Política Obrera ante la transición democrática (Parte III)

En 1979 la disgregación del frente militar era cada vez más pronunciada. En el segundo aniversario del golpe, el gobierno militar había anunciado que “las Fuerzas Armadas se encuentran elaborando las bases políticas que permitirán a la Nación transitar el camino de la democracia”. Un año después, sin embargo, el planteo se encontraba en un impasse. Los mandos militares sostenían que seguían tratando de “compatibilizar los puntos de vista encontrados”.

El conflicto más estridente era el que enfrentaba a Massera con Videla. Pero no era el único. En septiembre se produjo el levantamiento de una fracción del Ejército comandada por Luciano Benjamín Menéndez. La de Menéndez era una reacción al impasse de la dictadura, con el fin de endurecer aún más la política del régimen. En sus propias palabras, denunciaba que no se había erradicado “definitivamente la subversión”, por lo que el régimen estaba cayendo en la “confusión, desaliento y pérdida de confianza”.

El diario La Nación (8 de julio) sostenía en un editorial que “esa conciencia (de la dictadura) en cuanto a que el inmovilismo es, políticamente, una sepultura, es la que... determina algunos de los movimientos realizados en estos días por el gobierno militar”, en referencia a la multiplicación de los contactos entre militares de diversas fuerzas y dirigentes de los partidos políticos 'democráticos'. Se trataba de una maniobra reaccionaria de salvataje que los 'liberales' e izquierdistas calificaban como algo progresivo. La burocracia sindical se aprestaba al “diálogo”.

Por otra parte, el fracaso para lograr una reactivación de la economía era notorio. Debido al aumento de la carestía, se produjeron grandes huelgas en la industria automotriz de Córdoba, en grandes fábricas del Gran Buenos Aires (en Alpargatas, en Santa Rosa, en Galileo), un paro parcial se produjo el 27 de abril, un paro ferroviario el 22 de mayo, una huelga de Textil Oeste y muchas otras (la gran mayoría triunfantes). Eran movimientos de base a los que la burocracia sindical daba la espalda. Las luchas obreras empalmaban con un creciente descontento de las clases medias por la recesión económica.

Las presiones nacionales e internacionales contra la dictadura eran cada vez mayores. Particularmente, la situación latinoamericana era desfavorable para la dictadura a partir de la caída de Somoza. El imperialismo comenzó a presionar en todo el continente para acelerar las 'institucionalizaciones' de los regímenes militares. Sólo las dictaduras argentina y chilena no habían definido aún su plan de salida. La visita de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) a Buenos Aires, fruto de un acuerdo entre el presidente Carter y Videla, tenía como objetivo presionar para que se acelere este plan “institucionalizador”.

Hacia finales de 1979 la dictadura hizo públicas las “Bases políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional”, un documento consensuado en un compromiso de las tres fuerzas. Su objetivo, según decía, era “asegurar la posterior instauración de una democracia republicana, representativa y federal adecuada a la realidad y exigencia de evolución y progreso del pueblo argentino”. Por otra parte, las “bases” otorgaban a las FFAA un papel de árbitro general de la situación en el futuro régimen, con poder de veto y de censura. Finalmente, la dictadura planteaba permanecer en el poder al menos hasta 1987. La publicación de las “bases” fueron un revés para las fuerzas 'democráticas' y para la izquierda democratizante.

El año 1980 se inició con la convocatoria al “diálogo político”, como llamó la prensa de aquella época a la serie de reuniones de la dictadura con las distintas fracciones de los partidos 'democráticos' para coordinar la transición, en la cual Videla aseguró que habría de “transitar un largo camino”. Todas las fuerzas 'democráticas' aceptaron participar del diálogo con la dictadura. Junio de 1980: más de 20 “interlocutores” desfilaron por el Ministerio del Interior. El “diálogo” no representaba en sí una novedad, más que en un aspecto formal. Los partidos que concurrieron al diálogo en 1980 eran los mismos que habían dialogado con la Secretaría General de la Presidencia desde 1976 en adelante. Su interlocutor más importante siguió siendo el radicalismo, seguido de sectores del peronismo y distintos partidos provinciales. El Partido Comunista, por su parte, dio a conocer una “Propuesta a la Nación”, para conformar un gobierno cívico-militar de transición. Política Obrera sostenía por entonces que había que rechazar las ilusiones en el “diálogo” con la dictadura y que había que “aprovechar el empuje que provocará la crisis para poner en pie de lucha a las organizaciones de masas, sindicatos y centros de estudiantes".

