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Las movilizaciones contra la dictadura adquirieron un carácter de masas. En diciembre de 1982, se realizó un gran paro general. Días después, unos 150.000 manifestantes colmaron la Plaza de Mayo. La Multipartidaria, que había convocado la marcha, trató de evitar sin éxito que ésta se dirigiera a la Casa Rosada y luego maniobró para acelerar su dispersión. Luego de que la dictadura desatara una represión contra las columnas, los dirigentes de la 'Multi' aseguraron que los “disturbios” fueron provocados por extremistas de “ambos signos”.
Las jornadas de diciembre del 82 habían sepultado la capacidad de la Junta Militar para imponer un continuismo. Los partidos burgueses concurrieron entonces a Olivos para “dialogar”, o sea acordar el aspecto “instrumental” de la “institucionalización” y establecer un cronograma electoral. Política Obrera explicó que “desde el momento en que la cuestión 'instrumental' significa convalidar la permanencia del gobierno militar por otro año, el apoyo al 'cronograma' convierte a los partidos patronales en cómplices de la dictadura y de su política”. (Prensa Obrera, “Contubernio de la Multipartidaria con la Junta Militar”). La 'Multi' salió de la reunión esgrimiendo como carta de triunfo que las elecciones se realizarían sin proscripciones, desconociendo que seguía la censura, la represión militar y miles de exiliados políticos.
La crisis económica llegaba al paroxismo y la dictadura apenas podía mantenerse en pie. Las movilizaciones eran masivas y se desarrollaban en todo el movimiento obrero paros y acciones de lucha por sus demandas. Política Obrera preguntaba “¿Por qué no cae?” la dictadura, y se respondía: “si, a pesar de la enorme crisis, la dictadura sigue en pie, ello se debe a la coalición de hecho, informal, porosa, invisible pero omnipresente, entre el gobierno y la Multi, junto con la burocracia sindical. Se trata, por cierto, de un equilibrio inestable”.
El ascenso de Alfonsín
Ante una crisis inminente, el gobierno reclamó el urgente socorro de la Miltipartidaria. Pero la 'Multi' se encontraba paralizada y dividida.
En este cuadro de situación emerge la figura de Raúl Alfonsín. Prensa Obrera explicó que “sin ostentar la representación de la dirección de su partido, sin ser invitado a pronunciarse, Alfonsín (….) viene a romper la indecisión de la Multipartidaria y a proclamar bien en alto que hay que llegar a un acuerdo con el régimen militar (“Alfonsín se sacó la careta”, Prensa Obrera N° 3, 14/01/83).
Raúl Alfonsín era el jefe de la fracción Renovación y Cambio de la UCR. Desde 1980 se encontró entre los interlocutores del “diálogo” convocado por la Junta Militar. Pero fue la guerra de Malvinas la que catapultó su liderazgo. Luego de un apoyo inicial a la aventura, pegó un vuelco para alinearse con la postura de Estados Unidos: en mayo, antes del desembarco de las tropas inglesas en las islas, se inclinó por la sustitución de la Junta Militar por un gobierno de “unidad nacional” que firmara el retiro de las tropas argentinas de las islas.
En el informe de situación política presentado al III Congreso de Política Obrera, realizado en la clandestinidad en diciembre 1982, se sostenía que “Alfonsín fue catapultado por el imperialismo, en oportunidad de la guerra de las Malvinas, cuando se lanzó a una campaña para el reemplazo inmediato del régimen militar. Con esto se colocó como un elemento dispuesto a insertar el proceso ‘democratizante’ en una renegociación con el imperialismo yanqui” (“Se realizó el III Congreso de Política Obrera”, Política Obrera Nº 335, 28/12/82).
Un artículo posterior retomará este análisis, argumentando que “Alfonsín ha logrado convertirse en el representante 'popular' del imperialismo porque fue el primer político burgués que vio que, a partir de Malvinas, había que tirarse a fondo contra la camarilla militar, ya que ésta había perdido la confianza del amo extranjero. (...) Ante el conjunto de las Fuerzas Armadas, Alfonsín se presenta como el hombre capaz de hacer una depuración política con suficiente respaldo internacional, de manera de levantar la hipoteca que pesa sobre el conjunto de la institución militar por lo de Malvinas y los desaparecidos. La 'audacia' de Alfonsín le ha servido para embaucar a una innumerable cantidad de izquierdistas y demócratas, lo que le ha permitido valorizarse ante el imperialismo como candidato popular. Esos izquierdistas y demócratas, por su lado, no han comprendido que la 'depuración' de Alfonsín es un salvavidas tendido al conjunto del aparato represivo y un sustituto de la investigación y castigo que reclama el país. Aún más importante, no se ha comprendido el contenido económico-social del alfonsinismo, quien se presenta como el ejecutor nacional del programa del FMI y de la banca -con quienes, ni por asomo, ha planteado romper” (“Prensa Obrera N° 25, 21/07/83).
