Cómo enfrentamos esta catástrofe

Con una inflación, para marzo, del 6% mensual, la situación de los trabajadores se torna explosiva. Tarifazos mediante, incluido el aumento de la tarifa de gas, nafta y electricidad que ha producido la guerra entre la OTAN y Rusia, el costo de vida para el año se proyecta como mínimo al 80/100 por ciento. Esto ocurre cuando el salario social es de 16 mil pesos, el mínimo de 33 mil y el promedio de ingresos de los trabajadores registrados y no registrados es de la mitad del costo de la canasta familiar.

La respuesta del gobierno ‘nacional y popular’ no deja lugar a dudas. No tiene previsto aumentar para nada la remuneración de los planes sociales o de los ‘salarios’ que pagan las cooperativas que gerencian planes de trabajo. Ha anunciado que no admitirá la entrega de nuevos planes a los compañeros desocupados o semi-ocupados, que en conjunto representan entre el 15 y 20% de la población activa – tres millones de personas. Bajo la presión de los propietarios y las compañías inmobiliarias ha decidido modificar la ley de alquileres, con la intención de reducir el período de vigencia de los contratos – de tres a dos años o también a uno, y llevar de doce a seis meses la autorización para ajustarlos a la inflación. En cuanto a las tarifas se ha contraído el compromiso con el FMI de aumentarlas en un 40 por ciento promedio.

En estas condiciones, ha ‘sorprendido’ el rápido acuerdo alcanzado entre las patronales, la burocracia de los sindicatos y el gobierno, para adelantar paritarias y acortar su período de vigencia a cuatro meses. La UIA ha reivindicado en forma pública el método de las negociaciones colectivas, donde cuenta con la complicidad de la ‘contraparte’, la burocracia sindical. Esto ocurre en un momento de hostilidad de los empresarios hacia el gobierno debido al aumento del impuesto a las exportaciones de soja elaborada, la intención de revaluar las propiedades inmuebles para incrementar el gravamen sobre ellas y sobre los llamados ‘bienes personales’, y el proyecto de controlar el precio de la harina por medio de un fondo que será financiado por los exportadores y el Estado. Por cuenta separada se ha abierto una crisis en torno a la propuesta de CFK de gravar activos no declarados, cuyo paradero desconocido necesitará de la improbable colaboración de los bancos centrales y las agencias impositivas de los países desarrollados.

El sindicalismo de Máximo Kirchner

La ‘sorpresa’ se diluye, sin embargo, apenas se advierte que las paritarias cuatrimestrales son funcionales a una baja mayor del salario real; un recurso político para dar la impresión de que se los ajusta por períodos más cortos para hacer frente a una inflación elevada. El aumento cuatrimestral, en realidad, evita a las patronales el pago inmediato del deterioro anual que han tenido los salarios en los tres o cuatro últimos años, al punto de convertirlos en los más bajos de América Latina. De otro lado los corrige por la inflación pasada o vencida, cuando la que se proyecta, para ese mismo cuatrimestre, es considerablemente superior. Es lo mismo que ocurre con las jubilaciones, que han vuelto a perder gran parte de su poder adquisitivo porque el ajuste de marzo corresponde a índices de dos trimestres previos. Para combatir la desvalorización de los salarios, los aumentos cuatrimestrales deben estar precedidos por un aumento que compense la totalidad de los perdido en la paritaria vencida y contemplar la proyección de inflación del período subsiguiente.

Este acuerdo de los sindicatos con la patronal, conseguido por otra parte en tiempo récord, pinchó con la misma velocidad la expectativa de que la burocracia de los amigos de Máximo Kirchner – Pablo Moyano, los siderúrgicos de Campana, San Nicolás y Villa Constitución – rompiera con los ‘gordos’ de la CGT, ante el compromiso abrumador de esta con el acuerdo con el FMI. El adelantamiento y acortamiento de las paritarias no hubiera sido posible sin el apoyo, o mejor la iniciativa del grupo Techint, que reina en las dos primeras localidades, y Acindar en la tercera. Lo más probable es que todo este proceso haya sido comandado por esta fracción sindical. En este caso, las huestes sindicales de la Vicepresidenta habrían mostrado su eficacia para salir al rescate del conjunto de la burocracia – en palabras de CFK, ante el extinto José Pedraza – “el sindicalismo que construye”.

