resulta ganador. Por lo tanto, el inquilino asalariado termina afrontando un alquiler que aumenta más que sus ingresos. Ese cálculo, además, no tiene en cuenta a las expensas, que suben todavía más que la inflación promedio.
Las organizaciones de inquilinos han denunciado reiteradamente la existencia de unas 300.000 viviendas ociosas en la CABA, la quinta parte del parque habitacional de la ciudad. Esta denuncia suele acompañarse con el planteo de impuestos progresivos a sus propietarios; en el caso del gobierno, el meneado “decretazo” promete exenciones impositivas a quienes decidan ponerlas en alquiler, es decir, una política de subsidios al capital inmobiliario. Pero es probable que esas disposiciones fracasen, porque una parte muy importante de esas viviendas nunca irá al mercado de alquileres o, al menos, al de los inquilinos trabajadores. En CABA, durante las últimas tres décadas, la construcción sólo ha sido un refugio de valor para el capital financiero y el consiguiente armado de burbujas immobiliarias, que comienzan con la compra de terrenos baratos y, luego, la erección de torres lujosas para su reventa o, en el mejor de los casos, alquiler para turistas o elevados ingresos. Este desarrollo urbano no le aportó un solo metro cuadrado a la necesidad de vivienda -propia o alquilada- de las familias trabajadoras. El proceso de expulsión de la clase obrera de la CABA se acentuó enormemente, mientas la renta del suelo era acaparada por el capital financiero. Para quienes quisieran o precisaran permanecer en la Ciudad, la 'patria constructora' -con el concurso de la Legislatura- habilitó un código urbano que permite vivir en pequeños cubículos de 25 m2, “amenizados”, eso sí, con espacios comunes.
Pero el agotamiento de esta ola especulativa es evidente. Hay una porción de propietarios que mantiene su vivienda ociosa con la expectativa de venderla a precios a los que, sin embargo, nadie está dispuesto a comprar. La propiedad inmueble ya sufrió una fuerte deflación en dólares en los últimos años, pero la que se viene será todavía mayor. La crisis capitalista hará su trabajo predatorio sobre la propiedad inmueble, del mismo modo que lo está haciendo con los títulos de la deuda pública o las acciones de empresas. En el país donde el mercado de deuda y el rescate del capital han acaparado por completo el crédito, el financiamiento de la vivienda social o popular está virtualmente cancelado.
La grave crisis actual plantea una movilización en regla por las reivindicaciones planteadas por los inquilinos, en particular, la puesta a disposición de los inmuebles ociosos y un sistema de registro compulsivo para su colocación en alquiler. El reclamo de impuestos progresivos y confiscatorios a la gran propiedad urbana debe ser impulsado como una transición, para poner fin al monopolio capitalista del suelo y conformar un fondo único que, por un lado, subsidie al inquilino trabajador –el alquiler no puede superar el 15 % del ingreso familiar- y, por el otro, asegure la construcción de las viviendas necesarias para quienes hoy demandan un techo.
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