Rio Negro: una reforma de la ley de Tierras y del Código Minero, a la medida de los monopolios

Escribe Elena Florín

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Una vez más, la Legislatura provincial se apresta a modificar, en un trámite exprés, leyes preexistentes que protegen al medio ambiente, en beneficio de los pulpos petroleros y mineros, como ya había ocurrido con el levantamiento de la veda a la actividad hidrocarburífera en el golfo de San Matías.

Esta vez se trata de las leyes 279 de Tierras, a la ley 4.941 (Código de procedimientos mineros), la 3.900 (Regalías Mineras) y la 4.738 (creación del COPEAM-Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera). Este paquete se aprobó el 17 de noviembre en primera vuelta y el 7 de diciembre está previsto darle sanción definitiva. Los legisladores que concluyen su mandato le hacen el trabajo sucio al próximo gobierno: el 8 asumen las nuevas autoridades.

La reforma de la ley de tierras agrega la actividad minera a las actividades pastoril, agrícola y forestal que hasta ahora contemplaba la norma para el acceso a tierras fiscales. La reforma amplía la denominación a tierras fiscales rurales. En suma, son cinco millones de hectáreas de tierras fiscales las que están en juego. Significa que, a partir de ahora, se podrá rematar territorios fiscales para uso de las empresas mineras. Muchas de esas tierras están habitadas por familias mapuche y pequeños agricultores. La ley 29785 vigente otorga el derecho a una “consulta previa, libre e informada” a las comunidades originarias cuando sus derechos colectivos estén afectados. No sólo no se realizó ninguna consulta: en lugar de ello, serán desalojados. La COPEAM, por otra parte, pasará a perder la prerrogativa del veto sobre los emprendimientos mineros.

Las empresas favorecidas con estas reformas tienen nombre y apellido: son Calcatreu -oro y plata-, Amarillo Grande -uranio-, la incipiente extracción de Litio, la producción de Hidrógeno Verde y las exploraciones petroleras cerca de Vaca Muerta.

La Meseta de Somuncurá, que es la reserva más grande de la provincia y la segunda más grande del país después de los Esteros del Iberá, fue incluida en las negociaciones con la empresa australiana Fortescue, a la que se le concedieron 625.000 hectáreas para instalar parques eólicos para la producción de Hidrógeno Verde.

Por otra parte, la reforma de la ley de Regalías consiste en que la Provincia se quedará con el 75 % y los Municipios y Comisiones de Fomento con el 25 %, a condición de que no pretendan imponer otros gravámenes a las mineras. Los intendentes no se han pronunciado al respecto.

Estas reformas claramente favorecen la “reconversión productiva” que tanto impulsaron los gobiernos de Juntos Somos Rio Negro, acompañados por todo el arco político que integró el Gran Acuerdo Rionegrino, donde estuvo el kirchnerismo representado por Martin Doñate. La “reconversión productiva” reemplaza la tradicional producción de manzanas y peras por cianuro, fracking y contaminación.

La massista Flavia Royón, Secretaria de Energía del gobierno de los Fernández, asumirá en la próxima Secretaria de Minería del gobierno Milei. Ambos gobiernos tienen en común la defensa de los intereses de los pulpos mineros.

Las asambleas ambientalistas provinciales, las comunidades originarias y el activismo en general se movilizarán el 5, 6 y 7 de diciembre a Viedma contra esta reforma y en reclamo por el agua y la tierra.

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