En el informe del III Congreso, además, se agregaba que “es evidente que (Alfonsín) cuenta con un gran apoyo financiero, que le permite realizar una campaña muy costosa. Por los ‘equipos económicos’ que lo rodean se puede ver claramente su vinculación con la burguesía industrial y con el gran capital bancario con intereses en la exportación industrial”. Por otra parte, “el fenómeno alfonsinista es un intento relativamente audaz de explotar la declinación del peronismo y su aguda división interna. Se daría la posibilidad inédita de una derrota electoral del peronismo”, porque también “puede canalizar electoralmente a la pequeña burguesía y a una buena parte del proletariado”. El informe concluía que “sería simplemente un crimen agotar la caracterización del alfonsinismo como una corriente democratizante en la forma, y ocultar su carácter proimperialista en el contenido”.
A fines de marzo del 83, Alfonsín daría una entrevista periodística donde demostró, con números en la mano, que al menos la cuarta parte de la deuda externa era fraudulenta. Pero, detrás de esta 'denuncia' se preocupó por dejar bien en claro que, aún así, había que pagarla íntegramente. Dos meses después, el dirigente radical denunciaba lo que llamó el “pacto militar-sindical”; es decir, la tentativa del peronismo y de la burocracia sindical de llegar a una amnistía para los genocidas de la dictadura. El Partido Obrero respondió que “por más que se tiren con cascotes, Alfonsín y Lorenzo (Miguel) no representan más que las variantes de un mismo y gran pacto: el pacto del conjunto de los partidos patronales y de los burócratas sindicales con el régimen militar. Por otra parte, agregaba, “los Alfonsín y los Miguel, así como sus emisarios, se pasean por Europa y los Estados Unidos, en giras políticas cuya esencia es ésta: garantizar al imperialismo la intangibilidad de sus intereses económicos, así como de los compromisos diplomáticos fundamentales anudados por la dictadura” (“La política patronal en descomposición”, Prensa Obrera N° 15, 06/05/83).
A mediados de año, la dictadura acordó que la elección presidencial se realizaría de manera indirecta, en el Colegio Electoral. Prensa Obrera denunció: “con excepción del balbinismo histórico (Pugliese), el resto de los radicales (Alfonsín, De La Rua) y otros políticos derechistas declararon que podrían no votar por el candidato que estuviera en primer lugar y que podrían armar coaliciones para birlarle el triunfo en el colegio electoral. La ley electoral muestra cuál era la carta del alfonsinismo cuando se largó contra el pacto sindical-militar: poder jugar su propia candidatura por medio del colegio electoral”. Toda la cuestión del colegio electoral debía permitir al imperialismo, justamente, lograr una transacción a favor del candidato que mejor pueda emprender esa depuración y cumplir con las exigencias de la banca” (“Los rumores de golpe son espuma”, Prensa Obrera N° 23, 07/07/83).
Alfonsín se empeñó en una frenética retórica 'izquierdista' durante las internas que debían definir el candidato de cada partido. Prensa Obrera advertía que “cuando un candidato patronal actúa con estos procedimientos quiere decir que no teme ser atacado por 'rojo' por los medios de difusión del gran capital y del Estado. Señal de que su 'izquierdismo' es puramente electoral y fachada”. Entre sus propuestas de campaña, el dirigente radical habló de una “ley de defensa de la democracia”, para sustituir el estado de sitio previsto en la Constitución por una ley antiterrorista. El Partido Obrero señaló que “Alfonsín pretende hacer creer que la dictadura eliminó a unas 30.000 personas (…) por defectos de la legislación. Se olvida que Balbín pedía aplastar la 'guerrilla fabril' y que se dio todo el apoyo a las intervenciones fascistas a las provincias y universidades bajo el gobierno anterior” (Prensa Obrera N° 20, 16/06/83). PO explicará también que “el dirigente radical necesita dar una imagen antimilitarista y de izquierda y, más aún, embaucar para esa causa a muchos antimilitaristas e izquierdistas” (“La demagogia alfonsinista”, Prensa Obrera N° 21, 23/06/83).
Finalmente, mientras que en las elecciones de la interna peronista se impuso la candidatura de Ítalo Luder, Alfonsín se alzó con el triunfo de la interna radical, imponiéndose sobre la fracción balbinista. Prensa Obrera lo calificó entonces como “el candidato democrático de imperialismo”.
La izquierda
El Partido Obrero se había lanzado a una intensísima campaña de afiliaciones para conquistar su personería electoral. En un lapso de tiempo breve, obtuvo 57.200 afiliaciones, poco más de las necesarias para poder legalizarse. En su prensa sostuvo que “no nos cansaremos de repetir que cuando se logra una *perfomance *de este tipo es porque está reunidos dos elementos: un planteo correcto que los trabajadores toman como propio, y una militancia de elevada calidad. La conquista del reconocimiento legal en todo el país habrá de permitirnos estar presentes en todas las fases de la confrontación de ideas y de programas que caracteriza al presente período político. Por sobre todas las cosas, la legalidad ha de ser uno de los instrumentos que deben permitirnos el reagrupamiento político de la clase obrera como clase frente a las otras clases de la sociedad y, particularmente, frente a los explotadores” (“Misión cumplida: ahora una nueva etapa”, Prensa Obrera N° 10, 25/03/83).