Alquileres

En cuanto a los alquileres, en una ‘economía de mercado’ las ‘regulaciones’ del estado capitalista son incapaces de ofrecer una salida y hasta agravan la situación habitacional. A pesar de esta evidencia, los parlamentarios del FIT-U han salido a disputar al gobierno y al macrismo la batalla ‘regulatoria’. El monopolio capitalista del suelo urbano y el financiamiento monopolista de la construcción inmobiliaria, agravan el antagonismo entre la renta del capital y las posibilidades de vivienda de los trabajadores. En el caso concreto actual, los alquileres están afectados, además, por una inflación descontrolada, que convierte a la propiedad del suelo en una fuerte alternativa de valor. La especulación inmobiliaria es la fuente de beneficios más apetecida por el capital financiero a nivel internacional – con la consecuencia de producir crisis épicas, como la hipotecaria y bancaria de 2008. Debido a estas razones, ninguna reforma combinada entre propietarios, inmobiliarias e inquilinos logrará hacer asequible la vivienda a los trabajadores. El arma de los trabajadores en esta crisis es la lucha por el salario. Si, por caso, un alquiler para una familia de cuatro personas, requiere, digamos, 50 mil pesos, el salario debería ser de 500 mil pesos para que represente el 10% del salario, o de 250 mil pesos, si se lo lleva al 20 por ciento; hoy el promedio salarial no cubre ni el 30 o 40% del alquiler de una vivienda. La cuestión de los alquileres, de todos modos, no representa la parte más cruel del problema de la vivienda, porque un número mayor de trabajadores carece por completo de ella, así como de agua potable, luz y gas. La salida para esta crisis tremenda es un plan público de viviendas que debería ser financiado por el sistema bancario y financiero en general, y por lo tanto su nacionalización. La crisis habitacional, como lo demuestra el mundo entero, no tiene salida bajo el capitalismo y menos aún en medio de larguísima crisis mundial que está atravesando. La única salida transitoria a esta crisis es la lucha por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, y por un aumento general de salarios seguido de ajustes mensuales o bimensuales que promedien la inflación pasada con la proyectada.

Un régimen social condenado

A la luz de este escenario, no existe ninguna posibilidad de salida mediante reformas legales. Es, sin embargo, el planteo que hace la izquierda con bancada parlamentaria (FITU). Reemplaza la agitación por la acción directa -las huelgas y las manifestaciones-, por el discurso, ni siquiera por una reforma social o políticamente sostenible. Es necesario que la clase obrera y el movimiento obrero tomen la iniciativa política. El gobierno y el régimen político en su conjunto la han perdido, como se ve en la crisis política abismal que atraviesa el oficialismo e incluso la oposición. Argentina camina sobre una cornisa bajo la supervisión del FMI. Pero con una deuda pública que no cesa de crecer, tanto en su monto como en su costo en intereses, esa ‘supervisión’ apunta a crear las condiciones para un golpe de mano, como sería una hiperinflación y una eventual dolarización. Argentina debe pagar, incluso después del acuerdo con el FMI, 8 mil millones de dólares por intereses, y muchísimo más que eso por la deuda del Tesoro en pesos, ajustada por inflación, y por la del Banco Central. Este cuadro explica que a pesar de un superávit comercial de 15 mil millones de dólares no se incrementen las reservas ni se controle la inflación. Sea como fuere, el informe del FMI que acompaña el memorando de acuerdo, señala el impasse estructural del capital en Argentina – “una débil base de exportación”. Es una lápida sobre el fracaso de la industrialización del país.

La cuestión decisiva, quién tiene la batuta

De nuevo, sólo una iniciativa enérgica de la clase obrera puede defender a los trabajadores en esta crisis, y por medio de esta defensa abrir la perspectiva de un gobierno de trabajadores. El régimen actual no quiere pero tampoco puede ofrecer una salida al mundo del trabajo; la situación política se caracteriza por el parloteo, de un lado, y el inmovilismo y la disgregación, por el otro. Es necesario atacar sin concesiones el acompañamiento al parloteo que desarrolló la izquierda que tiene por norte el carrerismo parlamentario, como un aspecto fundamental para construir un liderazgo político de la clase obrera en una situación catastrófica – incluso internacional.

Esta cuestión será el eje del Congreso de Política Obrera que tendrá lugar la semana que viene, donde discutiremos una campaña de propaganda y de agitación para impulsar la iniciativa de la clase obrera por los salarios (salario mínimo igual a la canasta familiar, con los alquileres, para todos los trabajadores, incluidas las cooperativas de trabajo y las jubilaciones), por un plan de obras públicas de viviendas e infraestructura, por el reparto de las horas de trabajo disponibles, por la apertura de las cuentas de los bancos y grandes empresas. Una agitación que convoque a la unidad del movimiento obrero con los trabajadores desocupados, que desnude la impotencia parlamentaria y que introduzca en el debate el planteo de la huelga general.

Será un eje fundamental del Congreso la lucha obrera internacional contra la guerra imperialista, por la derrota de la OTAN y de Putin por medio de una acción revolucionaria común de los trabajadores de todos los países.