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La CGT ha acordado esta semana, junto con la Unión industrial argentina (UIA) y el gobierno, un avance en las suspensiones. El DNU que decía prohibirilas tenía una cláusula tramposa que las autorizaba en tanto contaran con el acuerdo de la burocracia sindical. La información que difunden los medios hablan de un descuento del 25%, mientras informan por separado que el estado cubrirá la mitad del salario neto total. No advierten que esos salarios se encuentran devaluados por inflación en un 50%, de modo que la falta de un ajuste a los precios y la postergación de las paritarias licúan y algo más el 12% que las patronales son obligadas a pagar. La cosa llega al escándalo cuando se sabe, por disposiciones anteriores, que la parte patronal dejará de pagar los aportes previsionales. En síntesis, lo que se presenta como un pago del 75%, constituye un beneficio neto de una suma de dinero importante. Asistimos a una confiscación salarial indirecta, constituida por la inflación, el aporte del estado a los salarios (que pagan los trabajadores con impuestos) y la suspensión de contribuciones patronales de una enorme magnitud. Por aquello de que las salidas de emergencia sobreviven por larguísimo tiempo al momento en que fueron dictadas, las patronales han obtenido una conquista enorme de cara a futuro de las relaciones laborales. Entran en este cuadro confiscatorio los créditos del estado a tasa cero, que no se devolverán nunca, esto de acuerdo a la pŕactica criolla.
Son 300 mil los trabajadores que según el informe del Centro de Economía y Política Argentina (CEPA) hn sufrido reducciones hasta la semana pasada, sumando un total de 1,2 millones - a los que debemos añadir los informales y tercerizados, actualmente desvinculados de sus puestos o sin percibir ningún ingreso en absoluto.
El acuerdo coloca a la clase obrera argentina en una situación de miseria total, en medio de una crisis sanitaria. En el caso de la UOM, el sueldo inicial que para febrero de este año quedaba en 29 mil pesos -la mitad de la canasta familiar-, hoy se ve doblemente golpeado. Cuando se deberían estar discutiendo paritarias y aumentos salariales, la CGT avanza en el sentido contrario. Al declarar una cuarentena obligatoria a industrias y trabajadores, el estado asume la responsabillidad política y jurídica de asegurar la condiciones de vida de los trabajadores que son forzados a no trabajar. No puede poner un signo igual entre ellos y las patronales, incluidas las grandes patronales. Para estas debería crear un fondo patronal y capitalista que reúna las ganancias de todos los capitales que mueven sus empresas en la cuarentena y proceder a un reparto de estos beneficios entre la clase capitalista. Para eso debe intervenir en el funcionamiento de las unidades económicas del país, convirtiéndos en el directorio de ellas. La contradicción entre el carácter capitalista de la organización social del país, por un lado, que privilegia el poder del capital, y las necesidades que genera la pandemia a la mayoría trabajadora de la sociedad, debe resuelta a favor de esta última, lo que deja planteada la lucha por el socialismo. En lugar de esto, el estado y el gobierno capitalistas se encuentran negociando con el capital financiero cómo hacer sustentable la deuda pública en beneficio del sector parasitario del capital por excelencia.
El pacto anti obrero se produce cuando en los últimos diez días los trabajadores de distintos gremios han comenzado a moviizarse contra la organización capitalista de la cuarentena y contra las exigencias del capital de levantar las restricciones a diversas industrias. Es el caso del paro de los trabajadores de las APPs, del gremio de la carne - con su conflicto en el Penta y el ex frigorífico federal - y la ocupación en Bedtime ante el intento de reducción al 50% de los sueldos, entre otros.
Contra toda reducción salarial y por la cuarentena para preservar la salud de los trabajadores tenemos que imponer una deliberación en todos los sectores de la clase obrera, que siga adelante en la resistencia contra la política patronal y la entrega de la burocracia, en defensa de las condiciones laborales, por paritarias y protocolos en la producción esencial discutidos por los propios trabajadores.
Impulsemos coordinadoras fabriles y sindicales contra las suspensiones y despidos, por paritarias, y por un plan obrero de combate a la pandemia.
