Tiempo de lectura: 2 minutos
La legislatura de Río Negro aprobó con premura la modificación de la ley 3308 que protege al Golfo San Matías de toda actividad petrolera. La norma prohibía expresamente en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos, para el transporte de hidrocarburos y sus derivados,y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos.
La modificación se debe a que YPF volvió a presentar un proyecto de construcción de un oleoducto que podrá transportar 360.000 barriles de petróleo e incierta cantidad de gas por día, desde Vaca Muerta hasta Punta Colorada, un puerto de 250 hectáreas en el Golfo San Matías. Implicaría una inversión de 1.260 millones de dólares.
Ya en 1995, YPF, en proceso de privatización, había propuesto un proyecto similar para el transporte de hidrocarburos de producción rionegrina. Las cifras en barriles eran menores y el puerto para exportarlos era San Antonio Este. La movilización popular lanzó la campaña Golfo Azul-Golfo Negro e YPF retiró el proyecto. En 1999, Repsol compró el 17% de las acciones que aún eran del Estado y, simultáneamente, se promulgó la ley Lasalle, que lleva el número 3308/99, que ahora ha sido modificada. Esa modificación requiere de una segunda votación para que tenga fuerza de ley y consiste en otorgarle al gobierno rionegrino la ampliación de facultades sobre el transporte de combustibles líquidos y/o gaseosos por ductos. Exactamente lo demandado por los pulpos petroleros.
El nuevo oleoducto, en su recorrido de 545 kilómetros, usaría el territorio de otro oleoducto, Oldelval, Oleoducto del Valle, con participación de Pampa Energía, de los Mindlin, que transporta hidrocarburos de la cuenca neuquina al Puerto Rosales en Bahía Blanca. Por otra parte, el nuevo puerto de Punta Colorada en el Golfo San Matías sería declarado zona franca.
La reacción de la población no se hizo esperar. Se lanzó la campaña “Defendamos nuestro Golfo, la 3308 no se toca”. El rechazo se sostiene en que la actividad petrolera implica inexorablemente derrames y, en consecuencia, contaminación. En 1991 un derrame en la península de Valdés produjo un desastre ambiental y en 2008, en Caleta Córdoba, hubo otro derrame que implicó la muerte de la vida marítima (peces, plancton, etcétera) por cientos de kilómetros, afectando la producción local pesquera. Se plantea el antagonismo entre la pesca y el petróleo. El golfo San Matías tiene dos actividades productivas: la pesca y el turismo. El oleoducto y el puerto afectarían a ambas. Las áreas protegidas del lugar son irrespetadas por el proyecto.
Se teme que las grandes tormentas patagónicas, cada vez más frecuentes por el cambio climático, produzcan daños sobre los oleoductos y derrames por cualquier lado. El pasivo ambiental que genera la industria petrolera es enorme y nunca es compensado por las empresas. Mientras la declaración de la Cumbre Climática plantea que hay que bajar el consumo mundial de hidrocarburos para el 2030, al mismo tiempo se invierten 1.260 millones de dólares en este proyecto. Muestra la futilidad de esas reuniones internacionales. El proyecto de Hidrógeno Verde, presentado desmedidamente por los gobiernos provincial y nacional como la transición energética, duerme el sueño de los justos.
Llamamos a conformar asambleas, a tomar conciencia del daño ambiental que se generaría con este proyecto que enriquecería a los grandes intereses capitalistas,en estos momentos de crisis mundial que han convertido al gas y al petróleo en botines de guerra.