A principios de septiembre, el PO sostendrá que “la posibilidad de un frente político-electoral ente el MAS y el PARTIDO OBRERO se ha convertido en un hecho de carácter objetivo. Esto quiere decir que se presenta como una tendencia de la propia realidad política, y no sólo como la opinión de éste o aquél sobre la convergencias o divergencias entre nuestros partidos”. Entre los factores para esta situación objetiva, el PO mencionaba “la necesidad de oponer candidaturas obreras y clasistas a las candidaturas burguesas proimperialistas -necesidad que en lugar de debilitarse se ha reforzado con la decisión del PC y de las organizaciones socialistas de votar al peronismo” (“A la dirección, congresales, afiliados y simpatizantes del MAS”, Prensa Obrera N° 30, 05/09/83).
A pesar de la campaña de pronunciamientos de luchadores y activistas obreros que llevó adelante el PO, el MAS tenía otra perspectiva. En un volante que sacaron por aquella fecha, sostenían que “el MAS convoca, IGUAL QUE PERÓN EN 1946, a formar un partido que lucha por (SIC) los trabajadores”. El frente MAS-PO finalmente no se concretó. El PO explicó que el frente “no tuvo lugar por el empecinamiento del MAS en querer monopolizar las candidaturas del frente y dejar al PO en calidad de apoyo de los candidatos del MAS. (….). La tozudez por imponer sus candidaturas con carácter exclusivo delata la condición electoralista del MAS, interesada por encima de todo por conquistar alguna banca parlamentaria y peor aun, conseguir esa banca sin compromisos políticos de ningún carácter” (Prensa Obrera N° 32, 22/09/83). El PO se presentó finalmente con las candidaturas de Gregorio Flores y Cata Guanini, mientras que el MAS lo hizo con las de Luis Zamora y Silvia Díaz.
Autoamnistía
Poco antes de dejar el poder, la dictadura dictó una serie de leyes reaccionarias. Además de firmar un contrato de entrega del país a la banca imperialista, despachó luego una ley de autoamnistía y una ley contra la sedición que institucionalizaba el secuestro, la tortura y la violación de todas las garantías ciudadanas. En el caso de la ley de amnistía la dictadura fue tan lejos como se podía ir en la materia. Se garantizaba la impunidad de cualquier crimen ejecutado al servicio del régimen y se impedía la liberación de cualquier preso, incluso de los que no tenían proceso o de los que ya habían sido absueltos. Se dio un plazo de 48 horas para que los jueces que tenían a su cargo la investigación de secuestros pasen el expediente a la cámara, que debería archivarlos sin más trámites. La ley "antisediciosa", por otra parte, autorizaba a retener ciudadanos incomunicados por más de diez días, allanar sin autorización judicial, violar teléfonos, correspondencia y domicilio.
“La dictadura, decía Prensa Obrera, no ha buscado congraciarse con ningún sector opositor y ha presentado la ley más reaccionaria de todas las variantes que se le habían sugerido”. Frente a esto, denunciaba que “la sanción de estas leyes ha sido posible porque los llamados partidos democráticos han pactado con la dictadura en lugar de luchar para echarla. El régimen militar ha dictado esta legislación en su momento de mayor debilidad, pero lo ha hecho gracias a la burocracia sindical que frena la huelga general y a los políticos burgueses que se niegan a echar a la dictadura y a permitir que haya elecciones en un clima de libertad, sin estado de sitio, sin presos ni exiliados. Los verdaderos responsables de todo esto son los políticos burgueses democratizantes”.
La ley de autoamnistía era la frutilla del postre de la 'institucionalización' pactada entre las fuerzas 'democráticas' y la dictadura. “Los ‘demócraras’, decía PO, salieron a pronunciarse contra esta ley, pero la crítica de estos partidos a la ley de amnistía consiste básicamente en lo siguiente: los militares no se pueden autoperdonar, la amnistía es resorte del Congreso. Se deja traslucir muy claramente que se considera inviable una ley tan alevosa, pero que ellos se encargarán de otra más potable. Por eso todas las críticas burguesas son pura hipocresía. Es evidente que en el futuro se pretenderá dictar una ley de amnistía y presentarla favorablemente en contraste con la actual. Lo mismo ocurrirá con la ley antisediciosa, como lo demuestra que Alfonsín ya anunció su ley antiterrorista” (“Abajo la 'amnistía'”, Prensa Obrera N° 33, 29/09/83). Se anticipaba, de esta manera, lo que luego serían las leyes de impunidad del alfonsinismo.
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