Cómo abordamos esta crisis de poder excepcional

La entrada en vigencia del DNU 70/23 el día de mañana y el envío a extraordinarias del proyecto de ley Ómnibus ponen en jaque a todo el régimen político.

La vigencia del DNU ocurrirá como consecuencia de la flagrante omisión del Congreso que ni siquiera ha intentado constituir la Bicameral que trata de esos decretos, a pesar de la representación ínfima del gobierno ‘libertario’ en el parlamento. La aprobación tácita de los DNU fue establecida por el gobierno de Néstor Kirchner y la mayoría parlamentaria constituida por el Frente para la Victoria y la UCR. La extensión de los proyectos de ley del DNU 70 –compuesto de 364 artículos– convierten al sistema político en un régimen de poder personal.

El proyecto de ley ómnibus refuerza este carácter de poder personal, porque solicita al Congreso la transferencia de los poderes legislativos al Ejecutivo por dos años, con la posibilidad de extenderlo a cuatro años, o sea a la totalidad del mandato presidencial. Este proyecto, que debe tratarse en un mes aborda toda la legislación relevante de Argentina, incluídos los Códigos Civil y Penal. En su lista de privatizaciones de empresas públicas incluye al Banco Nación, a YPF y a Arsat. Con el banco Provincia, el Nación es el más relevante para la financiación de la burguesía local tomada en su conjunto. YPF es la compañía con mayor potencial de capitalización del país; Arsat es la proveedora de satélites –el mayor logro tecnológico nacional. El proyecto ómnibus –más de 660 artículos– altera la organización económica de Argentina.

Entre sus normas figura el pasaje del Fondo de Sustentabilidad de ANSES al Tesoro, lo cual significa, de un lado, la venta del patrimonio de acciones en empresas privadas del Fondo –en especial en Techint – y la confiscación de su elevada tenencia de deuda pública; su efecto inmediato es elevar la cotización de los títulos de deuda pública en circulación. Se trata de un ataque frontal al sistema previsional, que sufre al mismo tiempo la suspensión del ajuste de las prestaciones jubilatorias en un escenario hiperinflacionario. El mamotreto enviado a Diputados altera la ley de administración financiera, que impone, en su versión actual, la obligación de obtener una ventaja para el Tesoro nacional en los casos de reestucturaciones de deuda, como precisamente intentará hacer Milei. Es una delicia para los acreedores nacionales e internacionales.

En función de este cambio en la administración financiera, el gobierno anunció la emisión de un bono de “deuda perpetua”, con el propósito de pagar en forma integral la indemnización reclamada por un fondo buitre, en la justicia de Nueva York, por la estatización parcial de YPF en 2015. La factura es de 16 mil millones de dólares y el resarcimiento tiene lugar cuando ese fondo había anunciado la disposición a reducir esa deuda en un 80% debido a la evidencia de que Argentina no tenía condiciones para pagarla con un saldo negativo de reservas internacionales. El aval del Congreso a semejante operación podría reservar a quienes estén dispuestos a votarlo un largo período de cárcel en el futuro por estafa al Estado. Este escenario político-financiero demuestra que Argentina ha pasado a ser gobernada por lobbys capitalistas, nacionales e internacionales, que han instalado a sus funcionarios en las reparticiones estatales. Esto vale desde BlackRock, la Corporación América o Techint, hasta lo massistas Vila-Manzano y la familia Caputo, que han transferido su apoyo del viejo al nuevo gobierno.

Un aspecto aparentemente menor del proyecto “Bases para la recuperación de la libertad en Argentina”, descripto en su introducción, es que, a diferencia de la Constitución Nacional, reserva la libertad para los habitantes del país, y no “para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”. Es un proyecto de discriminación social contra la inmigración, esto en un país despoblado. A diferencia de Alberdi, para quien “gobernar es poblar”, para Milei es lo contrario. Alberdi, por cierto, llegó tarde, poque para ese entonces la tierra en Argentina estaba, a diferencia de Estados Unidos, repartida entre grandes latifundistas. El mismo propósito tiene Milei, cuyo propósito es licitar la Patagonia, el norte argentino, la cordillera y los humedales.

