Tiempo de lectura: 3 minutos
Los personeros políticos de la burguesía, los cuatro candidatos que pretenden la presidencia, están jugados al pago de la deuda externa; allí se inscribe la preparación del terreno para la aplicación de una reforma antiobrera que posee, entre sus objetivos, un sistema privatista de la educación. Este plan reaccionario, que como premisa coloca nuestras trayectorias estudiantiles bajo riesgo, y donde los institutos terciarios tienen su lugar de honor, es parte de los estadios finales de un proceso de destrucción de la educación pública que, desde hace tiempo, ha venido desarrollándose.
Esto muchas veces colocó al estudiantado terciario en pie de lucha contra las avanzadas antieducativas que tuvieron lugar por medio de mecanismos diversos: el cierre de carreras (los profesorados de Música de Cafayate y de el de Sistemas en El Carril); la inexistencia de comisiones en distintos horarios; la eliminación de horas cátedra de materias dejadas por docentes jubilados; los limitadísimos cupos de inscripción a carreras; la nula obra pública en un contexto de peligro de derrumbe edilicio de la mayoría de los institutos (la mayoría no cuentan ni con espacio físico propio); el incumplimiento de la Ley de Guarderías para el resguardo de los hijos de estudiantes padres y madres; la modificación de los planes de estudio incorporando, en favor del capital, contenidos 'innovadores' (educación emocional y financiera en carreras docentes) en desmedro de contenidos de formación específica; correlatividades cada vez más restrictivas (el surgimiento de la categoría "Taller" como novedad, es decir, una materia inadmisible de ser rendida libre). Y, junto a todo esto, la introducción encubierta de la privatización de la educación bajo aranceles a inscripciones de cursadas, exámenes finales y el cobro obligatorio de la 'cooperadora'.
Como si semejante combo anti-educativo no fuese suficiente, se suma ahora la novedad del momento: "el sistema de créditos académicos". En Salta, la institución pública donde es implementado es la Escuela de Música José Lo Giudice: consiste en la puesta en marcha de una serie de actividades extracurriculares obligatorias (participación en actos, conciertos, masterclasses, etc.), a cambio de las cuales son entregados una cantidad de créditos específica que el estudiante debe acumular para cumplimentar con el 'monto' requerido y poder inscribirse al año siguiente. Posee la misma función de ‘filtro’ que las correlatividades.
El proyecto fue de carácter inconsulto: digitado verticalmente, guste o no al estudiantado, y flagrantemente ilegal: semejante alteración del Plan de Estudios requeriría, para su ejecución -encima en el segundo cuatrimestre-, la modificación del ROM (Reglamento Orgánico Marco); la maniobra para su aplicación, sin embargo, se consumó infiltrando, entre los contenidos de los programas, los requisitos que el sistema en cuestión exige.
Todo esto opera bajo la bendición estatal de la dirección de educación superior, que le ha dado el ok a la Coordinación Académica de la escuela de música para que lo lleve adelante: en la provincia los designios del gobernador Sáenz -hoy encolumnado en UxP-, son obedecidos independientemente a su carácter, legal o no, por las autoridades de Superior.
Lo más grave de los créditos académicos en la escuela José Lo Giudice es que los mentados créditos eran otorgados a cambio de la asistencia a una masterclass privada de composición musical (dictada en la UCASAL, Universidad Católica de Salta). Dependiendo del pago del alumno se le entregaba un certificado o se le permitía participar de un modo activo en ella: esto equivale a contrabandear la privatización de la educación al seno de la educación pública. A su vez, lo mismo es ya aplicado en el ISMODE, un instituto privado que dicta el Profesorado en Educación Física, que echa mano al mismo mecanismo, pero para fortalecer el carácter confiscatorio de su ya privada educación coaccionando al estudiantado, que debe pagar para asistir a campeonatos y actividades deportivas de diversa índole, en pos de cosechar créditos y dar por satisfechas las demandas de las autoridades allí.
El cumplimiento con las exigencias que el sistema de créditos obliga, constituye un gasto de dinero y una sobrecarga de horas sobre un estudiantado que ya mismo está confiscado y sobrecargado; y que hace malabares para sacar adelante las exigencias académicas de su carrera, en simultáneo con las jornadas laborales para su subsistencia, en un contexto donde las insuficientes y devaluadas becas no le hacen ni cosquillas a la catástrofe económica en curso. Siendo las carreras terciarias los espacios formativos adonde concurre la juventud laboriosa cuyas aspiraciones formativas son incompatibles con el rigor y exigencia del régimen universitario, la derivación obvia de todo este atentado es la profundización de la deserción estudiantil. Sin embargo, no debemos olvidar que quienes pergeñan semejante ataque han dejado expuesta su fragilidad: la crisis que atraviesa al gobierno y al conjunto del régimen político responsables, es un llamado a rebelarnos y a derrotarlos. A ellos y a cada una de las camarillas de rectores y autoridades institucionales que, junto a sus burocracias estudiantiles, se colocan como apéndices de esta política de destrucción de la educación pública al interior de nuestros lugares de estudio. Continuemos el hilo desenvuelto en el transcurso del inmenso proceso huelguístico de la docencia y los trabajadores de la salud, donde, deliberación mediante, nos nucleamos en su apoyo. Pongamos en pie asambleas y autoconvocatorias en nuestros lugares de estudio para confluir en una gran coordinadora estudiantil que eche por tierra esta amenaza a nuestras aspiraciones con la huelga general.
