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La semana pasada se anunció el cierre de una de las plantas de SanCor ubicada en San Guillermo, Santa Fe. Los 30 trabajadores que quedaron en la calle producían 70 mil litros diarios de leche destinados a la elaboración de quesos blandos. La planta estuvo paralizada por falta de materia prima desde el año 2017, hasta junio de este año, donde mediante la firma de un convenio con Aristeo S.A, se comenzó a poner en funcionamiento.
A través de un comunicado, SanCor notificó el cierre de la planta debido a “una medida gremial que está paralizando la actividad productiva y comercial”. Lo concreto es que los trabajadores denuncian que la planta en realidad estaba paralizada nuevamente por la falta de insumos, y no por la medida de fuerza que consiste en una retención de tareas en las seis plantas que han quedado en pie (de las 14 que fueron parte de la conformación de la cooperativa). Los trabajadores vienen soportando un ataque brutal contra sus condiciones de vida desde hace más de seis años, en una clara intención de debilitar y desgastar a los que todavía no arreglaron un retiro “voluntario”. Los trabajadores que quedan sufren un descuento promedio de 25% de sus salarios y la retención de aportes a la jubilación y obra social. El pago, según cada planta, además, se produce en dos o tres cuotas. Muchos de los compañeros denuncian que cobran diez mil pesos por mes, sosteniendo esta situación para no perder el derecho a reclamar una indemnización. A pesar de que esto se viene dando desde hace años, SanCor arremete, en el mismo comunicado, contra las medidas gremiales. "Hoy la capacidad de pago de salarios por parte de la empresa se ve limitada, de manera creciente, como consecuencia de las medidas de fuerza gremiales”. Para finalizar, advierten a la totalidad de los trabajadores de SanCor que resisten con salarios de miseria que "lo único que pueden esperar, en caso de no reanudar las actividades, será la cesación de la producción y que ya no haya trabajo".
En el año 2017, bajo el gobierno de Macri, se reformó el convenio de los trabajadores lácteos. El eje de la reforma fue instalar un régimen de presentismo y asistencia, polifuncionalidad de tareas y contratos parciales por fines de semana. Atilra, en ese momento, se dedicó a realizar asambleas informativas, con la arenga de “aguantar hasta el 2019”. Muchos derechos adquiridos fueron barridos de un plumazo, con la promesa de que esto serviría para rescatar a los trabajadores de SanCor a través de un fideicomiso con empresarios ligados al kirchnerismo, como José Urtubey. Seis años después, SanCor se encuentra al borde del abismo mientras que los trabajadores lácteos oscilan entre la superexplotación y la miseria.
La situación del fideicomiso se encuentra empantanada. El comunicado de SanCor se refiere a esto, acusando al gremio Atilra por utilizar el reclamo de un fideicomiso “sin actividad previa ni capital suficiente” como excusa para llevar adelante las medidas de fuerza. En la misma línea, denuncian que “lo que no puede explicar (Atilra) es por qué avala el plan de los empresarios interesados, que dejaba de lado a cerca de mil empleados del total de la plantilla laboral de SanCor". Este párrafo refiere a un dictamen de la Comisión Nacional de Valores (CNV) donde se detalla que “la firma posee 1.549 empleados. En el supuesto de incorporación de todas las unidades operativas industriales, la cantidad de empleados serían únicamente 650. Por lo tanto, habría un total de trabajadores desafectados de 899”. Esos trabajadores “desafectados” quedarían bajo dependencia de la cooperativa, “mientras el Ministerio de Trabajo arbitra alternativas de subsidios”. A esto, hay que sumarles los 514 trabajadores que acordaron el retiro voluntario anticipado, a quienes se les pagó en cuentagotas una indemnización que terminó devorada por la inflación.
A todo esto, el gremio de Atilra, también lanzó su propio comunicado. En el mismo, denuncian a la empresa “por quedarse con el dinero de las y los trabajadores”. En el mismo sentido, afirman que van a denunciar penalmente a SanCor por evasión fiscal y por incumplir con las disposiciones legales y salariales. Agradecen la “solidaridad de los compañeros lecheros de todo el país”, y notifican que a los trabajadores de SanCor “se les está procediendo a liquidar las sumas apuntadas”. Un comunicado que pinta de cuerpo entero a una burocracia entreguista. Ni una palabra para esas casi mil familias que se quedarían sin trabajo. Pero no solo eso, sino que las medidas de fuerza, como la retención de tareas, son solamente en las plantas de SanCor, sin llevar el conflicto a las diferentes plantas lecheras de todo el país, lo cual demostraría una verdadera solidaridad en defensa de los trabajadores de SanCor. La burocracia sindical de Atilra se apresta a un nuevo “aguantar hasta 2027”, a expensas del salario y de la salud de los trabajadores, rotos por la precarización.