El objetivo explícito del proyecto enviado al Congreso es instaurar un Estado policial, con la prohibición de manifestación, anulación del derecho de huelga en la totalidad de servicios e industria y el derecho al gatillo fácil ejemplificado en el caso Chocobar. A Milei-Bullrich se le habían adelantado el gobernador de Salta y el ex gobernador de Jujuy. En la cabeza de los autores, al menos, el escenario de Argentina sería de guerra civil –efectiva o potencial. Los acompañantes de Milei, Bullrich, Sturzenegger y otros, ya han sido derrocados en dos oportunidades, bajo De la Rua y bajo Macri; la tercera es la vencida.

La reacción a este golpe de Estado de parte de los bloques opositores del Congreso en condiciones de ratificar el DNU 70 y aprobar el engendro ómnibus, ha sido de connivencia. Han salido en fila india a pontificar acerca de los “aspectos positivos o novedosos” de esos mamotretos, lo mismo que los progrmas de La Nación+ y TN. Rodrigo de Loredo, el jefe de la bancada de la UCR, admitió incluso que la cesión de facultades legislativas al Ejecutivo podría extenderse a 2027. Como escribió ácidamente un columnista destacado de La Nación, “Milei ofrece a la oposición una llave para cerrar desde adentro las puertas del Congreso”. En efecto, Milei ha diseñado un conflicto de poderes para el caso de que no se ratifique el DNU y no se apruebe el 90% del proyecto ómnibus. Se trata de una extorsión política, que apunta a poner al Parlamento del lado de ‘la subversión’. Con una inflación que, a partir de enero, se convertirá en 1.5/2.0% diaria, el rechazo al planteo totalizante y totalitario del Ejecutivo podría reproducir un diciembre de 2001, pero con participación fundamental de la clase obrera. La polarización definida en estos términos ha llevado a Miguel Pichetto, ex kirchnerista y ex macrista, a romper con Juntos por el Cambio, para no avalar el cambio de régimen político que pretende Milei. Es el sector de la burguesía que advierte contra el aventurerismo de los libertarios, capaz de poner al régimen político en un callejón sin salida. El progresismo criollo se ha dividido también en los mismos términos, a partir de quienes entienden que hay que reivindicar las ‘cosas positivas’ del proyecto libertario para evitar una confrontación social y política en las calles y lugares de trabajo. Un protagonista oculto en estos eventos es la embajada norteamericana, el sionismo y el FMI, que buscarán a toda costa una fórmula de arreglo para salvar al gobierno de Milei.

La respuesta de la burocracia de los sindicatos es un espejo del de la burguesía parlamentaria. Connivencia. Eso fue el paseo de los Tribunales y el acatamiento a la normativa represiva de Bullrich. Ahora, el Comité Central Confederal de la CGT se ha comprometido a un paro nacional para el 24 de enero –un largo mes por delante, en vacaciones (cuando las patronales pueden vaciar las fábricas), pero por sobre todo cuando debe finalizar el período de sesiones extraordinarias del Congreso. O sea, con la expectativa de tener un panorama político resuelto. Claro que, en el medio, lo que ocurra en el Congreso y en las góndolas de los supermercados puede sacudir toda la estantería social y política. La línea seguidista del FIT-U hacia la burocracia cegetista, plasmada en que diseñe y dirija un plan de lucha y un paro, ha quedado en el pantano.

La posición de la directiva cegetista no fue desafiada o cuestionada en el Confederal, en contradicción con las resoluciones previas de algunos sindicatos de que irían a una huelga general contra la anulación del derecho de huelga. En enero se reunirán también algunas paritarias, en las que se deberá dirimir el golpe de la hiperinflación en los salarios y en los ajustes periódicos de los salarios.

Con esta caracterización de conjunto de una enorme crisis de poder, la tarea de los luchadores será la de dar forma organizada y política a la manifestación de descontento popular hasta convertirla en “trend topic” entre los trabajadores. La crisis en desarrollo abarcará un período político. Por eso es necesaria una intensa preparación política, incluídos los métodos de lucha contra la represión y el Estado policial.

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