“Atención Virtual”: una vía muerta de reclamo por el subsidio IFE

Escribe Pablo Fridman

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Con un dilatado cronograma, que se extiende desde el 22 de abril al 20 de mayo, el gobierno anunció la habilitación de una nueva vía de reclamo, la ‘Atención Virtual’, para la revisión de las solicitudes de IFE que fueron rechazadas. Se trata de nada menos que de un universo de cinco millones de personas.

La medida está orientada, en particular, a “evaluar problemas relacionados con la falta de actualización en la base de datos de la Anses” (Infobae, 22/4), en la cual el organismo estatal restringe la instancia de revisión a un cupo diario de hasta 25 mil reclamos, para procesar a través de ‘Atención Virtual’ y en el horario de 8 a 16. Se establece, entonces, un filtro brutal de antemano que deja afuera a 9 de cada 10 solicitantes, ya no del cobro del ‘beneficio’ sino del mecanismo mismo del reclamo individual.

En efecto, de un total de más de 12 millones de inscripciones al 15 de abril -de los que poco más de 2 millones de beneficiarios de AUH y AUE percibieran un cobro automático por el mes de abril-, unos 5 millones (un 50%, descontando el primer sector) supuestamente no reunieron los requisitos exigidos por Anses. Los 500 mil reclamos contemplados en la 'Atención Virtual', que ni siquiera cubren los errores de la base de datos del organismo -alrededor de 600 mil casos reconocidos- exime, por otro lado, de toda revisión a:

  • Cerca de 3 millones de trabajadores que fueron rechazados por registrar ellos mismos, o algún integrante en su ‘grupo familiar’, un trabajo en relación de dependencia, ser monotributistas en categoría C, autónomos y/o percibir un beneficio previsional, indistintamente que el salario y la jubilación mínimos no lleguen a cubrir el costo de la canasta básica familiar;
  • Otro millón de entre los que Anses detecta por grupo familiar más de una solicitud (‘liquidado a titular de grupo familiar’) o por registrar ingresos, gastos o bienes en la AFIP sin importar, en el último caso, que una franja considerable de trabajadores activos cuenta con un vehículo o una propiedad a su nombre, en los que ha empeñado ahorros o por los que se encuentran endeudados;

Los 500 mil casos restantes rechazados nuclean a quienes presentan ‘planes sociales incompatibles’, seguros de desempleo o no reúnen los dos años de residencia legal efectiva, excusa esta última que choca con la realidad de centenares de miles cuya residencia legal consta en el RENAPER, una discriminación deliberada a los extranjeros. Si bien, producto de centenares de denuncias, se ha dado marcha atrás a la incompatibilidad aludida sobre 13 subsidios alimentarios (Ámbito, 16/04), la restricción sigue vigente para los beneficiarios de los planes Hacemos Futuro y Salario Social Complementario, como Plan Hogar (un subsidio a la garrafa de... ¡$200 por mes!).

Los días posteriores al anuncio estuvieron cruzados por la incertidumbre y desesperación por parte de los aspirantes al IFE, en gran parte trabajadores informales y desocupados que habitan las barriadas y villas miseria, ante la ambigüedad de los informes oficiales como por el precario o nulo acceso a la conectividad. El trámite, de prosperar, y en el caso de ser uno de los diez aspirantes cuyos datos figuren erróneos de acuerdo a Anses, continúa teniendo que adjuntar fotos del DNI y debiendo completar engorrosos formularios. El hecho de que se realice de forma digital representa, en muchos hogares, un inconveniente más.

Este proceso de reclamos se desarrollará en el plazo de un mes -una eternidad para trabajadores sin otro ingreso. Los reclamos por vía virtual por un subsidio insuficiente de por sí para paliar la estampida de los precios y la falta de ingresos para una abrumadora mayoría, significa dejar al borde de la inanición a millones de trabajadores.

El desconocimiento de la deuda externa pública, cuyo pago es la piedra angular de la política de Fernández y Guzmán, representa una salida estratégica frente al default que se descarga sobre los trabajadores. Denunciamos e impulsamos el reclamo de todos los trabajadores exceptuados del cobro del Ingreso Familiar de Emergencia.

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