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Mientras la atención está colocada en la conformación del futuro gabinete y las primeras medidas económicas de Javier Milei, que ya ha anunciado un recorte de 15 puntos en gasto público y dos años de estanflación, el gobierno saliente de los Fernández-Massa ha presentado un proyecto de Presupuesto 2024 que implica un ajuste severo en distintas áreas y, particularmente, en educación.
El proyecto prevé una inflación del 70% para el año que viene, una cifra irrisoria y mentirosa que no se condice con la escalada en curso. Durante los últimos años, la subestimación de los niveles de inflación en el presupuesto ha servido para presentar como supuestos “aumentos” lo que en verdad eran ajustes reales en el gasto. En el caso de la educación, en esta oportunidad ni siquiera se han tomado el trabajo de encubrirlo.
Se establece un incremento del 60 % nominal de los recursos destinados al Ministerio de Educación con respecto a 2023. Contra una inflación ficticia del 70 %, esto ya supone un recorte del 10 %. Pero, si como indican las estimaciones privadas, el aumento de precios duplicara o incluso triplicara esa cifra, el ajuste sería sencillamente brutal. El proyecto también plantea una caída en la participación del área educativa en el presupuesto nacional: recibirá un 5,34 % de los recursos, un monto menor al magro 6 % que obtuvo en 2023 (Infobae, 1/12).
Actualmente, la inversión nacional en educación representa alrededor del 25% del presupuesto educativo público; el 75 % restante corresponde a las provincias, que son las encargadas de sostener económicamente la educación primaria y secundaria. En cambio, las universidades públicas dependen por completo del financiamiento nacional: más del 80 % del presupuesto universitario proviene del Estado nacional, a lo que se añaden los famosos “recursos propios”, obtenidos a partir de una creciente privatización (posgrados arancelados, acuerdos con empresas, etc.)
En este cuadro, las universidades y los colegios preuniversitarios nacionales serán los más afectados por el ajuste planteado. Teniendo en cuenta que el grueso del presupuesto universitario se destina al pago de salarios, se torna claro que este recorte será pagado sobre todo por los docentes y no docentes, cuyos ingresos ya se han degradado fuertemente en estos años producto de las paritarias a la baja.
Antes del ballotage, distintos sectores políticos, incluidos los rectores nucleados en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), presentaron el voto a Massa como una “defensa de los derechos” contra la avanzada de Milei. Sin embargo, no ha sido necesario que LLA asuma el poder para que la motosierra empiece a funcionar. El gobierno actual se despide con un mazazo a la educación y, particularmente, a los trabajadores universitarios. Milei tiene previsto profundizar el camino de ajuste y privatización, empezando por la reducción del Ministerio a Secretaría, que quedará a cargo de Horacio Torrendel, oriundo de la educación privada y clerical, y con experiencia en las gestiones de Macri y Larreta en la CABA.
Los estudiantes y los trabajadores de la educación tenemos un gran desafío por delante. La defensa de las universidades nacionales y, en general, de la educación pública, gratuita, laica y de calidad requiere que nos pongamos de pie. Impulsemos charlas y asambleas para debatir y organizarnos. Quebremos la parálisis de las dirigencias sindicales mediante las autoconvocatorias y resolviendo medidas de lucha. Al futuro gobierno no le será sencillo aplicar su agenda antieducativa si nos encuentra movilizados y en acción.