1980: “primer acto de una crisis política”

En este cuadro tuvo lugar una quiebra financiera, que se expresó en una devaluación de la moneda. Política Obrera caracterizó que expresaba el “primer acto de una crisis política”. En el lapso de pocos días quebraron la segunda financiera del país (Promosur) y el tercer banco (BIR). A esto le siguió una cadena de quiebras de empresas de primer orden y el hundimiento de economías regionales enteras. Era el colapso del plan Martínez de Hoz, que se expresaba en una disparada de la inflación, crisis industrial, fuga de capitales y aumento exponencial de la deuda. La crisis hizo estallar las disputas entre las distintas fracciones de la burguesía y de las Fuerzas Armadas. Una ola de pronunciamientos de casi todas las cámaras empresarias contra la política del gobierno, junto a la creciente fuga de capitales, ponía en evidencia la ruptura de la burguesía con Martínez de Hoz.

Los partidos 'democráticos' se esforzaron por no hacer olas. Balbín, de la UCR, apenas llegó a referirse al tema diciendo que “ha sido una mala nota”. “Para la burguesía se impone la necesidad de una alteración del rumbo”, aseguraba Política Obrera (26/07/80). La burocracia sindical, por su parte, intentaba encauzar el descontento obrero con paros aislados. Los reclamos de los movimientos de derechos humanos y libertades democráticas experimentaban un gran crecimiento y un apoyo general. El gobierno se veía amenazado por todas partes. El imperialismo aumentaba la presión para una pronta “institucionalización”. Dentro de las FFAA, por otra parte, el sector de los “duros” temía que cualquier apertura significara una demostración de retirada de la dictadura.

La caracterización de Política Obrera era que, desde el comienzo, “los militares dejaron en claro su intención de fundar una 'nueva República', un nuevo ordenamiento histórico del Estado burgués; es decir, reflotaban la vieja problemática sin solución de la burguesía argentina de cómo instaurar un Estado 'fuerte' capaz de enfrentar y regimentar a las masas y superar la crisis económica y política crónicas”. El Consejo Empresario Argentino apoyaba esa orientación y sostenía que “sólo después que se hayan sentado las bases para la reorganización política de la Nación y procedido a la renovación, tanto estructural cuanto de protagonistas en el ámbito de las entidades partidarias, será posible que un adecuado gradualismo venga a reconstruir las instituciones”. Pero el desenvolvimiento de esta crisis volteó, primero, el plan de la dictadura de perpetuarse en el poder por otra década y, segundo, el plan de “transición-continuista” con las Fuerzas Armadas institucionalizadas con árbitros del régimen democrático.

Política Obrera caracterizaba que “la crisis económica sin solución que ha repercutido en una disgregación de la base burguesa de la dictadura; el ascenso de masas a nivel latinoamericano y mundial y la marcha de la 'institucionalización' de las dictaduras del continente están convirtiendo en anacrónica a la dictadura argentina, la última en instalarse; y el acrecentamiento de la resistencia de la clase obrera que no pudo ser aplastada con el golpe, al que se suma una creciente tendencia a la radicalización antidictatorial de la clase media (como se evidencia en el crecimiento de las movilizaciones democráticas por los presos), son los factores que mantienen empantanados al gobierno y que llevan implícita la amenaza de una creciente disgregación para las Fuerzas Armadas. Esta situación de impasse es la que ha dividido a los milicos desde sus inicios es entre 'duros' y mal llamados 'blandos' o videlistas, con toda una serie de matices intermedios. Los 'duros' no ven otra salida a la situación que provocar un aplastamiento aún mayor y total del movimiento obrero y de sus conquistas para sentar las bases de un 'Estado fuerte'. Pero esta tendencia ya ha sido superada por la lucha de clases. Significaría de hecho aplicar un nuevo golpe de estado contra las masas, en condiciones internacionales desfavorables y con la burguesía dividida. Es un planteo anacrónico, por eso fracasó el golpe de Menéndez” (“Se acelera la descomposición política de la dictadura”, Política Obrera).

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Política Obrera ante la transición democrática (Parte II) 40 años del retorno a la democracia. Por El Be, 12/12/2023.