Fallo oscurantista: el procurador Barra le da la razón al doctor Barra

La Procuración General de la Nación reconoció a la ONG cordobesa Portal de Belén y a un grupo que encabeza la actual ministra de Educación salteña, María Cristina Fiore Viñuales, la capacidad para cuestionar ante la Justicia la constitucionalidad de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Tanto el Portal de Belén como Fiore Viñuales dicen actuar “en representación de fetos” (sic). O sea, apelan a la imposible voz de un conjunto de células para avasallar el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo. No es casual que apelen a la “palabra de los fetos”: arrogarse la defensa de los fetos ha sido una vía efectiva para controlar los úteros de las mujeres.

Los amparos presentados por el Portal de Belén y Fiore Viñuales afirman que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo “produce una gravísima violación a los derechos fundamentales de la persona concebida”. Lo mismo hicieron otro medio centenar de ONG e individuos desde la aprobación de la IVE, pero a todos (menos estos) se les desconoció la capacidad de litigar. Este fallo sienta el precedente de que cualquier particular puede litigar para exigir la inconstitucionalidad de una ley, aunque no esté afectado concretamente.

El fallo de la Procuración ocurre a días de que Rodolfo Barra, un antisemita del Opus Dei, asumió como procurador General de la Nación. La situación es escandalosa no solo porque Barra es un reconocido enemigo del derecho a decidir de las mujeres -intentó incluir una prohibición explícita del aborto en la Constitución del 94- sino porque es el abogado de la causa que encabeza Fiore Viñuales. A la vez, como procurador, es el jefe de los fiscales que deberían defender los intereses del Estado ante cualquier demanda.

La abogada feminista Soledad Deza planteó la nulidad por semejante conflicto de intereses y denunció que “este dictamen, donde Barra es patrocinante y a la vez jefe de abogados del Estado, es una prueba de la subordinación de la Procuración General a los clientes del Procurador del Tesoro”.

Deza pide la nulidad de todo lo actuado porque no existe una víctima - ¿los fetos?- que alegue que fue afectada por un aborto. “La judicialización conservadora tiene ese objetivo porque sabe que quien controla la vida del feto, controla también nuestras vidas”, objetó.

Portal de Belén es una ONG clerical que viene litigando desde hace más de dos décadas contra las conquistas del movimiento de mujeres y de los grupos de la disidencia sexual. Intentó prohibir la distribución gratuita de anticonceptivos, el DIU y la venta de la anticoncepción de emergencia (píldora del día después) y misoprostol, el acceso a la IVE.

En 2012, el Portal de Belén logró que la Justicia cordobesa suspendiera por 7 años el protocolo de abortos no punibles con una cautelar que exigía que se examinara su constitucionalidad. Esto significó que niñas embarazadas fueron obligadas a ser madres o tuvieron que ser sacadas subrepticiamente de la provincia para impedirlo.

El embate de la Procuración forma parte de la tónica general de un gobierno que ha prometido anular el derecho al aborto apenas pueda por boca del mismo Javier Milei, que ha infectado de militantes antiabortistas todos los estamentos vinculados a Desarrollo Social, Salud y Educación.

Mario Russo, el actual ministro de Salud de la Nación, tuvo a su cargo el área de Salud en los municipios de San Miguel y Morón. Durante su gestión el personal sanitario en El Palomar tenía indicación de denunciar a quienes llegaban con sospecha de aborto.

Pablo de la Torre, secretario de Desarrollo Social, fue responsable de Salud y de Infancia y Familia del partido de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. Se jacta de haber vetado cualquier aborto en el distrito, también conocido por la protección judicial y policial de abusadores y golpeadores. Y por su extendida red de prostíbulos.

Finalmente, la secretaria de Educación quedó a cargo de Carlos Torrendell, un agente de la Pontificia Universidad Católica, enemigo confeso de la ESI, del derecho al aborto y de la educación laica.

El ataque masivo del gobierno a los derechos de las y los trabajadores incluyen los ataques a los derechos del movimiento de mujeres, de las personas LGTB y de la juventud. Son política de Estado.

Del mismo modo, la defensa del derecho al aborto, a la ESI, etc., en ningún caso debe ser sectorial sino estar incluida, ser parte, del programa de lucha de los movimientos autoconvocados. El movimiento de mujeres debe cerrar filas con los trabajadores.